Encubrimiento y omisión en el 14/11

La recuperación de la carretera en Trujillo ocasionó tres muertes. La represión a las movilizaciones ciudadanas de noviembre en Lima dos. Las investigaciones iniciadas por la muerte de Jorge Muñoz, el 3 de diciembre en Chao, víctima de un disparo de pistola, han permitido identificar un probable autor del disparo, el suboficial Hoyos Agip. Una fotografía tomada por Iván Orbegozo ha permitido hacer lo propio en el caso de las dos muertes del día 30, atribuidas al suboficial Bueno Alva. En ambos casos los hechos revelan el uso de pistolas fáciles de identificar que fueron expresamente prohibidas por la propia Policía antes de la recuperación de la carretera. Había entonces órdenes que no fueron obedecidas. Así las cosas en ambos casos parecen mostrar eventos de responsabilidad individual; dos agentes de la Policía sin conexión entre sí emplean armas prohibidas y disparan sobre personas a las que no había por qué matar.

Al otro lado, las investigaciones sobre la represión de las protestas de noviembre en Lima parecen enfrentar riesgos distintos. Más allá de la buena disposición que muestra la Fiscalía, Ronald Gamarra, que defiende a los deudos de una de las víctimas, ha denunciado públicamente el riesgo de que las investigaciones se empantanen. Los sucesos de Lima no corresponden, como los de Trujillo, al comportamiento individual de agentes que pierden el control y disparan sus armas. Las evidencias halladas en los cuerpos de los manifestantes revelan el uso de municiones de plomo y vidrio en un contexto en el que no ha habido nada semejante a una lluvia de piedras empleada como ataque. Y el evento fue televisado y registrado en video por suficiente tiempo para hacer obligatorio a los mandos interrumpir la represión, evitar que ocurra lo que estaba pasando ante nuestros ojos.

A pesar de las evidencias, la Policía se empeña en negar el uso de las municiones halladas. Y en el relato de Ronald se aprecia una Fiscalía que, con la mejor intención, parece buscar las evidencias de un caso perfecto en los archivos en los que esas evidencias no están o quizá jamás estuvieron. Eso como tratar de saber qué había dentro de las cajas que los subordinados del fiscal Chávarry retiraron de las ofi cinas lacradas por el fiscal Pérez en enero de 2019. Enorme esfuerzo inútil.

Las municiones de plomo y vidrio existen; los videos muestran un ataque frontal de la Policía a los manifestantes; los testimonios recogidos permiten reconstruir las circunstancias en que se perpetraron los disparos y el intento de secuestrar los restos de las municiones extraídas de los cuerpos de los manifestantes. Parece imposible identificar de qué escopeta salió qué proyectil; dónde se almacenaban esas municiones antes de los hechos, quién autorizó que se les emplee y porqué. Se trata de elementos que ni siquiera estaban registrados en los arsenales formales de la Policía. Pero fueron usados. Las evidencias de su presencia están ahí, el intento por eliminarlas también, la omisión perpetrada al no detener el operativo está y no existe una teoría que explique su presencia distinta a la de una decisión de respaldar los hechos y encubrir a los autores directos.

Enorme paradoja. La negación intenta dejar las cosas en la bruma. Pero la negación es precisamente la evidencia que permite, haciendo la diferencia con los sucesos de Trujillo, organizar un caso sobre la responsabilidad de los superiores a cargo del operativo sin necesidad de identificar a los perpetradores directos de los crímenes cometidos.

A veces el caso perfecto no es el que completa todos los requisitos del manual. A veces el caso perfecto es el posible, el que logra presentarse ante los tribunales a tiempo para dejarnos sentir que la justicia aún puede alcanzarse.

Publicado en La Repíublica el 10 de enero de 2021.

Las barricadas

La pregunta por resolver ha sido formulada sobre las tomas de carreteras. La cuestión es si pueden o no ser reconocidas como una manifestación del derecho a la protesta, establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al otro extremo la pregunta supone establecer si las tomas de carreteras, las que hemos visto desplegarse en la Panamericana Sur y la Norte en diciembre, deben ser consideradas y sancionadas como un delito o no, considerando que el Código Penal, en términos literales, sanciona la obstrucción de toda vía pública sin más diferencias. 

 Tal vez la complejidad de la pregunta provenga de un error en su formulación. Tomar una carretera puede ser algo semejante a tomar una vía de alto tránsito, en tanto implique concentrarse en ella o desplazarse por ella. Tal vez las cosas sean más claras si nos concentramos en algo que los sucesos de diciembre incorporaron y no tuvieron los de noviembre: la construcción de barricadas. 

 Por mi parte no encuentro que los colectivos tengan derecho a instalar barricadas en las carreteras. Reconocer un tipo de actividad como ejercicio de un derecho importa establecer el deber de las entidades del Estado de proteger su desenvolvimiento. Creo que los manifestantes que se reúnen a protestar en una plaza pública y se concentran o desplazan por calles adyacentes o incluso por las carreteras deben ser protegidos por las autoridades. Pero no encuentro manera de pretender que se proteja barricadas o se impida a la policía desmontarlas si puede intervenir en ellas a tiempo y con el mínimo de violencia física posible. Por eso no encuentro que tenga sentido tratar las tomas de carreteras, por sí mismas, como delitos. Las tomas de carreteras o de vías públicas son el punto de explosión de procesos de marginación institucional sostenidos por demasiado tiempo con el aval del Estado. Entonces las responsabilidades por el origen del evento deben reconocerse como compartidas. A partir de este reconocimiento, el discurso de la criminalización debería ser excluido del debate. O instalado en el uso de dispositivos prohibidos. Porque está más que claro que el derecho a la protesta no incluye el uso de armas, el ataque a la propiedad privada o pública y tampoco la instalación de barricadas. 

 Las protestas necesitan protocolos que incluyan límites. Remoción de las barricadas en un plazo determinado cuando la policía llega tarde y no pueda desmontarlas sin violencia; espacios de circulación de ambulancias y de protección para personas vulnerables; treguas para desentrampar la circulación por la vía; protocolos para que los manifestantes mismos reconozcan en su verdadero significado y eviten desbordes vandálicos; mesas de negociación que hagan visibles a los dirigentes de la protesta cuando ello sea posible; procedimientos de generación de representaciones espontáneas allí donde nos las haya establecidas; reflejos inteligentes y símbolos de respeto y reconocimiento. En fin, un lenguaje nuevo de relación que reconozca que la política ha salido de los pasillos del Congreso para instalarse en el mapa de conflictos sociales que ensamblan la Defensoría del Pueblo y la PCM. 

 La quema de una ambulancia en la Panamericana Sur, absurda e innecesaria, justifica notar que las protestas sobre carreteras, por definición, pueden incluir niveles mayores de riesgo que las protestas urbanas. Pero por eso es imprescindible impregnar de responsabilidad las manifestaciones. No es posible exigir el cumplimiento de deberes a quienes no reconocemos al mismo tiempo como sujetos de derechos. 

 Quienes han sido marginados por demasiado tiempo se impregnan también de la exclusión a la que los redujimos. Por eso el proceso será largo. Sin embargo solo puede ser completado si decidimos iniciarlo.

Publicado en La República el 27 de diciembre de 2020.

Cuando el error se convierte en un estorbo

El gobierno del presidente Sagasti se inauguró con una promesa sobre el modo de manejar las secuelas de las marchas del 14 de noviembre. Mañana habrá pasado un mes desde entonces. Y hasta ahora el gobierno no ha avanzado ni siquiera en la indemnización a las víctimas y a los heridos. No encuentro explicación a esto. Si encuentro sencillo describir, no explicar, por qué el gobierno no ha podido avanzar en investigaciones que, por lo que le toca, solo requieren una rápida confirmación pública de tres cosas básicas: de dónde salieron los proyectiles de canicas y plomo que se lanzaron sobre el cuerpo de las víctimas; quién autorizó que se portaran y quién ordenó disparar.

El gobierno se entrampó a sí mismo con la destitución impulsiva de 18 generales de la policía. Había que publicar a tiempo el nombre de quienes determinaron que el 14 de noviembre tuviera la forma específica que tuvo. Había que separarlos; no ofrecerle la absurda coartada de esconderse detrás de un colectivo purgado sin fundamentos objetivos.

La purga se ha convertido en un estorbo. Nos ha impedido generar un nuevo protocolo de actuación de la policía frente a manifestaciones. El derecho a la protesta está definido o está en pleno proceso de definición al menos. Impulsado su reconocimiento por las marchas del 14 de noviembre, deberíamos estar modificando ahora mismo los códigos de referencia con los que se organiza la reacción de la policía cuando un grupo organizado o un colectivo espontáneo se lanza a las calles o a las plazas o a las vías para hacerse escuchar.

Los protocolos aplicables a estos casos deberían abandonar ya el eje de la contención y el ataque para pasar a definirse sobre un perfil de protección a las personas que protestan. Basta una comunicación pública previa para hacer explícitos los límites que no deben transgredirse en una marcha o en una concentración pública o al interrumpir una autopista. Basta con publicar los procedimientos que deben respetarse para contener el bloqueo a ambulancias o la exposición de niños y mujeres embarazadas o personas vulnerables a situaciones de peligro.  Basta con marcar plazos y treguas obligatorias.

No es complejo. Pasa solo que la purga nos estorba. La purga ha vuelto el proceso de construcción de la memoria de noviembre de este año un asunto confrontacional, no dialógico. Bastaba un gesto público; algo como lo que hizo la policía de Florida con ocasión de las movilizaciones por la muerte de George Floyd: hincarse de una rodilla ante todas y todos. Tendríamos que haber forjado un espacio que permita a los manifestantes de nueva generación y a la policía encontrarse, reconciliarse. Pero en lugar de eso la purga ha abierto el espacio por el que transitan cosas como el ataque al mural pintado en homenaje a Bryan e Inti y el atrevimiento de siete congresistas, liderados por Merino, que pretendieron poco menos que vetar la exposición de fotografías de las protestas abierta esta semana en el LUM.

Son demasiadas las voces que han dejado en claro que la remoción de la mayoría de los 18 generales purgados no ha tenido sentido. La lista de purgados no refleja una acción arreglada a facilitar las acciones de investigación sobre lo ocurrido el 14 de noviembre. Simplemente no tiene sentido.

Pero siempre está el reconocimiento como opción. La mejor manera de enfrentar un error es aceptarlo en su entidad. Disculparse, pedir perdón, hacerse responsable; los formatos son variados. En cualquiera de ellos se trata de asumir el peso que se genera cuando el error se convierte en un estorbo.

El presidente nos ha dicho que no le tiembla la mano cuando escribe, cuando acaricia ni cuando golpea.

Espero que tampoco le tiemble ahora, cuando le toca reconocer que se está equivocando.

Publicado en La República el 13 de diciembre de 2020.

Antes de seguirnos destrozando

Escribo esta nota lamentando la confrontación que ha estallado entre este diario y la fiscalía especial que dirige Rafael Vela. La disputa se ha organizado alrededor de una versión sobre el comportamiento de la fiscalía en el caso Vizcarra que afirma que al menos uno de los delatores del caso Vizcarra habría sido inducido a declarar contra él por la propia fiscalía. Además la propia fiscalía habría filtrado a la prensa copias de las declaraciones contra Vizcarra con el propósito de provocar su vacancia y precipitar la imposición de Merino como presidente de la República. 

Hay muchas cosas por discutir aquí. Estimo que el caso Vizcarra no debe depender de las versiones de los delatores, sino de las evidencias que haya reunido ya y aún pueda obtener la fiscalía. Las evidencias no pueden ser inducidas; existen o no existen; se obtienen o no se obtienen, eso es todo. Sobre la cuestión de las filtraciones, he notado ya hasta qué punto es imprescindible que las fiscalías comiencen a usar procedimientos de apertura equilibrada de información a los medios basados en vocerías y ruedas de prensa que eliminen la sombra de dudas que se levanta cada vez que aparecen en los medios fotocopias de documentos de investigaciones penales reservadas (LR, 30/10/2020).  

Pero el asunto más importante a revisar proviene de la teoría sobre la conspiración contra Vizcarra. Imagino fácilmente a Merino conspirando. Pero no imagino a los fiscales Juárez ni Vela en medio de esa conspiración. Creo que una teoría así de concluyente, que si llegara a confirmarse descalificaría permanentemente a dos de los mejores fiscales del medio, requiere el apoyo de evidencias confiables e indiscutibles. Al momento de escribir estas líneas, debo decirlo, no veo evidencias que reúnan estas características.  

Encuentro en cambio imposible dejar de notar que somos nosotros mismos, como comunidad (me incluyo e incluyo a la propia fiscalía en esto), quienes hemos abierto el espacio que permite que teorías como la de la conspiración contra Vizcarra, basadas en impresiones legítimas pero puramente circunstanciales, adquieran ribetes categóricos o concluyentes y generen consecuencias drásticas sin controles estrictos sobre sus fundamentos.  

Digo esto porque encuentro en la teoría de la conspiración contra Vizcarra una estructura narrativa muy semejante a la que las propias fiscalías están usando para sostener que Fuerza Popular debe ser suspendida como si fuera una organización criminal constituida únicamente para lavar activos. Pero además encuentro una narrativa muy semejante en las disputas que hace poco pusieron en cuestión la cohesión de las fiscalías encargadas del caso de los llamados “Cuellos Blancos”. También la encuentro en los intercambios públicos que marcaron la contienda por las competencias fiscales para dirigir el caso Vizcarra. Y la encuentro en el anuncio de una posible querella de las fiscalías contra LR.  

Estamos usando esta manera de organizar nuestros discursos desde más de un lado y en más de una dirección. Admitimos con una condescendencia que ahora lamento teorías inclementes lanzadas contra otros y otras antes de haber confirmado la solidez de lo que estamos diciendo o de haber considerado con cuidado las consecuencias de decirlo.  

Debemos abandonar esta manera de agredirnos. Esta forma de tratar asuntos que requieren más calma ha mostrado ya ser por completo ineficiente. Nos está dividiendo en dos o en más pedazos. Nos está dejando incapacitados para encontrar soluciones equilibradas a problemas que merecen ser tomados bastante más en serio.  

Tenemos que salir de esta espiral, porque esta espiral nos está devorando. Salir sin un atisbo de impunidad. Pero salir; no quedarnos atrapados en esta enorme caja de disputas.

Publicado en La República el 29 de noviembre de 2020.

Demanda competencial en el TC

Entrevista en Canal N, el 19 de noviembre de 2020

 

Rutas de salida

En las calles se etiquetó la instalación del gobierno de Merino como un golpe de Estado. Hasta anoche la referencia apelaba a la forma en que el proceso iniciado el día lunes representaba una ruptura. Hoy expresa la indignación que producen al menos dos asesinatos perpetrados a mansalva. 

Esta crisis, hasta el cierre de estas líneas, nos viene costando ya dos muertes. Dos jóvenes asesinados por la absurda insistencia con que se ha intentado contener una protesta legítima contra una imposición absurda. Perpetradas estas dos muertes la única ruta admisible de salida de esta crisis es la renuncia inmediata de Merino y de los ministros de este gabinete.  

De todos. Porque Merino no debe gobernar.  

Hasta anoche pensaba que debíamos dirigir la protesta hacia el Congreso, para impulsar la negación de la confianza al gabinete de Florez Araoz. Cierro esta versión de mis comentarios a media noche, comenzando el día 15. Y en este momento pierde absolutamente todo sentido cualquier cosa distinta a que Merino y el gabinete en pleno se vayan de inmediato. Ahora la fiscalía debe iniciar una investigación penal dirigida a establecer quien autorizó que se use en la represión de estas movilizaciones armas letales, quien no lo evitó, quien quiso no enterarse.  

Ahora se trata de establecer la responsabilidad que resulta de al menos dos asesinatos.  

Esto ya no es solo una cuestión de arbitrariedades. Es una cuestión referida a la perpetración de crímenes de violencia física directa.  

La tarea, además de la fiscalía, está entonces en el Congreso. El señor Merino debe renunciar y su gabinete completo también. Los crímenes perpetrados deben ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Y nadie debe reemplazar a los ministros de Merino hasta que Merino se vaya, para luego responder por lo que ha hecho o dejado hacer.  

El Congreso debe reemplazar de inmediato a la mesa directiva y elegir una segunda mesa que quede lista para establecer, en un procedimiento abierto ante todas y todos, quien ocupará la presidencia de la república. Todas las bancadas deben declarar que no concederán la confianza a nadie a quien Merino pretenda presentar como ministro. La Fiscalía de la Nación debe abrir investigación contra él por los asesinatos cometidos aunque deba suspenderla, en tanto se pretende presidente. Luego, cuando el Tribunal Constitucional resuelva que su posición como presidente fue producto de una forma inaceptable de usar las reglas sobre vacancia, y podría hacerlo esta semana, la fiscalía podrá levantar la suspensión para proceder contra él directamente. Porque lo que ha hecho o dejado hacer no lo hizo como congresista, y tampoco como presidente legítimo.  

Mañana en el Congreso debemos tener otra mesa directiva. Una organizada atendiendo a las demandas de la ciudadanía, de electoras y electores, a los que se supone que el Congreso representa. La nueva o el nuevo presidente del Congreso debe asumir la presidencia de la república en cuanto Merino renuncie. El nuevo gabinete debe ocupar ese espacio moral que el actual ni siquiera rozó. De modo que debe ser ensamblado de una manera enteramente distinta.  

El proceso constitucional sobre el significado de la incapacidad moral permanente sigue ocupando en este proceso una importante función. Lo que está en discusión allí es el alcance de una regla imprecisa que se empleó en la imposición de Merino como presidente. Hoy queda absolutamente claro que el Tribunal debe aceptar que la interpretación de esta confusa fórmula no puede justificar cosas como las que comenzaron el lunes que pasó.  

El equilibrio se obtiene si el Congreso hace lo que nunca debió dejar de hacer: Estructurar una salida política negociada en condiciones socialmente aceptables.  

Comencemos. No tenemos tiempo que perder.

Publicado en La República el 15 de noviembre de 2015.

Primicias y respaldos

En su última contribución titulada “Cuando de los fiscales depende tanto” (Ideele 294), Luis Pásara pone la mirada sobre la considerable cantidad de tiempo durante el que determinadas fiscalías retienen en sus manos casos que deberían ser expuestos a un juicio. Claro, un juicio siempre puede perderse o ganarse. Entonces, deliberada o no, la retención de casos en investigaciones inacabables crea una falsa imagen de influencia o poder que puede estar alterando el sentido de las cosas.

Pásara se detiene especialmente en dos casos: Pérez Miranda (41 meses en prisión sin acusación) y Martín Belaunde (60 meses). En ambos el retraso ha intentado ser cubierto por prisiones preventivas como falso reemplazo de verdaderas condenas. Un sustituto tan malo, por cierto, que termina desvaneciéndose en el tiempo. Pero 60 o 41 meses en prisión no son poco tiempo, si pueden alcanzar a personas que merecen ser protegidas institucionalmente.

La disfunción detrás del reemplazo es innegable. El deber del Ministerio Público supone presentar acusaciones, no legitimar su actividad en base a las estadísticas sobre prisiones preventivas y listados de casos que subsisten solo porque permanecen en las fiscalías. El reemplazo del que hablamos afecta la medición de resultados de una entidad que, es preciso no olvidarlo, tiene a su cargo la administración de un recurso tan sensible como la persecución del delito.

De hecho una distorsión como esta debería ser controlada y bloqueada por el judicial. Pero Pásara observa que para contener ese potencial bloqueo algunas fiscalías estarían acudiendo a los medios. Y lo estarían haciendo no en un formato abierto basado en conferencias de prensa y vocerías oficiales, sino en uno que él reconoce como basado en simples y puras filtraciones dirigidas y acaso respaldadas por alguna especie de canje; “primicias contra respaldos”. Como Pásara lo ve, ese canje persigue tejer corrientes de opinión que cerquen a la judicatura, que debería atajar estas prácticas. El resultado es el adelgazamiento del espacio por el que estos procedimientos podrían, y en muchos casos deberían, ser controlados por el judicial.

Creo que el judicial no debería permitirse el lujo de ser cercado de esta manera. No tiene sentido que lo permita. Es innegable que más de una vez ha roto el cerco. Lo hizo cuando, más allá de cualquier preferencia, revocó las detenciones preliminares del caso Swing. Pero la distancia de criterio que exhibió en ese caso no parece representar una tendencia dominante. El judicial debería distanciarse más de las fiscalías, porque en estos asuntos la unanimidad es sospechosa. Un judicial que acepta demasiadas veces los pedidos que le hace la fiscalía, en principio, podría no estar agregando a estos procesos el valor que ofrecen el balance y el control de la persecución penal basados en derechos.

Pásara tiene razón cuando observa que estamos tolerando colectivamente una práctica de filtraciones de hechos bajo investigación oficial como si fuera neutra en sus resultados. No lo es. Es más bien una distorsión cuyas consecuencias deberíamos comenzar a revisar seriamente. La información sobre investigaciones oficiales constituye un bien público que no debe ser asignado en atención a preferencias subjetivas. En las prácticas oficiales existen además una serie de procedimientos, como las ruedas de prensa, que permiten que una oficina pública abra su información al mismo tiempo a medios que representan distintas tendencias y que sin duda difundirán las cosas desde enfoques distintos.

Que la información salga al público no es el problema. El problema está en la carga subjetiva que impregna el formato de estas filtraciones que estamos tolerando.

Demasiado importante para pasarlo simplemente por alto.

Publicado en La República, el primero de noviembre de 2020.

Diversas maneras de huir

Estamos empujando a los delatados a encubrirse, a escabullirse, a corromper a alguien, a negarlo todo obtusamente o incluso a escapar. Todas diversas maneras de huir

Odebrecht fue intervenida cuando el volumen de los activos que lavaba se hizo visible para los radares financieros de los EEUU y Suiza. Pedro Pablo Kuczynski perdió la presidencia por no transparentar a tiempo la cartera de negocios privados que ahora alimenta las investigaciones en su contra. El presidente Vizcarra ha tratado de ocultar la influencia que parece haber desplegado para que un amigo suyo obtenga remuneraciones del Estado, y parece ahora esforzarse por ocultar las relaciones que mantuvo con Obrainsa, una constructora con la que se vinculó antes de ser jefe del gobierno de Moquegua.

Aún considerando diferencias, no deja de ser sugestivo mirar estas historias en conjunto. Todas ellas se han movido en espacios marcados por la penumbra. Pero un importante sector de esa penumbra se ha resquebrajado recientemente. En diciembre de 2016 las autoridades norteamericanas, las suizas y las brasileñas anunciaron que elegían conceder a una empresa corrupta, Odebrecht, y a sus ejecutivos, inmunidades que le permitan contar la trama de los sobornos que pagaron. Sobre esa base las baterías de la justicia se han enfilado sobre los políticos y los oficiales de gobierno a los que lograron corromper. Habría sido posible elegir el camino inverso: ofrecer las mismas inmunidades a políticos y oficiales de gobierno. Pero la oferta fue recibida por la empresa y sus ejecutivos. Y fue replicada en el hemisferio, muy especialmente en el Perú, en la misma dirección.

Ahora el dispositivo está instalado y permite a quienes estaban a uno de los lados de la mesa, los ejecutivos, postular a clemencia con base en delaciones. A partir de allí nuevas delaciones expanden los alcances del sistema en direcciones aún imprevisibles. Mientras, quienes quedaron al otro lado de la mesa están fuera del juego. Oscilan entre apostar a que el paso del tiempo, eventualmente, mejore sus condiciones para litigar o se concentran en un esfuerzo torpe por recuperar la penumbra.

No hay una narrativa que proteja a los delatados. Piensen en el señor Chávarry involucrándose en el deslacrado de las oficinas intervenidas por el fiscal Pérez, en los sobornos pagados por el señor Hinostroza para escapar, en las influencias que buscaba el exgobernador Villanueva cuando fue detenido o en las dos últimas escenas del presidente Vizcarra en los casos Swing y Obrainsa.

La torpeza convertida en una práctica recurrente.

Pero de otro lado, ¿qué deberíamos esperar de quienes quedan arrinconados por estas delaciones? ¿Qué esperen pacientemente sus castigos?

Los procedimientos de delación suponen que habrá un grupo de delatados cuyo castigo no podrá negociarse. Jamás un jefe terrorista o genocida. Podemos por cierto discutir la extensión de esta lista. Pero ¿no hay acaso delatados que podrían recibir alguna forma de clemencia disminuida? ¿No tendría acaso más sentido que el sistema abra válvulas que permitan que algunos de ellos simplemente se rindan y cumplan un castigo menos intolerable pero efectivo a cambio de aceptar lo que han hecho públicamente?

Al otro lado de la delación debería haber un espacio para el reconocimiento de la propia culpabilidad.

Encuentro imprescindible establecer estímulos que permitan a quien sea capaz de hacerlo abandonar toda negación y reconocer en público lo que ha hecho. Como colectivo, necesitamos comenzar a cerrar esta historia. Y no lo vamos a lograr si mantenemos el enorme desequilibrio que representa tener procedimientos, demasiados procedimientos, que premian la delación sin ofrecer válvulas que equilibren las cosas de manea razonable.

Estamos empujando a los delatados a encubrirse, a escabullirse, a corromper a alguien, a negarlo todo obtusamente o incluso a escapar.

Todas diversas maneras de huir.

Publicado en La República, el 19 de octubre de 2020

Obrainsa

Entrevista en Radio Santa Rosa, el 22 de octubre de 2020

Entrevista en Radio Santa Rosa, el 22 de octubre de 2020

Entrevista en RPP, el 21 de octubre de 2020

Entrevista en RTV, el 18 de octubre de 2020

Entrevista enCanal N, el 18 de octubre de 2020

Entrevista en Panamericana, el 13 de octubre de 2020

Entrevista en RPP, el 12 de octubre de 2020

Inhabilitados

Para desfacer entuertos

El juego de los espejos

 

Caso Cisneros

 Entrevista en IDL sobre el Caso Cisneros, el 23 de setiembre del 2020