Casación en el caso de Keiko Fujimori

En Canal N, el 10 de julio de 2019

En Ideele Radio, el 8 de julio de 2019

En RPP, el 5 de julio de 2019

En Canal N, el 5 de julio de 2019

Reforma judicial

En A pensar más, el 26 de junio de 2019

En RPP, el 25 de junio de 2019

Caso Toledo

Entrevista en Canal N, el 17 de junio de 2019

Caso Chávarry

Entrevista en Canal N, el 27 de noviembre de 2019

Entrevista en Canal N, el 22 de agosto de 2019

Entrevista en RPP, el 28 de mayo de 2019

Entrevista en No hay derecho, el 7 de junio de 2019

Entrevista publicada en Peru 21, el 28 de mayo de 2019

"El Ejecutivo tiene un rol importante"

¿Qué opina de que Vizcarra sea el líder para dirigir estos cambios?

Importante su designación porque es una restitución al lenguaje original de la propuesta señalada por el presidente en su discurso de julio de 2018. Y tiene sentido porque estas reformas desarrollan políticas públicas y el Ejecutivo tiene un papel predominante en estas materias. Además, marca un punto de inflexión en una crisis planteada por el entrampamiento institucional del que no hemos salido, que se ha tragado la reforma política.

Habiendo otras entidades especializadas en justicia, como la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿qué interpretación le podemos dar a que esta reforma esté a cargo del Ejecutivo?

Mantengamos la diferencia. Este es un espacio de discusión de políticas públicas y el eje principal es la definición de presupuestos operativos. Si bien el PJ y el MP tienen autonomías propias, el Ejecutivo tiene un rol muy importante que dar sobre estas políticas.

¿Se podría crear un conflicto como el que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo?

No debería haber más choques. Se debería dar un salto hacia adelante. Esta es una segunda oportunidad para discutir políticas públicas necesarias en la justicia.

¿Qué temas deberían desarrollar en las reformas?

Se requiere otro tipo de debate en el que se considere la reestructuración de la Academia de la Magistratura, así como una academia autónoma e independiente para fiscales. Aumentar la vigilancia sobre jueces y fiscales también. Asimismo, se debe hacer una discusión seria sobre la forma de redefinir la relación entre la ciudadanía y la justicia. 

Final de historia

Interrogatorio a Jorge Barata

Entrevista en Canal N, el 22 de Abril de 2019

El silencio del suicidio

LA MUERTE DEL EX PRESIDENTE ALAN GARCÍA

Los tribunales no siempre son los espacios apropiados para construir la memoria del pasado reciente. Para que ellos funcionen se requiere la presencia física de aquel o aquella persona a quien se acusa. Enorme limitación. Los tribunales no nos sirven cuando debemos cerrar de alguna manera la historia de alguien que decide suicidarse.

El que se quita la vida en medio de acusaciones, de pedidos de prisión, escapa a toda confrontación. Esto es innegable. 

El suicidio en casos que están marcados por el riesgo de un juicio, representa una fuga irreversible. Pero además, el que elige hacer esto impone el dolor de sus deudos como un muro, un obstáculo destinado a contener la rabia de quienes encontraban justo llevarle ante los tribunales. El suicidio condena a la familia del que escapa a convertirse en un objeto que impide discutir el sentido de la fuga en su exacta dimensión. Como si fueran un escaparate lanzado al piso en el tracto de la huida. Imposible discutir los fundamentos de un castigo que deviene en imposible con un hijo, una hija, un padre, una madre o una pareja que intentan organizar sus propios duelos.

Jamás debemos atacar a los que quedan en reemplazo de aquel que ha provocado su propia ausencia.

Y sin embargo aquel que decide suicidarse se impone un castigo. El peor castigo imaginable. Un castigo sin revisión posible; uno que nadie más habría podido imponerle. Uno que usualmente confirma que no se pedirá perdón por lo que pudiera haberse hecho. La propia muerte es la única vía de fuga que el sistema legal no es capaz de impedir ni sancionar.

Más allá de cualquier intento de mitificación, el suicidio de aquel que ha sido señalado como responsable de un crimen tiene un efecto práctico indiscutible. Quien opta por escapar de esta forma a una acusación renuncia a defenderse, renuncia a disputar la razón a quien le acusa, renuncia a arrepentirse y renuncia a toda forma de clemencia. Pero renuncia también a ser perdonado. El relativo silencio que impone aquel que de esta manera se fuga no confirma inocencia alguna. El que se quita la vida solo confirma con su decisión que, a final de cuentas, los cargos tuvieron consecuencias. Desproporcionadas por cierto, porque la muerte no mantiene ninguna proporción, pero llevadas a este absurdo por su propia decisión.

Dejarse asesinar es una cosa por completo distinta a suicidarse. Quitarse la vida en medio de un golpe de Estado o un combate, también. Dejarse encarcelar por años reivindicando el derecho irrenunciable a ser libre, incluso estando en prisión, es por supuesto algo enteramente distinto a un suicidio. Los suicidios en juicio no pueden ser asociados a martirologio alguno.

La semántica del suicidio en juicio, actualmente, está marcada inevitablemente por la escena organizada por el bosnio Slobodan Praljak en noviembre del 2017, en La Haya. A una proclama unilateral: “No soy un criminal de guerra”, siguió el veneno ante las cámaras. Después nada. Imposible réplica alguna ante quien entonces abandona la escena. La muerte autoprovocada en un juicio puede llegar a tener mucho de arrebato histriónico. Pero tiene más de negación y silencio impuesto a una comunidad entera que entonces, queda en claro, se desprecia.

El suicidio del acusado cierra toda alternativa a discutir equilibradamente la proclama que antes de quitarse la vida lanza quien sin saberlo se castiga.

¿Elimina las sospechas el que después de lanzar una proclama cancela toda opción de debate equilibrado? No lo creo, no en absoluto.

No pretendo lanzar comparaciones que puedan parecer ofensivas, pero antes de la escena ensamblada por Prajlak en La Haya había quedado registrado el suicidio del ex presidente Roh Moo-hyun en el 2009, en Corea del Sur. Moo-hyun alcanzó a pedir perdón. Aceptó que recibió el dinero que se denunció como un soborno. Pero nunca aceptó claramente ser responsable de un crimen. Cercado por la recepción de estos fondos y por los cargos presentados contra su hermano, también por soborno, se quitó la vida.

Antes de él solo aparece en los registros el suicidio de Emil Haussmann, agente de los escuadrones de la muerte del gobierno alemán, quien se quitó la vida en 1947, dos días después de ser acusado por crímenes de lesa humanidad. Además están los suicidios de Görig, Blaskowitz, Böhme y Hess, todos agentes del gobierno alemán de la segunda guerra, condenados por genocidio.

No encuentro ningún personaje semejante a Mandela o a Wu Gan escapando de esta manera.

El suicidio no aparece en el lenguaje de las personas que se sienten inocentes.

García, imponiéndose el mayor de los castigos, ha puesto punto final a esta historia. Hay aún mucho por descubrir. Pero se descubrirá discutiendo la responsabilidad de los otros. No la de García.

Ahora nos toca continuar.

Publicado en El Comercio, el 21 de abril de 2019 

Mirando el tiempo futuro

EL ACUERDO CON ODEBRECHT

ES LA JUSTICIA LA QUE DEBE HACERSE CARGO DE ASUNTOS DEL PASADO. ALA POLÍTICA LE TOCA EL TIEMPO FUTURO.

La semana anterior estuvo impregnada por un debate de dos días desarrollado en el Congreso sobre el tercero de los acuerdos firmados por el Estado con Odebrecht. Mirando ese debate en retrospectiva es preciso notar la ausencia de comentarios de fondo sobre el sentido y el destino final de esta historia. Hemos presenciado una discusión en la que no se ha echado una mínima mirada, ni por asomo, al futuro de las cosas, que es el terreno en que se definen las políticas públicas, el terreno en que se toman decisiones constructivas y se ensamblan metas, alianzas y acuerdos. Sobre esto, sobre la forma de describir el presente para obtener y crear equilibrios al menos transitorios, hemos escuchado en estos días muy poco o simplemente nada.

El Congreso se ha limitado a discutir si el Ejecutivo (procuraduría incluida) “lo hizo bien” en el tercer acuerdo (no en el primero, no en el segundo). Encerrado en este cuadrante, el Congreso convirtió una cuestión sobre políticas públicas en un remedo de discusión legal sobre responsabilidades derivadas de eventos ya ocurridos. Y de eventos que, además, tienen un significado que se ha mantenido en absoluta penumbra.

La escena, entonces, se perfila como una muestra palmaria de la enorme fuerza absorbente que ha adquirido entre nosotros el lenguaje que se escribe en tiempo pasado. El 2018 comenzó con el debate sobre el indulto ya anulado que Kuczynski entregó a Fujimori, pasó por la destitución del propio Kuczynski, el retiro de Kenji Fujimori del Congreso y la detención de Keiko y cerró con la crisis del Judicial y el referéndum. En un entorno político vaciado de contenido propio, el lenguaje de las responsabilidades ha instalado entre nosotros una suerte de agujero negro que se lleva cualquier oportunidad de iniciar una discusión mínimamente constructiva. Estamos entrampados en la cuestión sobre los culpables; inhabilitados por nosotros mismos para crear escenas conjuntas en que podamos organizar algo distinto a un linchamiento. Hemos perdido la brújula que nos permite organizar acciones conjuntas mirando hacia adelante.

Es la justicia la que debe hacerse cargo de asuntos del pasado. A la política le toca el tiempo futuro. Pero el tiempo futuro está ausente de nuestro horizonte verbal.

La política es evanescente cuando se ancla en el lenguaje de los culpables. Pierde todo contenido práctico. Y ahí es exactamente donde estamos entrampados.

Si cambiamos el eje de referencia, la cuestión a resolver sobre los acuerdos firmados con Odebrecht es cómo pasamos de los aproximadamente S/ 1.000 millones que la procuraduría ha comprometido o está embargando (separados los impuestos) a los S/1.200 millones por daños que, hasta ahora, ha estimado la contraloría deben ser cobrados en reparaciones. Por supuesto, deben revisarse las bases del tercer acuerdo. Pero eso le toca ahora al Judicial. El Judicial deberá establecer por ejemplo si los cálculos hechos con ocasión de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (de ahí vienen los fondos del tercer acuerdo) han sido correctos. Será además el Judicial el que confirme que el tercer acuerdo no contiene candado alguno que impida al Estado firmar un cuarto, un quinto o un sexto acuerdo sobre otros proyectos destinados a elevar el monto de las reparaciones (los números de la contraloría son, además, provisionales). Toca a la fiscalía afinar las evidencias de los siguientes casos (Odebrecht va aceptando ser responsable en 5 de 23 casos posibles, considerando Chacas). Toca al Ejecutivo bloquear toda reclamación posible de Odebrecht por vía arbitral para evitar que las reparaciones que está obteniendo se reduzcan por estratagemas indirectas.

Pero más importante aún: toca al Ejecutivo afinar los planes necesarios para reactivar la venta de los otros dos grandes proyectos de los que Odebrecht debe salir: Olmos y Chavimochic. La más importante fuente de fondos para alcanzar la meta de S/1.200 millones en reparaciones es la venta de esos proyectos, anunciada desde finales del 2016 pero congelada durante todo este tiempo.

En términos de políticas públicas la meta en ese caso es el incremento de las cifras de la reparación. Esta meta se alcanza en la combinación de un proceso intenso de obtención de nuevas evidencias asociadas a los casos pendientes y una acción pública específicamente dirigida a cambiar al controlador de la explotación de dos megaproyectos que aún están en manos de Odebrecht.

La discusión sobre los hechos del pasado no debe detenerse. Pero le toca a los tribunales de justicia. La discusión que conforma la política en sentido propio es la que involucra la organización del futuro por construir. El futuro práctico, no el soñado o fantaseado, se construye en presente progresivo, día a día, en el desarrollo de actividades dirigidas a metas concretas, susceptibles de ser medidas. 

Afinemos entonces nuestra mirada. Necesitamos nuevos ejes de referencia de una vez por todas.

Publicado en El Comercio el 25 de marzo de 2019

Los 5 errores que están detrás de las 21 preguntas al Ministro Zeballos

Interpelación al ministro Zeballos: cinco errores en las 21 preguntas

Este jueves el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, será interpelado en el Congreso por el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Pliego de interrogantes tendría contradicciones y violaría confindencialidad en caso Lava Jato.

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, asistirá este jueves en el Congreso a responder 21 preguntas sobre el acuerdo de colaboración con Odebrecht.

La moción fue promovida por la congresista Yeni Vilcatoma, quien alega que el convenio perjudica los intereses del Estado en el caso Lava Jato a través de una reparación civil que considera irrisoria.

Sin embargo, en las interrogantes que plantearán al ministro Zeballos habría contradicciones y violaciones a la confidencialidad del proceso que lleva el Equipo Especial Lava Jato y la Procuraduría del Caso Odebrecht. Así lo explicó el abogado César Azabache.

Reparación civil y dos errores

La indemnización calculada, a través del acuerdo, es de US$ 245 millones y será pagada por Odebrecht en 15 años. Pero el monto es criticado por el fujimorismo y el Apra, y, principalmente, por Vilcatoma. Azabache aclaró que la reparación civil en este convenio es la tercer monto estipulado para pagar el Estado en base a la venta de activos de la Hidroeléctrica Chaglla.

“Los US$ 245 millones no son la reparación que Odebrecht le debe al Estado, ni son el resultado de una medición de daños. La tercera cifra acordada para pago representa apenas el monto disponible para reparación que se obtuvo como resultado de la venta de la Hidroeléctrica Chaglla”, precisó en su cuenta de Facebook.

Esta explicación apunta a la pregunta N° 4 del pliego interpelatorio con Zeballos: “¿Es cierto que el “Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios”, suscrito por el Procurador Ad Hoc con la empresa Odebrecht, se ha establecido por concepto de reparación civil, un monto ascendente tan solo a 610 millones de soles?”.

La otra preocupación – y error en el pliego interpelatorio – es que para revisar el monto, también se tiene que analizar qué información brindará Odebrecht a cambio. Si el Congreso hace dicha verificación, según Azabache, se estaría violando la confidencialidad del acuerdo. “ Esas evidencias deben mantenerse en reserva hasta que se apruebe el acuerdo. Están bajo embargo hasta la aprobación y ese embargo debe ser respetado por la Fiscalía y la Procuraduría”, precisó.

Tercer error: el mito de los cuatro casos

La critica de Vilcatoma al acuerdo también dispara contra la cantidad de proyectos investigados. Por eso la pregunta N° 8 de la interpelación cuestiona la cantidad de proyectos abordados en el convenio. Si bien, se enfoca en cuatro obras, (Tren Eléctrico, IIRSA, Costa Verde del Callao y Vía de Evitamiento del Cusco), es porque son las únicas en las que Odebrecht ha admitido delitos, eso no exime ni limita la pesquisa contra más edificaciones, según Azabache.

“El acuerdo no cierra la lista de proyectos y sobornos que pueden investigarse. Hace muy poco Caretas sostuvo que las investigaciones pueden estirarse hasta comprender 23 proyectos”, refutó.

Cuarto error: violación de Autonomía

Cabe precisar además que el reciente acuerdo del Equipo Especial con Odebrecht, es el tercero que se suscribe por Lava Jato. Pero este útimo aún no es ratificado por el Poder Judicial. Por lo tanto, su contenido no puede ser debatido públicamente en el Parlamento.

Pero la interpelación en sus preguntas 9, 10, 11, 16, 18, 19 lapidarían el contenido de acuerdo al tratarse de información confidencial. 

“Organizar una sesión pública en el Congreso para debatirlo es prematuro. Pero más grave que eso, constituye un caso de interferencia en un asunto sujeto a los tribunales de justicia”, refirió Azabache.

En ese sentido, adelantarse al fallo del PJ violaría la autonomía de poderes. “Un caso de interferencia entre poderes que, por cierto, podría ser llevado ante el Tribunal Constitucional y recuerda la teoría sobre “obstrucción institucional” que ensambló al juez Richard Concepción Carhuancho en base a la propuesta del fiscal José Pérez Gómez”, sostuvo.

Quinto error: es el único acuerdo de colaboracón.

El primer acuerdo con Odebrecht fue firmado el 4 de enero del 2017 cuando el fiscal Hamilton Castro estuvo a cargo del Equipo Especial. El segundo fue suscrito el 30 de octubre por el caso La Centralita. “Las preguntas parecen inspiradas en el error de creer que el acuerdo de los ahora US$ 245 millones es “el” acuerdo. No es así. Es solo el acuerdo de una cadena que comenzó en enero del 2017”, puntualizó.

Publicado en La República, el 20 de marzo de 2019

Lavado de Activos. La recognoscibilidad del otro.

Enlace al artículo en Lampadia

Las ganancias ilícitas reconocidas

EL MONTO DE LO QUE ODEBRECHT PUDO HABER GANADO EN EL PERÚ FRUTO DE LOS SOBORNOS

El tercer acuerdo firmado por el Estado con Odebrecht eleva la suma de las compensaciones pactadas de US$28 millones –que teníamos a octubre del 2018– a US$273 millones, considerando intereses. A esta, hay que agregar otros US$60 millones en embargos ya impuestos a terceros. E insisto, falta aún que Odebrecht renuncie a hacer efectivo cualquier cobro por laudos arbitrales en ejecución o pendientes de emitirse. Falta que el Estado reciba una compensación adicional por los sobornos que se haya pagado por arbitrajes. Y falta que se pague una compensación por haber filtrado fondos en el sistema político, sea que consideremos estos últimos como actos delictivos (lo son para mí) o no.

Todo esto aún sin contar los montos que habrá que sumar a la lista por el acuerdo con Josef Maiman, que ya ha sido anunciado, y los que a partir de ahora firmen las empresas acusadas de haberse consorciado con Odebrecht sabiendo de los sobornos que se pagaban. 

En estas condiciones, me habría gustado entonces concluir que la senda está ya trazada y que solo queda seguirla. Pero temo que no es así. Los números de este caso se siguen moviendo y estos nuevos movimientos deben traer nuevas consecuencias: acaso confirmatorias, acaso no.

En diciembre del 2016, Odebrecht reconoció haber pagado sobornos en el Perú por US$29 millones. Pero la contabilidad de pagos ilegales al momento de anunciarse el tercer acuerdo había sobrepasado ya los US$50 millones. Y con la primera rueda de declaraciones posteriores al tercer acuerdo, la cantidad reconocida en sobornos ha traspasado ya los US$81,76 millones, sin contar los fondos filtrados en campañas políticas.

Las cifras, evidentemente, han estallado. Y esto, sin duda, es perturbador.

En las matemáticas de la corrupción ha sido usual reconocer alguna relación entre los sobornos pagados y las ganancias ilícitas reconocidas por aquel que paga. Los coeficientes de rentabilidad de los sobornos son siempre relativos, pero los US$29 millones admitidos en diciembre del 2016 parecían guardar alguna relación con los US$143 millones que en la misma fecha Odebrecht admitió como ganancias ilícitas obtenidas en el Perú. Eran US$4,9 por cada dólar pagado en sobornos.

Pero ahora que los sobornos reconocidos sobrepasaron los US$81,76 millones, ¿a cuánto debemos asumir que ascienden las ganancias ilegales de Odebrecht? ¿Siguen siendo US$143 millones? ¿Debemos entonces aceptar que Odebrecht hizo lo que hizo para ganar menos de un dólar por cada dólar pagado en sobornos? No lo creo.

Nadie paga sobornos de manera sistemática si no es dentro de un esquema general organizado para ganar dinero. Por lo mismo, la compensación total que el Estado reciba al final de esta historia debe mantener alguna relación con el monto de las ganancias ilícitas que logren identificarse. Sea cual sea la teoría que adoptemos, las consecuencias de un acto ilegal deben compensar a quien sufre su perpetración y desestimar nuevas ofensas. El crimen debe ser más caro que el respeto a la ley. Por lo tanto, la compensación que paga el que cometió un crimen debe ser mayor a las ventajas que obtuvo al ejecutarlo.

Aunque nuestras normas actuales naveguen por trochas insondables, sigo creyendo que la compensación final que pague Odebrecht por estos casos debe aproximarse, pero no ser menor, al doble de las ganancias ilícitas que obtuvo.

El concepto es incierto, de modo que habría que revisarlo. Aunque esto todavía es una sospecha, me permito suponer que las ganancias ilícitas reconocidas por Odebrecht en la confesiones de diciembre del 2016 se referían a un excedente no declarado para fines de impuestos como utilidad que podría equivaler a la “cuota” que la “operación Perú” transfirió a ese bolsón de fondos por lavar que hemos convenido en llamar caja 2. ¿Cómo se formó ese excedente? ¿Incluye los fondos que Odebrecht aparentemente hizo devolver a las consorciadas como una especie de cupo impuesto por el lugar que tuvieron en sus principales proyectos? ¿Incluye falsos proveedores que puedan haberle permitido simular gastos para retirar del Perú fondos que, de otra manera, tendrían que haber engrosado la cifra de utilidades declaradas ante la Sunat? No lo sabemos aún, pero parece imperativo saberlo. Porque los US$143 millones que Odebrecht reconoció en diciembre del 2016 (cuando sostenía que solo había pagado en el Perú US$29 millones en sobornos) son insostenibles como referencia práctica a estas alturas.

La legitimidad final de los acuerdos que Odebrecht firme con el Estado (apenas vamos en el tercero) depende, entre otras cosas, de que podamos resolver esos dilemas.

Las cifras se han movido. Esto es innegable. Y en su vertiginoso movimiento se encuentran las claves del proceso que debe conducirnos a una compensación final que podamos reconocer colectivamente como algo aceptable.

Publicado en El Comercio, el 25 de febrero de 2019.

Nota técnica caso Odebrecht - Las cifras.