Las consorciadas

Las consorciadas

La mayoría en el Congreso está reprochando al fiscal de la Nación, entre otras cosas, el evidente retraso que tiene entre nosotros la discusión sobre la responsabilidad que deben asumir las empresas que se asociaron con Odebrecht para desarrollar los proyectos que ella impulsó en el Perú. Enorme error. En el Perú, las fiscalías están a cargo de organizar los casos sobre delitos cometidos por personas físicas. Los casos sobre indemnizaciones y otras obligaciones semejantes que corresponde asumir a las empresas están en nuestro medio a cargo de las procuradurías, principalmente. Las procuradurías son responsables por los resultados de sus propias acciones. Es entonces una procuraduría, no el fiscal de la Nación, la que debe explicarnos claramente qué está pasando o qué ha pasado todo este año con las consorciadas.

Las IIRSA y el Metro de Lima, en conjunto, concentran 28,1 de los US$29 millones en sobornos que Odebrecht ha reconocido hasta ahora haber pagado en el país. El Metro y el Gasoducto del Sur son los protagonistas de 247 de los US$283 millones en daños que fueron estimados por la contraloría en enero de este año. Los tres proyectos fueron impulsados por organizaciones económicas lideradas por Odebrecht que incluyeron, en formatos corporativos distintos y a veces cambiantes, a tres empresas locales (GyM, JJC e ICCGSA) y dos filiales de corporaciones domiciliadas fuera del Perú (Enagás y Andrade Gutierrez).

Podemos discutir durante semanas si todas ellas o solo algunas deben o no asumir responsabilidades sobre lo que ha ocurrido. Podemos discutir también durante semanas si el haber entrado a los proyectos antes o después de la firma de los contratos hace o no alguna diferencia. También podemos discutir si la cuestión en debate debe resolverse reintegrando al Estado algún porcentaje de las ganancias que hayan obtenido o de alguna otra forma. Y podemos discutir si, no existiendo en el Perú una ley previa que imponga multas para estos casos (no existe), la cuestión requiere un acuerdo promovido por el Estado a través de una negociación directa con estas empresas o de un juicio formal contra ellas. Lo que no podemos hacer es mantener por más tiempo este asunto en la absoluta penumbra en la que ahora está.

Pero repasemos los hechos. En febrero de este año, la procuraduría decidió solicitar un poco más de S/200 millones como reparación por los casos Metro de Lima e IIRSA. La contraloría había estimado en enero que los daños causados en solo uno de estos proyectos, el metro, rebasaban los US$111 millones. Pero la procuraduría decidió hacer esta reducción sin explicación alguna. Y la hizo sin siquiera pedir que las empresas que intervinieron en estos dos proyectos ingresaran al procedimiento. En julio, la procuraduría decidió pedir la suspensión judicial de la venta del Proyecto Olmos, que, recuperada, debe producir aproximadamente US$200 millones para el fideicomiso de reparaciones creado por el Ejecutivo. El mismo mes, la procuraduría retiró un pedido hecho por ella misma para que Gasoducto del Sur, la empresa que manejaba el proyecto que lleva su nombre, asumiera íntegramente los daños causados. Y en el mismo mes, un juez en Lima desestimó por extemporáneo un cuarto pedido hecho por la misma procuraduría para que Odebrecht, sola, asuma el pago íntegro debido a los daños.

Resultado de esta acumulación de confusiones: ningún debate abierto sobre la responsabilidad de las consorciadas.

La procuraduría actual ha estimado los daños causados por el gasoducto en S/1.400 millones, pero aparentemente aún no tiene quien los pague. Se ha abocado a recuperar el tiempo perdido y ya obtuvo que Odebrecht ingrese a los casos Vía Expresa Callao y Evitamiento del Cusco. También ha fijado la reparación que demanda en el Caso Chancas en S/248,8 millones. Pero aún tiene pendiente decirnos cómo planea revertir los errores que estamos arrastrando.

Encuentro inaceptable que todos sepamos desde diciembre del 2016 que una empresa de las dimensiones de Odebrecht apoyó su expansión en el país en sobornos, y no hayamos hecho nada útil para que los daños causados sean reparados de manera expeditiva. También encuentro inaceptable que las empresas que aceptaron ser sus socias, cualquiera sea su explicación sobre la historia, no estén ahora mismo discutiendo con el Estado la mejor forma de compensarnos. Pero para multiplicar las confusiones, la mayoría en el Congreso está pidiendo cuentas sobre esto a quien nada tiene que ver con esta enorme colección de confusiones.

No se resuelven los problemas buscando las agujas en el lugar en que se guardan los panes. Por ese camino solo nos aseguramos de jamás encontrar nada, y por ende creer que acaso nunca lo hemos tenido.

Publicado en El Comercio el lunes 27 de noviembre de 2017