sábado, 27 de junio de 2020
viernes, 29 de mayo de 2020
miércoles, 13 de mayo de 2020
Al día siguiente
LOS EVENTOS QUE CARACTERIZAN ESTA HISTORIA CONSTITUYEN VIOLACIONES A LAS LEYES PERUANAS Y EXPRESIONES CLARAS DE MALA FE
A estas alturas, parece haber menguado el temporal creado por la demanda de los US$1.200 millones que Odebrecht anunció a finales de enero de este año. Ha quedado claro que la demanda, a la larga, no puede tener éxito. También que la entrega de las evidencias que Odebrecht debe a la fiscalía no está en riesgo. Lo que sigue está enteramente en manos de la procuraduría. Y no tenemos más espacio para nuevos errores ni apresuramientos o distracciones como los que nos han traído hasta aquí.
Odebrecht pretende tener derecho a ir al Ciadi a reclamar una compensación por la resolución del contrato del gasoducto, registrada en enero del 2017. Dice, entre otras cosas, que su derecho de acceso a tribunales internacionales está vigente porque, en este caso, no sobornó a ningún representante del Gobierno. Indica que en el verano del 2017 en el Perú se mezclaron cosas que debían mantenerse separadas y que el Gobierno trató sus inversiones en este proyecto (básicamente la compra de los tubos) como si estuvieran conectadas con los hechos de corrupción que ha reconocido. Señala que esa conexión no existe, y que por eso la constructora debe ser compensada.
Sobre esto, hay que precisar hasta dos cosas. Odebrecht podría, como indica, no haber entregado dinero directamente a ninguno de los representantes del Gobierno que estuvieron a cargo del proyecto gasoducto. Pero eso no hace que la historia de este caso deje de ser una historia sobre corrupción. Antes del concurso, Odebrecht filtró US$4 millones en las campañas de los dos candidatos a la presidencia que pasaron a segunda vuelta. Después de eso tuvo, afirma la fiscalía, nada menos que a la señora Heredia como promotora o gestora de sus intereses. Además, sobornó a uno de los apoderados de la competencia para conocer los márgenes de precios que su rival lanzaría al concurso y sobornó también a uno de los consultores de Pro Inversión antes de la firma del contrato. Calificar estos hechos bajo las reglas del Código Penal puede ser complejo. Pero reconocer la historia como una historia sobre corrupción no lo es.
Las historias sobre corrupción aparecen cuando se trafica con posiciones o decisiones que no deberían haberse puesto en el mercado. Y son historias sobre corrupción sean cuales fueren las reglas legales que deban emplearse caso por caso. No tiene sentido pretender que una historia como la del gasoducto no sea una historia sobre corrupción porque no aplique al caso algún artículo específico del Código Penal (el del cohecho, un caso específico de soborno). Las leyes no se han aprobado para interpretar la realidad ni para caracterizarla, sino para establecer y limitar responsabilidades y sanciones, que es una cosa distinta.
De otro lado, están las reglas del Ciadi sobre arbitrajes. Los expertos a los que he consultado me explicaron que a estos procedimientos solo pueden acceder empresas que son capaces de mostrar que han hecho “inversiones protegidas”. Una “inversión protegida” bajo las reglas del Ciadi es aquella que ha sido realizada de buena fe y respetando las leyes del país donde se aloja la inversión. Una historia como la del gasoducto no tiene cómo ser considerada conforme a estos dos estándares. Los cuatro eventos que caracterizan esta historia constituyen al mismo tiempo violaciones a leyes peruanas y expresiones claras de mala fe, cualesquiera que sean las normas específicas que sean aplicables.
Por eso, Odebrecht no tiene derecho a acceder al Ciadi.
Sin embargo, el anuncio de la demanda es un hecho de importancia y ha producido consecuencias. Y las seguirá produciendo si la procuraduría no lo evita a tiempo. La sola existencia del anuncio ha creado un desequilibrio visible en los aspectos civiles del acuerdo de colaboración del verano del 2019. Odebrecht no puede pretender que debe al Estado solo S/610 millones, que solo le es posible pagarlos en 15 años; sin embargo, el Estado debe pagarle US$1.200 millones. Odebrecht reconoce ser una empresa corrupta, pero pretende realizar los créditos que dice haber obtenido mientras corrompía a las autoridades. No tiene ningún sentido.
Odebrecht simuló que sus pretensiones sobre los tubos eran solo una expectativa, mientras obtenía el cronograma de 15 años y la liberación de los S/524 millones del saldo de la venta de Chaglla. Puso en valor esas expectativas solo después de obtener ambas ventajas y eso también forma un caso de mala fe, que debería ser suficiente para modificar el cronograma, imponer garantías sólidas que aseguren su cumplimiento, alcanzar una renuncia a nuevas pretensiones y ampliar el acuerdo sobre reparaciones, para que, por lo pronto, se reparen los daños causados por los sobornos pagados en San José de Sisa, por la filtración de fondos en la política y por el modo en que encaró el proyecto del gasoducto.
La procuraduría tiene ahora la palabra.
Publicado en El Comercio el 24 de febrero de 2020.
Día octavo
EL SISTEMA INSTITUCIONAL ESTÁ SUFICIENTEMENTE REZAGADO COMO PARA ARRIESGARNOS A POSTERGARLO POR MÁS TIEMPO.
Sin duda hay algunas señales positivas: el día dos, el Congreso, ya instalado, se concedió a sí mismo seis meses para revisar las reformas políticas que deberán aplicarse a las elecciones del 2021. Los expertos en regulaciones electorales han coincidido en que la medida puede requerir mayores precisiones, pero en todo caso la decisión anuncia el inicio de un debate que no puede seguir aplazándose. El mismo día, asimismo, se presentó un nuevo proyecto de ley para reformar el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Además del texto, propuesto por Somos Perú, otras bancadas anunciaron que están preparando sus propias opciones para reformar el procedimiento de elección de nuevos magistrados.
No hay, en cambio, señales que muestren que la Junta Nacional de Justicia esté en posición de superar los efectos de la cuarentena y encuentre la manera de sesionar por medios virtuales. Tampoco hubo señales que muestren que el sector Justicia o la Corte Suprema están en posición de retomar el debate sobre la reforma de los tribunales. Y no hay señales de que las organizaciones civiles que observan estos procesos estén tratando de abrir foros públicos de debate sobre los fundamentos de las reformas pendientes de ser discutidas.
Mi punto es el siguiente: no existen razones que impidan que el Congreso, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia o las organizaciones de la sociedad civil que vienen observando estos procesos abran foros digitales que permitan comenzar a organizar debates que no tienen por qué paralizarse por la cuarentena. Nada impide que usemos las vías digitales a nuestra disposición para iniciar intercambios sobre las propuestas que ya están puestas en la mesa.
En teoría, la cuarentena tendría que levantarse en una semana. Pero aunque esto ocurra, el distanciamiento social deberá prologarse hasta que el virus haya remitido completamente entre nosotros. No tiene sentido, entonces, sentarse a esperar. El sistema institucional es un espacio suficientemente denso y está suficientemente rezagado como para arriesgarnos a postergarlo por más tiempo.
Tal vez toque aprender que los espacios digitales sirven también para tomar decisiones sobre asuntos de políticas públicas, aunque haya que hacer cierto esfuerzo para aprender a usarlos eficientemente.
Necesitamos pensar y necesitamos aprender a ensamblar debates. Tal vez sea el momento de generar espacios de intercambio más intensos que los que se logran desarrollar a través del contacto físico y de las redes sociales. Tal vez nuestra forma de contacto físico y nuestra forma de usar las redes sociales hayan sido en este último tiempo factores contributivos a la formación de la densa neblina que nos ha impedido reconocernos. Y tal vez necesitamos ahora cambiar el sentido de nuestras vías de encuentro para avanzar en lo que a la formación de espacios de debate se refiere.
Abrir foros y audiencias públicas administradas por vías digitales, desde el Estado y desde la sociedad civil, parece entonces urgente. Avanzar. Desengancharnos. Y aprovechar este momento en el que la interacción física se ha convertido en una actividad contraindicada para generar ideas que requieran ser meditadas para poder ser escritas, y escritas para poder ser entonces discutidas. Y discutidas sin las etiquetas que aparecen cuando nos confrontamos físicamente, sin intermediación semántica alguna, en un cara a cara que se ha vuelto propenso al insulto, a la descalificación y a la condena.
Tal vez la tensión que produce la supresión de los espacios de encuentro físico nos ofrezca la mejor oportunidad imaginable para instalar la palabra como vehículo de intermediación entre personas que se reconozcan una a otra como tales, en espacios meditados reflexivamente.
Tal vez nos hacía falta este silencio abrumador para descubrir el verdadero sentido de comunicarnos. Tal vez nos hacía falta esta distancia para poder reconocernos.
Toca cambiar el eje desde el que abordamos los problemas de nuestra fragilidad institucional. Abandonar construcciones abstractas que usamos para rechazar al otro y comenzar a construir desde esa solidaridad que hemos visto actuar en detalles simples, cotidianos.
Puerta por puerta. Persona por persona. Palabra por palabra. Para que podamos reconocernos como personas distintas cuando las puertas se abran.
Publicado en El Comercio el 23 de marzo de 2020
martes, 28 de abril de 2020
Las prisiones
DEPENDE DE LAS FISCALÍAS PODER SACAR DE PRISIÓN AL MENOS A BUENA PARTE DE LAS APROXIMADAMENTE 36 MIL PERSONAS QUE ESTAN BAJO PRISION PREVENTIVA
El miércoles 22, el ministro Fernando Castañeda anunció que el programa de indultos del Ejecutivo alcanzaría a tres mil personas. Es un anuncio importante si tenemos en cuenta que los programas de indultos de la Comisión Lanssier y de la Comisión Especial de 1991 anduvieron por debajo de 500 beneficiados, y que los beneficiarios de esos programas fueron elegidos en plazos bastante menos apremiantes que los que tenemos ahora. Pero aun siendo evidente el esfuerzo, la medida tiene un alcance limitado si atendemos a las dimensiones del problema de hacinamiento que exhiben las cárceles.
Hablamos de 90 mil personas en prisiones que tienen una capacidad
de albergue medida para tiempos normales para 35 mil. Son más de 50 mil personas en exceso, midiendo la capacidad de las prisiones sin considerar las reglas sobre distancia obligatoria. Esas condiciones equivalen a que encerráramos a 100 mil personas en dos estadios del tamaño del Estadio Nacional en este momento, a casi mes y medio del inicio de la cuarentena.
Estamos perdiendo un tiempo valioso y no alcanzaremos resultados mínimos si no generamos un programa complementario que, con medidas distintas al indulto, alcance al menos a 15 mil beneficiarios.
Excarcelar a tres mil personas por medio de indultos es un buen comienzo. Pero los indultos no pueden ser la única medida por adoptar en este momento.
Para elevar la cifra de beneficiarios de 3 mil a 15 mil necesitamos un actor adicional: el Ministerio Público. Depende de las fiscalías poder sacar de prisión al menos a buena parte de las aproximadamente 36 mil personas que están bajo prisión preventiva o parte de las seis mil condenadas a prisión por períodos de corta duración (cifras a diciembre del 2018). Nuestras prácticas procesales no han previsto con claridad que las fiscalías puedan retirar pedidos que ya han ganado en los tribunales sobre estos asuntos, pero no encuentro obstáculos serios que impidan hacerlo. Menos en medio de una emergencia como la que tenemos ahora. De hecho, en el caso de las prisiones preventivas que se levanten, los procedimientos de fondo van a continuar. Y en cualquier caso los listados de la fiscalía deberán ser controlados por el judicial, incluso aunque sean presentados en bloque.
Si las fiscalías aceptaran levantar el 30% de las prisionespreventivas que han ganado y de la mitad de las condenas efectivas cortas obtenidas, el programa completo podría alcanzar un impacto cinco veces más alto que el trazado por el Gobierno.
Un programa de este tipo daría otro marco de referencia a los pedidos “caso por caso” que se están haciendo ahora desde las defensas. Con un plan que alcance 15 mil beneficiados, las defensas mantendrían el derecho a cuestionar la no inclusión en las listas de determinadas personas. Los tribunales podrían revisar correcciones puntuales a un programa en marcha, pero esto es muy distinto a intentar manejar la crisis “caso por caso”.
El actor principal de este proceso, además, pasaría a ser el Ministerio Público.
En los últimos días, la fiscalía anticorrupción anunció que no atendería la audiencia de uno de los casos individuales que se han planteado en este último tiempo porque no podía acceder a sus archivos físicos. La alerta debe ser tomada en serio. Debemos reconocerlo: las fiscalías y los juzgados dependen para operar de archivos de papel. Esto pone en evidencia un nivel de retraso tecnológico que hemos tolerado pasivamente como si no fuera importante. Pero tendremos que volver sobre eso luego. En este momento, lo urgente es contener las consecuencias del hacinamiento en cárceles antes que se multiplique el nivel de tragedia que está adquiriendo el manejo de la pandemia entre nosotros. Y si eso implica que los fiscales hagan una revisión de los casos a los que nos referimos “papel por papel” para generar soluciones con rendimiento sobre el sistema, pues entonces deberemos proceder “papel por papel”.
Son aproximadamente 42 mil personas sobre las que deben decidir entre 250 y 300 fiscalías en todo el país. Lima concentra probablemente el 30% de estos casos. ¿Cuánto tiempo puede tomar que esos fiscales accedan a sus despachos, con un solo asistente, en horarios escalonados que impidan la aglomeración; que tomen contacto con la defensa por correo electrónico o mensajes de texto cuando sea necesario, que preparen las listas de los casos de los que pueden desistirse y las presenten a tribunales autorizados a resolver usando decisiones sumarias? ¿Tres semanas? ¿Quizá seis?
Un esquema de este tipo puede producir resultados inmediatos a una velocidad razonablemente alta. Habrá que preparar campamentos transitorios para asegurarnos de que no se resuelva el problema enviando simplemente 15 mil personas a morir en casa o a contagiar a más personas. El programa entonces exige campamentos de apoyo. Y exige voluntarios para atenderlos.
No será sencillo. Pero podemos lograrlo si comenzamos de inmediato
Publicado en El Comercio el 27 de abril del 2020
miércoles, 22 de abril de 2020
El tiempo y sus consecuencias
Los casos Odebrecht han impregnado la actividad pública durante un ciclo entero de nuestra vida institucional. El ciclo marcó su punto de inicio con los acuerdos que la compañía suscribió con las autoridades de los EEU, Suiza y Brasil en diciembre de 2016 y se cargó de contenido con una cadena de revelaciones sobre sobornos que ha provocado una revisión severa de la memoria de los últimos 20 años de nuestra historia.
En estos tres años los casos Odebrecht han estado en los cimientos de la caída final de Kuczynski, de la división del Ministerio Publico, del cierre del Congreso, del colapso del sector de obras públicas y del aplazamiento, por plazo indefinido, del proyecto de energía más importante del país, el gasoducto del sur. En el camino García se suicidó, Hinostroza y Toledo quedaron expuestos ante dos sólidos procesos por extradición y Humala, Heredia y Fujimori estuvieron en prisión. Esto para citar los efectos más visibles del proceso.
El ciclo ha estado marcado por la creación de un solo plano combinado en el que se mezclaron las investigaciones de la fiscalía y la actividad política. El punto mas visible de esta sobre posición lo generó el caso Fujimori, que entendido en sentido amplio incluye, además de la cuestión sobre los fondos manejados por su entorno, las investigaciones sobre las posibles relaciones de la señora Fujimori y el Fiscal Chávarry, el incidente de la violación de los precintos atribuido a este último, el intento de separar a los fiscales Vela y Pérez del equipo especial y el cierre del Congreso en setiembre del 2019.
La sobre posición de la política con investigaciones penales genera siempre una acumulación de tensión institucional de muy difícil manejo. Esta tensión está asociada a la mecánica de las investigaciones de la fiscalía: periodos extensos marcados por la incertidumbre sobre el destino de cada caso y explosiones coyunturales provocadas por allanamientos, detenciones, delaciones y confesiones. La tensión se completa con la enorme distorsión que provoca que los representantes de la política se conviertan en factores de defensa o acusación, casi en “parte”, en los casos en debate.
La única manera de administrar esta tensión consiste en romper las sobre posiciones lo antes posible. En los casos Odebrecht el vehículo para ensayar esa ruptura era y siguen siendo las acusaciones que faltan, las de los casos IIRSAs, Fujimori y Villarán. Unidas a las que ya se presentaron en los casos Humala, Heredia y otros y Metro de Lima, las acusaciones de la fiscalía deberían formar una narrativa convergente que nos ofrezca una respuesta clara, aunque sea opinable, sobre la forma en que se estructuró el espacio de corrupción más importante de este siglo, el de los proyectos y obras públicas. La presentación integrada de esa narrativa (pienso en una conferencia conjunta de fiscales y procuradores) debería permitirnos cerrar simbólicamente el ciclo y encapsular los debates que siguen en los espacios que ofrecen las audiencias públicas ante los tribunales de justicia, un ámbito que puede ser mejor protegido de interferencias políticas que las investigaciones fiscales.
Pero estamos retrasados. Hemos arrastrado los asuntos pendientes en los casos Odebrecht a este ciclo, que aún estando en formación se muestra claramente distinto al anterior. Al hacerlo, exponemos el significado y el alcance de los procesos anticorrupción. En noviembre de 2019 el Magistrado Ramos sostuvo que las interferencias que justificaron la detención de Fujimori resultaban imposibles después del cierre del Congreso. En abril de este año la Sala que ordenó liberar a Fujimori por segunda vez dijo que para prevenir nuevos riesgos bastaba con incomunicarla. El resultado fue la liberación en cascada de las demás personas investigadas junto a ella. Estas decisiones muestran de que manera los casos del ciclo anterior pueden producir resultados inversos en el ciclo actual, aunque esté en formación.
Nadie, tampoco la fiscalía, puede sostener equilibrios temporales indefinidamente.
El tiempo juega en contra siempre. A la firma del tercer acuerdo del Estado con Odebrecht siguió la devolución del saldo de la venta de Chaglla, la demanda al CIADI por el caso Gasoducto y la demanda que la compañía presentó contra Marcelo Odebrecht por chantajearla. A la segunda detención de Fujimori siguió el desmoronamiento de todas las órdenes de prisión preventiva que la fiscalía había ganado en ese caso. Y a la renuncia del señor Chávarry a la Fiscalía de la Nación ha seguido un proceso sostenido de interferencias que ahora se reabre con el pedido del Fiscal Galvez al Congreso para que investigue al Fiscal Sánchez, uno de los referentes más importantes de equilibrio institucional que conserva el Ministerio Público.
Una ola contra la impunidad puede convertirse luego en una campaña de negación. El factor que hace la diferencia es el tiempo. El error, no notar sus consecuencias corrosivas.
Publicado en El Comercio el 22 de abril de 2020.
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