Las prisiones

DEPENDE DE LAS FISCALÍAS PODER SACAR DE  PRISIÓN AL MENOS A BUENA PARTE DE LAS APROXIMADAMENTE 36 MIL PERSONAS QUE ESTAN BAJO PRISION PREVENTIVA

El miércoles 22, el ministro Fernando Castañeda anunció que el programa de indultos del Ejecutivo alcanzaría a tres mil personas. Es un anuncio importante si tenemos en cuenta que los programas de indultos de la Comisión Lanssier y de la Comisión Especial de 1991 anduvieron por debajo de 500 beneficiados, y que los beneficiarios de esos programas fueron elegidos en plazos bastante menos apremiantes que los que tenemos ahora. Pero aun siendo evidente el esfuerzo, la medida tiene un alcance limitado si atendemos a las dimensiones del problema de hacinamiento que exhiben las cárceles.

Hablamos de 90 mil personas en prisiones que tienen una capacidad

de albergue medida para tiempos normales para 35 mil. Son más de 50 mil personas en exceso, midiendo la capacidad de las prisiones sin considerar las reglas sobre distancia obligatoria. Esas condiciones equivalen a que encerráramos a 100 mil personas en dos estadios del tamaño del Estadio Nacional en este momento, a casi mes y medio del inicio de la cuarentena.

Estamos perdiendo un tiempo valioso y no alcanzaremos resultados mínimos si no generamos un programa complementario que, con medidas distintas al indulto, alcance al menos a 15 mil beneficiarios.

Excarcelar a tres mil personas por medio de indultos es un buen comienzo. Pero los indultos no pueden ser la única medida por adoptar en este momento.

Para elevar la cifra de beneficiarios de 3 mil a 15 mil necesitamos un actor adicional: el Ministerio Público. Depende de las fiscalías poder sacar de prisión al menos a buena parte de las aproximadamente 36 mil personas que están bajo prisión preventiva o parte de las seis mil condenadas a prisión por períodos de corta duración (cifras a diciembre del 2018). Nuestras prácticas procesales no han previsto con claridad que las fiscalías puedan retirar pedidos que ya han ganado en los tribunales sobre estos asuntos, pero no encuentro obstáculos serios que impidan hacerlo. Menos en medio de una emergencia como la que tenemos ahora. De hecho, en el caso de las prisiones preventivas que se levanten, los procedimientos de fondo van a continuar. Y en cualquier caso los listados de la fiscalía deberán ser controlados por el judicial, incluso aunque sean presentados en bloque.

Si las fiscalías aceptaran levantar el 30% de las prisionespreventivas que han ganado y de la mitad de las condenas efectivas cortas obtenidas, el programa completo podría alcanzar un impacto cinco veces más alto que el trazado por el Gobierno.

Un programa de este tipo daría otro marco de referencia a los pedidos “caso por caso” que se están haciendo ahora desde las defensas. Con un plan que alcance 15 mil beneficiados, las defensas mantendrían el derecho a cuestionar la no inclusión en las listas de determinadas personas. Los tribunales podrían revisar correcciones puntuales a un programa en marcha, pero esto es muy distinto a intentar manejar la crisis “caso por caso”.

El actor principal de este proceso, además, pasaría a ser el Ministerio Público.

En los últimos días, la fiscalía anticorrupción anunció que no atendería la audiencia de uno de los casos individuales que se han planteado en este último tiempo porque no podía acceder a sus archivos físicos. La alerta debe ser tomada en serio. Debemos reconocerlo: las fiscalías y los juzgados dependen para operar de archivos de papel. Esto pone en evidencia un nivel de retraso tecnológico que hemos tolerado pasivamente como si no fuera importante. Pero tendremos que volver sobre eso luego. En este momento, lo urgente es contener las consecuencias del hacinamiento en cárceles antes que se multiplique el nivel de tragedia que está adquiriendo el manejo de la pandemia entre nosotros. Y si eso implica que los fiscales hagan una revisión de los casos a los que nos referimos “papel por papel” para generar soluciones con rendimiento sobre el sistema, pues entonces deberemos proceder “papel por papel”.

Son aproximadamente 42 mil personas sobre las que deben decidir entre 250 y 300 fiscalías en todo el país. Lima concentra probablemente el 30% de estos casos. ¿Cuánto tiempo puede tomar que esos fiscales accedan a sus despachos, con un solo asistente, en horarios escalonados que impidan la aglomeración; que tomen contacto con la defensa por correo electrónico o mensajes de texto cuando sea necesario, que preparen las listas de los casos de los que pueden desistirse y las presenten a tribunales autorizados a resolver usando decisiones sumarias? ¿Tres semanas? ¿Quizá seis?

Un esquema de este tipo puede producir resultados inmediatos a una velocidad razonablemente alta. Habrá que preparar campamentos transitorios para asegurarnos de que no se resuelva el problema enviando simplemente 15 mil personas a morir en casa o a contagiar a más personas. El programa entonces exige campamentos de apoyo. Y exige voluntarios para atenderlos.

No será sencillo. Pero podemos lograrlo si comenzamos de inmediato

Publicado en El Comercio el 27 de abril del 2020