Los casos Odebrecht han impregnado la actividad pública durante un ciclo entero de nuestra vida institucional. El ciclo marcó su punto de inicio con los acuerdos que la compañía suscribió con las autoridades de los EEU, Suiza y Brasil en diciembre de 2016 y se cargó de contenido con una cadena de revelaciones sobre sobornos que ha provocado una revisión severa de la memoria de los últimos 20 años de nuestra historia.
En estos tres años los casos Odebrecht han estado en los cimientos de la caída final de Kuczynski, de la división del Ministerio Publico, del cierre del Congreso, del colapso del sector de obras públicas y del aplazamiento, por plazo indefinido, del proyecto de energía más importante del país, el gasoducto del sur. En el camino García se suicidó, Hinostroza y Toledo quedaron expuestos ante dos sólidos procesos por extradición y Humala, Heredia y Fujimori estuvieron en prisión. Esto para citar los efectos más visibles del proceso.
El ciclo ha estado marcado por la creación de un solo plano combinado en el que se mezclaron las investigaciones de la fiscalía y la actividad política. El punto mas visible de esta sobre posición lo generó el caso Fujimori, que entendido en sentido amplio incluye, además de la cuestión sobre los fondos manejados por su entorno, las investigaciones sobre las posibles relaciones de la señora Fujimori y el Fiscal Chávarry, el incidente de la violación de los precintos atribuido a este último, el intento de separar a los fiscales Vela y Pérez del equipo especial y el cierre del Congreso en setiembre del 2019.
La sobre posición de la política con investigaciones penales genera siempre una acumulación de tensión institucional de muy difícil manejo. Esta tensión está asociada a la mecánica de las investigaciones de la fiscalía: periodos extensos marcados por la incertidumbre sobre el destino de cada caso y explosiones coyunturales provocadas por allanamientos, detenciones, delaciones y confesiones. La tensión se completa con la enorme distorsión que provoca que los representantes de la política se conviertan en factores de defensa o acusación, casi en “parte”, en los casos en debate.
La única manera de administrar esta tensión consiste en romper las sobre posiciones lo antes posible. En los casos Odebrecht el vehículo para ensayar esa ruptura era y siguen siendo las acusaciones que faltan, las de los casos IIRSAs, Fujimori y Villarán. Unidas a las que ya se presentaron en los casos Humala, Heredia y otros y Metro de Lima, las acusaciones de la fiscalía deberían formar una narrativa convergente que nos ofrezca una respuesta clara, aunque sea opinable, sobre la forma en que se estructuró el espacio de corrupción más importante de este siglo, el de los proyectos y obras públicas. La presentación integrada de esa narrativa (pienso en una conferencia conjunta de fiscales y procuradores) debería permitirnos cerrar simbólicamente el ciclo y encapsular los debates que siguen en los espacios que ofrecen las audiencias públicas ante los tribunales de justicia, un ámbito que puede ser mejor protegido de interferencias políticas que las investigaciones fiscales.
Pero estamos retrasados. Hemos arrastrado los asuntos pendientes en los casos Odebrecht a este ciclo, que aún estando en formación se muestra claramente distinto al anterior. Al hacerlo, exponemos el significado y el alcance de los procesos anticorrupción. En noviembre de 2019 el Magistrado Ramos sostuvo que las interferencias que justificaron la detención de Fujimori resultaban imposibles después del cierre del Congreso. En abril de este año la Sala que ordenó liberar a Fujimori por segunda vez dijo que para prevenir nuevos riesgos bastaba con incomunicarla. El resultado fue la liberación en cascada de las demás personas investigadas junto a ella. Estas decisiones muestran de que manera los casos del ciclo anterior pueden producir resultados inversos en el ciclo actual, aunque esté en formación.
Nadie, tampoco la fiscalía, puede sostener equilibrios temporales indefinidamente.
El tiempo juega en contra siempre. A la firma del tercer acuerdo del Estado con Odebrecht siguió la devolución del saldo de la venta de Chaglla, la demanda al CIADI por el caso Gasoducto y la demanda que la compañía presentó contra Marcelo Odebrecht por chantajearla. A la segunda detención de Fujimori siguió el desmoronamiento de todas las órdenes de prisión preventiva que la fiscalía había ganado en ese caso. Y a la renuncia del señor Chávarry a la Fiscalía de la Nación ha seguido un proceso sostenido de interferencias que ahora se reabre con el pedido del Fiscal Galvez al Congreso para que investigue al Fiscal Sánchez, uno de los referentes más importantes de equilibrio institucional que conserva el Ministerio Público.
Una ola contra la impunidad puede convertirse luego en una campaña de negación. El factor que hace la diferencia es el tiempo. El error, no notar sus consecuencias corrosivas.
Publicado en El Comercio el 22 de abril de 2020.
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