Lavado de activos y financiamiento ilegal

Entrevista en Canal N, 29 de enero de 2019

Entrevista en RPP, 6 de enero de 2019

Entrevista en Canal N, 19 de diciembre de 2019

Entrevista en Canal N, el 19 de noviembre de 2019

Entrevista en RPP, el 16 de setiembre de 2019

TC. El caso Fujimori

Entrevista para la República

Publicado en la República el 21 de noviembre de 2019.

¿Cómo evalúa la revelación de la entrega de fondos de Dionisio Romero y Vito Rodríguez a Keiko Fujimori?

Siempre se ha dicho que hay ciertos comportamientos, irregulares o ilícitos, que las comunidades toleran por ciclos de tiempo, pero esas curvas de tolerancia se mueven. El sistema ahora criminaliza las captaciones de fondos irregulares y eso es importante, porque disponer de dinero de esa forma durante las campañas supone privatizar la política.

¿Qué entiende usted por privatizar la política?

Comprar a un candidato. Sea lo que sea que imaginen las personas que han hecho estas cosas, en los hechos fidelizan a un político a su favor.

Claro, si yo le obsequio cuatro millones a uno que puede ser presidente…

Me va a contestar el teléfono, ¿cierto? De otro lado, hay que sincerar las razones por las que se interviene en política. Si la Fiscalía sigue avanzando y establece que esto está relacionado con la formación de fortunas personales no declaradas para fines tributarios, entonces tenemos que la vida política sería casi un trabajo para generar ahorros clandestinos.

El negocio no es tanto ser presidente, sino candidato.

Así es, y eso podría explicar por qué tenemos 20 listas, la mayoría sin ninguna posibilidad de éxito. O podría explicar por qué nuestros membretes políticos, no voy a decir partidos, se parecen a las etiquetas de licencias para circular por la Carretera Central.

Romero y Rodríguez ¿han cometido delito?

Lo que hay que resaltar es que, si lo hubieran hecho ahora, sí lo habrían cometido. Esto es delictivo, lo que pasa es que debió serlo siempre y no lo era. No hay que celebrar que no haya habido una ley aplicable…

Es para lamentarlo.

De acuerdo. Y lo que hay que demandar es un reconocimiento del hecho, en el que se le pida perdón a la colectividad.

¿Qué le pareció la carta de Romero?

Una reivindicación innecesaria. Yo encuentro que más sentido ético tenía pedir perdón, reconocer que esto no debió hacerse y dar un paso al costado de la corporación que se dirige. Cada quien tiene derecho a sus preferencias políticas, pero ¿se justifica regalarle tres millones y medio de dólares a una candidata porque soy ‘antichavista’? ¡A alguien que nunca ganó! Encima, soy el que maneja los intereses de una comunidad que me entrega su dinero en ahorros y en inversiones. ¿Qué sentido tiene eso?

En la práctica, agarró tres millones 600 mil dólares y los arrojó por el desagüe.

Y declaró, además, que el dinero es de sus corporaciones, no de su fortuna personal. El sistema legal no protege a las inversiones privadas y a las corporaciones para que estas toleren patrones de influencia ilegal sobre el sistema político.

Los fondos que recibió Fujimori fueron en calidad de candidata presidencial, pero a la vez era congresista en licencia. ¿Eso cómo afecta el caso?

En la narración de los implicados, los fondos se entregaron para la campaña, pero a alguien que ostentaba un cargo público. En el caso de Susana Villarán, la campaña de la revocatoria se financió mientras era alcaldesa. En este caso, Fujimori era congresista y eso da una connotación de soborno posible, que la Fiscalía tendrá que aclarar y establecer.

Y si hay un sobornado, hay un sobornador.

Ese es el problema. Si esto es un soborno, el caso ya no está en la línea de “esto no era delito”. Si Fujimori era funcionaria cuando recibió el dinero, y con Villarán ya se estableció que eso es un soborno, la discusión se pone más seria. La Fiscalía y la misma defensa de Romero tienen que mostrarnos su posición. En estos momentos estamos más concentrados como colectivo en la revelación misma, no en las consecuencias legales. Tiene sentido que se pueda promover que otros aportantes de fondos salgan.

¿Y saber el monto total?

Así es. Vería con buenos ojos que la Fiscalía acepte canjear un eximente de responsabilidad a quienes entregaron dinero a esta agrupación, a cambio de que se revelen las cifras reales. Podríamos estar llegando a un punto en que se compruebe que hubo recursos capturados durante la campaña, que hayan formado una fortuna clandestina no revelada por fines tributarios y que el dinero se haya filtrado a la economía a través de fraudes. Y esa es otra veta de lavado de activos, ya no vinculado a la recepción de los fondos, sino a su uso posterior.

¿Independientemente del origen?

Es que podrían ser fondos limpios en su origen, pero en el momento en que me apodero de ellos, no los declaro para fines tributarios, simulo un origen distinto y los convierto en casas, autos o negocios, estoy lavando. Esto abre varias vetas. ¿La Fiscalía va a enganchar esto dentro del caso original (Lava Jato)? Si lo hace, va a amarrar una investigación que podría no acabar nunca y lo que la ciudadanía necesita es que el ciclo de los casos Odebrecht llegue a juicio. Este que es nuevo podría diferirse para un futuro inmediato, mientras toma forma.

Usted ha trabajado con José Ugaz. ¿Qué piensa de su defensa a Romero?

Respeto a José Ugaz, pero no puedo estar de acuerdo con el modo en que ha organizado la defensa del comportamiento del señor Romero. Hay que demandarle una disculpa, sin justificaciones. La pregunta es qué harán los reguladores, accionistas y clientes del sistema. Porque una cosa es usar fondos personales y, otra, fondos de corporaciones, que no se crean para esto. Las corporaciones son reguladas.

Para entender la audiencia sobre el acuerdo con Odebrecht del lunes 14

El acuerdo

Lavado - Entre el reconocimiento y la indiferencia

Sobre la elección de miembros del Tribunal Constitucional

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Acuerdo plenario sobre libertad provisional

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Cuándo y sobre qué bases negociar una controversia

Las curvas de tolerancia

NO TOMAR LAS PROHIBICIONES BÁSICAS DE UNA SOCIEDAD EN SERIO REPRESENTA TANTO COMO NO ABORDAR SERIAMENTE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS. ES LO MISMO QUE NO RESPETARNOS.

Con el establecimiento de la República fueron abolidos los castigos impuestos sobre el cuerpo de los condenados, las flagelaciones y las mutilaciones practicadas en plazas públicas. Después de la Segunda Guerra Mundial un enorme movimiento que desembocó en la constitución de Amnistía Internacional ha convertido la tortura en un crimen reconocido por la ley. Otros movimientos en desarrollo promueven aun ahora la abolición de la pena de muerte. En paralelo el terrorismo ha sido reconocido como un crimen distinto a los atentados individuales y a los asesinatos que comenten sus adherentes; el lavado de activos ha tomado forma también como un delito autónomo y las empresas ‘offshore’ y el secreto bancario comienzan a ser mirados bajo sospecha. A principio de los años ochenta se reconoció entre nosotros, en términos prácticos, que el uso de la violencia cotidiana en la educación de los niños está prohibido y ahora se aplican sanciones por acoso a profesores universitarios y jefes de oficina por la imposición de estilos de relación sexista que antes se mantenían invisibles.

La línea de las prohibiciones efectivamente acatadas o sancionadas se mueve con el paso del tiempo. De pronto encontramos que lo que antes parecía usual o cotidiano se reconoce como prohibido y se castiga. Nuestra tolerancia a determinadas situaciones que en verdad son transgresoras se mueve atendiendo a procesos de toma de conciencia sobre el ser y el merecer ser respetadas y respetados. Y se mueve también atendiendo a necesidades de control y protección reconocidas por las autoridades públicas.

Prohibiciones y tolerancia se mueven también en función a la lenta, demasiado lenta entre nosotros, conversión de espacios no regulados en espacios institucionalizados. Estamos comenzando a reconocer que en el país se trafica con niñas y niños, pero todavía no reconocemos que está prohibido comprar predios invadidos por mafias que los ponen en el mercado paralelo, sin títulos formales. “Prohibido pagar sobornos” y “prohibido apoderarte de bienes del Estado” son reglas que no fueron aprendidas por completo en tiempos de la transición pos-90. Pero pueden serlo ahora. Comenzamos a reconocer además que falsos mecenas clandestinos han financiado nuestros partidos políticos, pero no todos han encontrado valor para contar sus historias personales en voz alta.

En estos procesos las curvas de tolerancia se mueven; tienden a estrecharse con el paso del tiempo reduciendo progresivamente los espacios de impunidad “natural”, “asumida como normal”, o desplazándolos a nuevos nichos de impunidad que luego habría que abordar también y desmontar. La magia estriba en que este proceso no crea nuevas prohibiciones. Simplemente activa o redefine algunas que ya existían, pero aceptamos pasar por alto; algunas entre aquellas cuya transgresión venimos aceptando con absoluta naturalidad.

La impunidad es solo un subproducto de nuestra enorme e inaceptable tendencia aprendida a tolerar infracciones con absoluta indiferencia.

¿Cuántas prohibiciones reconocidas como vigentes aceptamos transgredir sin exigir consecuencias prácticas? Deberíamos incorporar entre nuestros indicadores de desarrollo institucional una “tasa de tolerancia aprendida”, una TTA que exprese en un coeficiente la cantidad de abusos frente a los que simplemente somos incapaces de reaccionar. Un país debería poder ser reconocido como “institucionalmente sólido” si la TTA resulta baja. Y debería ser considerado “inelegible” para colectivos como el OCDE, si la tasa resulta alta.

No tomar las prohibiciones básicas de una sociedad en serio representa tanto como no abordar seriamente los derechos de las personas. Es lo mismo que no respetarnos. Y sin respeto compartido conformarse como comunidad se convierte en imposible.

Sin embargo, podemos mover las curvas de tolerancia por nuestra propia iniciativa. “Ni Una Menos” esta ahí, como están los equipos de fiscales anticorrupción y contra la trata de personas. Están también el periodismo de investigación, el movimiento de defensa de derechos humanos y la defensoría. Me gustaría enumerar más agencias de contención de impunidad, pero temo que no abundan. Sin embargo, las pocas agencias que tenemos nos han dado más de una muestra de las cosas que se pueden hacer para confirmar que no somos una comunidad totalmente fallida.

Necesitamos convertir la reducción de nuestra tasa de tolerancia aprendida (que por cierto habrá que medir) en una meta colectiva. Necesitamos ser conscientes de que suma en este proceso cada movimiento que reclame la vigencia de una prohibición, cada acción colectiva que reclame nuevas formas de protección efectiva a personas expuestas, cada demanda de nuevos espacios que hagan posible que la responsabilidad de los infractores sea reclamada y hecha efectiva ante todos, de manera visible.

No es este un momento en que podamos esperar que la construcción de la ciudadanía, condición básica para la conversión de un conjunto en un país, nos venga de algún lugar distinto a nuestros propios espacios de interacción e intercambio.

Se trata de convertir el respeto mutuo en fundamento de nuestra coexistencia.

Publicado en El Comercio, el 26 de agosto de 2019.

Comparaciones inevitables

Denuncia del procurador Amado Enco

Entrevista en RPP, el 8 de agosto de 2019

La cuota