LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO
Integridad
El lanzamiento de la Comisión Presidencial de Integridad debe marcar un punto de no retorno en esta eterna lucha desarticulada –o a veces solo aparente– que mantenemos contra una corrupción que parece entrenada para corroernos inevitablemente.
¿Qué aporta una comisión? Nada si solo se dedica a hacer estudios y diagnósticos o a consolidar las innumerables listas de planes y acciones acumuladas en los 16 años que han pasado desde que se lanzó la primera consigna anticorrupción, uno de los tantos ideales de la transición que no cuajaron en resultados sostenibles. Y mucho si en lugar de repetir experiencias fallidas, se encarga de generar una serie de pactos efectivos de contención de prácticas corruptas en cada sector de la actividad social y económica de nuestra comunidad.
¿Cuándo un pacto es efectivo? Cuando no se agota en declaraciones de principios y se proyecta hasta la implantación de mecanismos capaces de generar resultados susceptibles de medición.
Necesitamos un pacto que justifique una renuncia colectiva a la protección extrema del secreto bancario. Un pacto que convierta en indebida la colecta de fondos no controlados con ocasión de las campañas políticas y que transparente las condiciones en que se concursan y ganan las licencias para obras públicas. Un pacto que resuelva el problema de las remuneraciones de la policía y elimine las sombras de sospecha que permanentemente se tejen sobre la manera en que esta interviene en casos legales.
Pero también necesitamos un pacto que establezca límites a la acción de los lobbies y a la gestión de intereses privados de las firmas legales. Un pacto que fije reglas claras que concentren la actividad de las agencias de investigación estatal de actos de corrupción en problemas reales (y no aparentes o solo sugestivos). Y necesitamos, por supuesto, un pacto que incremente visiblemente el margen de respaldo a iniciativas como el reforzamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, la extensión de los impedimentos para que personas condenadas por delitos dolosos graves no puedan volver a ejercer funciones públicas y la eliminación de límites como la prescripción para casos de sobornos y otros semejantes.
Dentro de esta larga lista, desde mi punto de vista, el acuerdo más importante debe ser un pacto dirigido a impedir el pago impune de sobornos. El soborno es el núcleo esencial de la corrupción, su expresión más intensa, el modelo básico de lo prohibido. Pero si revisamos las principales estadísticas de nuestro sistema, notaremos que estamos más preocupados por investigar contratos públicos (sin duda un objetivo importante) que en investigar los sobornos que pueden esconderse detrás de ellos. Y esto crea una distorsión. Es como si, siendo el primer país exportador de cocaína, nos preocupáramos solo por los insumos (actividad sin duda importante) y no por el tráfico en sí mismo.
¿Qué tan difícil puede ser ponernos de acuerdo en financiar el equipamiento de una nueva policía anticorrupción y las ya existentes fiscalías anticorrupción de manera que puedan reaccionar inmediatamente ante casos de soborno como reaccionan la policía y la fiscalía antidrogas ante los actos de tráfico de estupefacientes? ¿Hemos notado que las fiscalías antidrogas pierden menos casos que las fiscalías anticorrupción? ¿No será porque las primeras tienen más recursos para intervenir en casos flagrantes que las segundas?
Pero claro, a una comisión como la de Integridad no le toca establecer los detalles con los que debería reorganizarse la política de persecución de delitos de corrupción. Para eso está el Ministerio Público, y su conducción está en uno de los mejores momentos, de modo que hacer virar el centro de atención del sistema no debería ser un problema.
Lo que toca a la comisión es fijar las bases del acuerdo colectivo que debe sostener los objetivos y el volumen de asignación de recursos que un esfuerzo como este supone.
La cuestión sobre los sobornos constituye una llave fuerte para dar un golpe de timón a la conducción del sistema. Encuentro en esto un factor más intenso y más útil que la propia concentración de las procuradurías en un solo organismo (idea, por cierto, nada mala). En este momento necesitamos ideas claras y sencillas. Concentrarnos en un foco visible de tráfico ilegal como son los sobornos me parece todavía más importante que otras cosas también importantes, como esperar que la contraloría multiplique sus revisiones sobre contratos públicos ya firmados.
Debemos grabar en piedra una idea eje: El soborno está verdaderamente prohibido. Sobornar debe tener consecuencias prácticas claras, concluyentes e ineludibles. Nos toca construirlas.
Publicado en el Comercio el lunes 24 de Octubre de 2016
