Escuadrones de la muerte

LAS PRESUNTAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES COMETIDAS POR MIEMBROS DE LA PNP

Escuadrones de la muerte

El ministro del Interior debe anunciar en cualquier momento las conclusiones del grupo de trabajo al que encargó estudiar las denuncias sobre ejecuciones sumarias atribuidas al supuesto escuadrón liderado por el comandante Prado Ravines. La cuestión es polémica porque los principales investigadores sobre hechos de violencia del medio están divididos acerca de la verosimilitud de cada uno de los casos que han sido puestos en discusión hasta el momento. Nuestro antecedente más reciente, el caso contra el coronel Elidio Espinoza y nueve agentes de policía por los sucesos de octubre del 2007 (Trujillo) concluyó con una absolución en julio del 2013. En enero del 2016 también fue absuelto el coronel Zamudio, principal acusado por las condiciones en que fue abatido el terrorista Cruz Sánchez en abril de 1997.

Los casos de este tipo no son sencillos. Dependen de cuestiones complejas sobre la credibilidad y suficiencia de evidencias, antecedentes y testimonios que a veces resultan incompletos, sesgados o simplemente ambiguos. La necesidad simultánea de asegurar el debido proceso a los acusados y de impedir la impunidad crea en estos casos situaciones de absoluta tensión que solo pueden ser resueltas mediante investigaciones profundas y juicios públicos desarrollados en condiciones especialmente equilibradas.

Las denuncias actuales sostienen que, en los últimos años, un escuadrón de agentes de la policía ha simulado enfrentamientos para encubrir la ejecución de personas a las que ha presentado públicamente como criminales peligrosos. Por cierto, la cuestión a resolver en dichas investigaciones no pasa por confirmar si la asignación de esta etiqueta a los objetivos de esas operaciones era adecuada o no. Calificar a alguien en concreto como un delincuente peligroso siempre es equívoco, pero es muchísimo más equívoco si es un destacamento clandestino el que se arroga la atribución de hacer la diferencia conforme a su propio criterio, sin ningún control institucional. 

Hay además denuncias que indican que algunos objetivos ni siquiera eran delincuentes conforme a los propios registros de inteligencia. Si esto se llegara a confirmar, la historia resultaría especialmente horrenda. Asesinar delincuentes peligrosos selectivamente es inaceptable. Pero elegir objetivos al azar, por capricho o por razones absolutamente subjetivas o arbitrarias para crear escenas absolutamente falsas de efectividad policial está más allá de lo imaginable.

Las investigaciones deberán establecer si los hechos denunciados se produjeron o no en el marco de verdaderos enfrentamientos o en el marco de verdaderas situaciones de peligro para víctimas concretas previamente identificadas. El uso de las armas de una unidad regular de la policía en situaciones de este tipo es absolutamente legítimo, sin necesidad de hacer ejercicios ilusorios como comparar la cantidad de armas que hay de un lado o del otro o tratar de adivinar quién podría haber disparado primero. Pero constituye un crimen proceder fuera de estas condiciones o simularlas para encubrir verdaderos asesinatos.

Además está prohibido hacer trampas. Son trampas las maniobras por las que se induce a alguien, criminal o no, a cometer un delito que no había planeado por sí mismo, solo para lograr que se coloque ante la mira de quien espera intervenirlo o ejecutarlo. También son trampas los engaños que pueden ser generados para hacer que un agente de policía proceda creyendo que está impidiendo un crimen cuando la información que ha recibido es falsa. Si las investigaciones producen informaciones que describan este tipo de hechos, entonces quizá no tengamos delante un verdadero escuadrón de la muerte, pero sí un equipo absolutamente perverso, capaz de manipular incluso a agentes de la policía para generar resultados falsos, y esto es igualmente inaceptable.

El país de este siglo no es el país de los años 80. Esta vez debemos tomar todas las previsiones posibles para impedir que la muerte innecesaria se convierta en un falso instrumento de seguridad. Protocolos tan simples como incluir en el atuendo de las unidades regulares de la policía brazaletes de ubicación y cámaras livianas, puede facilitar la separación de casos serios de infundados. Aún no sabemos si las denuncias son ciertas o no. Pero sabemos qué es lo que hay que impedir. 

Publicado en El Comercio el lunes 22 de agosto de 2016