Los pasos siguientes

Los pasos siguientes
Por: César Azabache Caracciolo

Los recientes comentarios acerca de la seguridad evidencian que el primer objetivo imprescindible es obtener "una policía a tiempo completo", que combine el desarrollo de comisarías comunitarias con cuerpos especializados en criminalidad violenta y organizada. No obstante, además hay un entorno institucional que es preciso moldear.

La policía no cubre todo el sistema de reacción frente al delito. En el estado actual, estabilizar la capacidad de operativa de la policía sin hacer más cambios solo evidenciará otras falencias que provienen del retraso en el desarrollo del área de seguridad. Una buena investigación policial puede terminar en el fracaso sin un fiscal capaz de convertir las pruebas que la policía obtenga en base de un caso legal sostenible ante los tribunales. Un buen caso armado por la policía y la fiscalía puede también terminar en el fracaso si ambos no tienen delante un sistema judicial que pueda dotarles de medidas suficientes para asegurar que los delincuentes no escapen, que las evidencias necesarias puedan obtenerse incluso coactivamente y, al mismo tiempo, que el sistema no malgaste sus energías en casos absurdos.

Finalmente, el sistema necesita espacios adecuados para hacer de los arrestos temporales y del castigo al delito un vehículo que confirme ante todos que la ley está vigente y debe ser tomada en serio. La sensación de seguridad de la ciudadanía es fundamental porque determina la percepción de las personas sobre la presencia y legitimidad del Estado. Y no se obtiene con medidas parciales; se obtiene sobre la base de un sistema capaz de instalarse como referente de nuestras preocupaciones sobre lo justo y lo esperable en caso de abusos.

Además de una fuerte policía municipal o comunitaria "a tiempo completo", necesitamos que el Ministerio Público y el de Justicia se consoliden en adscripciones territoriales municipales que amplíen la visibilidad de sus funcionarios ante la población. Si hoy en día preguntamos a un poblador promedio quién es su alcalde, probablemente lo sepa. Pero si preguntamos quién es el comisario o el fiscal que investiga el crimen en su distrito, no tendrá respuesta alguna que dar. Y el silencio será mayor si le preguntamos dónde están sus tribunales o dónde se controla el cumplimiento de condenas en su vecindario. El silencio a estas preguntas revela el nivel que ha adquirido la ausencia de autoridad en la que se basa nuestra sensación de indefensión.

Hay ya un buen tramo recorrido en esta dirección, especialmente en el Judicial y en el Ministerio Público. Sin embargo, el esfuerzo hecho hasta el presente por expandir al sistema en Lima no se ha organizado en perspectiva  a su municipalización, ni ha venido acompañado de un desarrollo mínimo de la infraestructura penitenciaria. Sin duda el redimensionamiento del sistema para refundarlo desde un pilar municipal será especialmente complejo. Pero pasado cierto tiempo y tolerados los costos de la reforma, el sistema de estabilizará.

Todo cambio fundamental tiene sin duda un considerable costo financiero y toma tiempo. Pero sin duda un considerable costo financiero y toma tiempo. Pero si no comenzamos ahora, ¿cuánto tiempo más pasará hasta alcanzar al ideal de estabilidad que buscamos en materia de seguridad?  

La seguridad de todos

Por: César Azabache Caracciolo 

Desde mi punto de vista, la cuestión sobre la seguridad ciudadana, en lo que se refiere a Lima, solo puede resolverse municipalizando el sistema completo de justicia. Y quiero usar estas líneas para explicar esa conclusión.

La llamada seguridad ciudadana es una sensación colectiva y, como tal, es inasible. Por lo general, la inseguridad colectiva no se construye sobre la base de un incremento de las estadísticas sobre delitos. Cualquier estudio serio puede confirmar que Lima tiene tasas de delitos violentos inferiores a Ciudad de México o a Sao Paolo. Sin embargo, esta revelación no calmará la inseguridad de nadie. Las personas se sienten inseguras. Y esa sensación impulsa una demanda que debe, como no, ser satisfecha aunque no corresponda a estadísticas definidas.

Sin duda, los psicólogos sociales y los antropólogos puedan decirnos muchas cosas sobre el modo en que se organizan sensaciones colectivas como la inseguridad o el temor. Sin dejar de valorar estos aportes, parece claro, desde el punto de vista institucional, que ambas tienen que ver con ciertos desajustes en el sistema formal de reacción frente a infracciones. No podemos evitar de manera definitiva que las personas se sientan inseguras o sientan miedo, pero sí podemos compensar estas sensaciones ofreciéndoles determinados procedimientos que les permitan restablecer su confianza en el sistema. Estos procedimientos están relacionados a la organización de reacciones consistentes frente a eventos que llamamos infracciones, y que representan violaciones expresas a las normas de convivencia. No hay, por cierto, una relación directa o causal entre sensaciones como la inseguridad o el temor y nuestras respuestas institucionales frente a las infracciones que puedan cometerse. Pero sí hay entre ellas una relación de equilibrio que nos permite suponer que el funcionamiento razonable del sistema de reacción puede compensar el malestar que se expresa en inseguridad y temor, tanto como podemos asumir que los defectos en la coordinación del sistema pueden potenciar ambas sensaciones.

El sistema institucional de reacción frente a infracciones contiene cuatro procedimientos: vigilancia, identificación de infractores, juicios públicos y castigo a condenados.

Para funcionar de manera articulada, todos estos procedimientos deben estar coordinados y su funcionamiento debe ser visible y comprensible para la comunidad. Un sistema que opera sin que los habitantes sepan con cierta precisión quiénes son sus jueces, dónde se desarrollan sus juicios, para qué sirven o cómo se cumplen las condenas, es un sistema poco apto para provocar la confianza de los ciudadanos.

Pues bien, en el caso de Lima, la falla en la articulación del sistema es evidente. Desde los años 90, de manera intuitiva, hemos expandido un sistema de vigilancia urbana basado en el serenazgo. También hemos hecho determinados esfuerzos por profesionalizar a ciertos cuerpos especializados de investigación policial. En materia de juicios se ha trabajado intensamente en preparar la reforma de las reglas del procedimiento. Sin embargo, no se ha logrado modificar el mapa de distribución de fiscalías y juzgados de manera que guarde cierta proporción con la distribución demográfica de la ciudad. Y esto es muy grave.

En los hechos, la mayor cantidad de jueces de la ciudad se concentra en Lima Metropolitana. Las zonas sur, norte y este de la ciudad no tienen aún fiscales ni jueces en número ni ubicación que corresponda a su densidad poblacional. Tampoco tienen centros de detención temporal ni definitiva que ofrezcan una alternativa a la fuga de sospechosos. Estas dos disfunciones demográficas significan, en lo concreto, que los habitantes no interactúan en condiciones consistentes con fiscales y jueces, menos aún con juicios y casi de ninguna manera con la prisión o la ejecución de condenas. En estas condiciones, el sistema de reacción frente a infracciones es prácticamente invisible, y la contención institucional que ofrecemos a las sensaciones colectivas de inseguridad y temor, mínima.

En las actuales condiciones, la energía que han acumulado las municipalidades ofrece una oportunidad irreemplazable para corregir las disfunciones demográficas del sistema, y los orientan al servicio de los habitantes. Si con base en su esfuerzo se pudo desarrollar un sistema tan complejo como el de serenazgo, con base a ese mismo esfuerzo puede ahora estabilizarse un sistema que, de otra forma, seguirá siendo incapaz de satisfacer nuestra legítima demanda de tranquilidad colectiva.

Brazaletes y prisiones

Brazaletes y prisiones

César Azabache Caracciolo

Aunque son una buena medida, tal vez sea un error atribuir a los brazaletes, como parece estarse haciendo, un papel decisivo en la solución del problema de sobrepoblación en las cárceles. De hecho, los brazaletes deben resolver de plano los problemas que ha mostrado el uso intensivo del arresto domiciliario desde principio de la década pasada. Un brazalete cuesta, por definición, menos y probablemente sea más eficaz que un pelotón de agentes de policía vigilando la casa de un detenido. El sistema puede migrar ahora a la vigilancia electrónica, con lo que supera los problemas de falta de personal policial, y de paso puede expandirse para introducir la condena a prisión domiciliaria, que no existía en nuestro medio. Estas son, sin duda, buenas noticias. Pero el impacto estadístico de la medida podría ser más limitado de lo esperado.

Ocurre que en nuestro medio los casos con riesgo de condena por periodos menores a los 4 años no suelen provocar la detención de nadie. En estos casos es frecuente que sólo se mantenga al vigilado bajo reglas de conducta que son tan generales que pasan desapercibidas para cualquiera ¿Por qué? Porque en nuestro medio no hay centros transitorios de detención para procesados ni hay centros municipales para el cumplimiento de condenas. En ausencia de establecimientos intermedios, las cárceles se vuelven una respuesta atroz frente a delitos que pueden no merecer una solución tan grave. Y a falta de opciones, los jueces optan por condenas simbólicas¿Se va a usar los brazaletes para estos casos? Probablemente no, porque los brazaletes agravan el régimen de vigilancia que actualmente se usa, y nadie en su sano juicio va a aceptar portar un brazalete cuando la opción es tan insignificante como firmar un libro de control una vez al mes o algo semejante ¿Y entonces en qué casos se van a usar? Si algo no cambia, sólo se van a usar en los casos de riesgo de condenas de 4 años 1 día a 6 años. El problema es que este rango de casos, probablemente, sea estadísticamente muy poco relevante.

La paradoja es la siguiente: Para que los brazaletes operen de manera intensiva, el riesgo de ir a la cárcel debe romper el cerco de 4 años. Y esto requiere, contra lo que parece estarse creyendo, iniciar la construcción de centros municipales de detención transitoria, desarrollar centros municipales de cumplimiento de condenas para casos de baja peligrosidad y desarrollar sistemas municipales de vigilancia de cumplimiento de condenas y restricciones temporales a la libertad.

Es evidente que la estructura actual del INPE no puede asumir ese desafío. El espacio para la municipalización del sistema queda, por tanto, abierto de manera definitiva.