Cuando más es menos

SOBRE EL PROGRESO EN LA JUSTICIA NACIONAL

Cuando más es menos

Por: César Azabache Caracciolo. Ex procurador anticorrupción

Las detenciones de César Álvarez, Kléver Meléndez y Gregorio Santos marcan sin dudas un punto de inflexión en el modo de encarar los problemas de corrupción en el país. A diferencia del proceso iniciado con la divulgación de los videos de Montesinos, hace casi 15 años, esta vez los casos en debate no se organizan sobre revelaciones originadas fuera del sistema, sino que son el resultado de un trabajo paciente de elaboración de las propias entidades del sistema y esto merece un reconocimiento público. La fiscalía, la policía y la contraloría han mostrado que pueden formar equipos sumamente eficientes combinando la investigación rigurosa de organizaciones clandestinas y actos de soborno (trabajo que indudablemente corresponde a la policía) con la búsqueda de singularidades en cuentas y procedimientos administrativos (que corresponden a la contraloría). La combinación, equilibrada por la mediación de fiscalías evidentemente conscientes del sentido de su labor, ha generado casos de una gran solidez. No es usual que esto ocurra. Por eso es una excelente noticia. En medio de una compleja escena institucional, marcada por el problema de los nombramientos de fiscales supremos y por la secuela de las últimas elecciones del fiscal de la Nación, las fiscalías anticorrupción están mostrando lo que significa actuar sin protagonismos individuales y pensando en alcanzar objetivos de indiscutible interés público.

Hay 15 años de maduración y aprendizaje que respaldan estos casos. En el camino que sigue podrá haber ajustes, pero dudo de que pueda haber un punto de retorno que eclipse el significado del momento que ha generado el Ministerio Público con el inicio de estos procesos.

¿Por dónde seguir? Es muy importante evitar que el éxito y la precisión que se han exhibido en esta escena inaugural se deterioren sobreexponiendo el proceso en marcha a una serie masiva de denuncias indiscriminadas. El riesgo parece ser sumamente alto, si consideramos que, como ha trascendido, la fiscalía tiene en sus manos investigaciones contra 19 de los 25 gobiernos regionales en actividad, y más de 1.500 personas, contando solo funcionarios públicos. La concentración de los esfuerzos de la fiscalía en pocos casos cuidadosamente elegidos puede ser estadísticamente invisible, mientras la expansión de la lista puede producir cifras relevantes. Pero el precio del volumen puede ser muy alto si en el camino se pierde la calidad que muestran los resultados exhibidos hasta este momento. En este tipo de asuntos “más” no agrega valor; al contrario, pone en riesgo los objetivos del sistema.

A los economistas les gusta decir que los asuntos de la justicia penal son complejos porque el sistema actúa con un margen de error demasiado alto que es preciso reducir a cada momento. Tienen razón. Los recursos que manejan las fiscalías y los demás cuerpos del sistema (contraloría y policía en este caso) no solo son escasos sino que se comportan como los bienes perecibles: Se descomponen fácilmente si el entorno en que se emplean no se protege con mucho cuidado. El sistema entero se deprecia rápidamente cuando sus componentes comienzan a generar resultados equívocos. Por eso el equilibrio de la justicia penal se alcanza manteniendo la prudencia y el autocontrol, no cayendo en los errores que genera cualquier apresuramiento inoportuno.

Publicado en El Comercio el lunes 30 de junio del 2014