Acuerdo con Odebrecht

Entrevista en Canal N, el 5 de febrero de 2020

Entrevista en Canal N, el 5 de noviembre de 2019

Entrevista en RPP, el 26 de agosto  de 2019

Entrevista en Canal N, el 8 de agosto  de 2019

Entrevista en Radio Santa Rosa, el 3 de abril  de 2019

Entrevista en Ideele, el 27 de marzo de 2019

Entrevista en Canal N, el 22 de marzo de 2019

Entrevista en RPP, el 21 de marzo de 2019

Entrevista en Canal N, el 19 de marzo de 2019

Entrevista en RPP, el 5 de marzo de 2019

Entrevista en RPP, el 5 de marzo de 2019

Entrevista para Otra Mirada, el 7 de febrero de 2019

Entrevista en Canal N, el 7 de febrero de 2019

Entrevista en Canal N, el 24 de enero de 2019

Nuestro punto de partida

PUEDE NO GUSTARNOS, PERO ESTE ES NUESTRO PUNTO DE PARTIDA: UN ESCENARIO SIN PARTIDOS EN FORMA Y SIN RUTAS VISIBLES PARA CREARLAS.

En un artículo reciente, Juan de la Puente sugiere que acaso exista alguna relación entre la visible pobreza de la campaña que acaba de terminar y los resultados de las últimas reformas legales introducidas en la política. La prohibición de uso de publicidad privada y la introducción del delito por uso de fondos captados en violación a la ley de partidos, en conjunto, parecen haber provocado un cambio visible en el perfil del proceso electoral. Las elecciones no son más un ambiente de contenidos prefigurados desde la publicidad. Y no parecen ser más un espacio de circulación masiva de fondos no declarados.

Entonces, parece haber más bien una relación directa, no sugestiva o contingente, entre el perfil que adoptó esta campaña y el sentido de las últimas reformas del sistema político.

Pero no es que la falta de publicidad privada haya empobrecido la campaña. Es más bien al contrario: la publicidad privada generó, desde que se instaló entre nosotros en 1989, una distorsión comunicacional que ocultó en buena parte el proceso de adelgazamiento del discurso político que hemos vivido. Todavía las elecciones de 1990 mostraban un espectro de narraciones definidas: el Apra y las izquierdas estaban ancladas en las perspectivas ofrecidas por Haya de la Torre y por Mariátegui, mientras la derecha intentaba el difícil ejercicio de amalgamar el legado de Riva Agüero, cierto pensamiento social cristiano y el espíritu modernizante del entonces nuevo reformismo neoliberal. Han pasado 30 años desde entonces y ahora la política pretende sostenerse sin anclajes o referencias ideológicas estructuradas.

La publicidad privada encubrió el adelgazamiento de nuestros discursos sobre lo político. Saturó la escena, creando una burbuja de apariencias que llenó de falsa intensidad las elecciones. El lema y el tuit desplazaron al principio y al concepto. Financiamos fanfarrias ensordecedoras que ocultaban cuerpos raquíticos sin competencia comunicacional. Frivolizamos la política. Y ahora la fanfarria ha desaparecido. Y su ausencia ha dejado al descubierto, en toda su estrechez, el precario resultado que ha generado ese proceso.

Esto que hemos visto, en muy buena parte, es el resultado de un proceso que hemos venido generando, ahora ya desprovisto de maquillaje publicitario. Sin duda la corrosión del sistema de representación parlamentaria hace su parte en esta historia. Pero la ausencia de publicidad privada pone una cuota de visibilidad al estado de las cosas que no puede pasar desapercibido.

Puede no gustarnos, pero este es nuestro punto de partida: un escenario sin partidos en forma y sin rutas visibles para crearlos; un colectivo de personas que disputa rostro por rostro la posibilidad de representar ya sea a un centro poroso y sin forma definida, a una derecha que abandonó hace mucho cualquier abordaje serio a sus propios fundamentos o a una izquierda indecisa entre la defensa de los derechos civiles o su subordinación a programas autoritarios como el de Maduro.

Es curioso, además, que nuestro discurso sobre lo político se muestre tan precario en un momento en que la agenda pública está tan clara: tenemos pendiente reactivar la inversión pública y la privada, y revisar los procedimientos de negociación entre proyectos de inversión y ciudadanos y comunidades. Tenemos que encontrar la manera de desentrampar la ejecución del gasto público. También tenemos que definir una forma creativa de abordar la informalidad y los impuestos. Y sobre todo tenemos que poner al día la cobertura de los servicios públicos, incluidos seguridad ciudadana y justicia, pero sobre todo los de salud y educación.

Arrastramos también asuntos pendientes. No hemos resuelto los problemas de gobierno que arrastra el Ministerio Público. No hemos logrado cerrar el capítulo abierto por los casos de Odebrecht, que ni siquiera han entrado a juicio, y no hemos estabilizado nuestros equipos de magistrados, afectados por el descubrimiento de la red tejida por Hinostroza y Ríos. También tendremos que poner al día estos asuntos. Es imprescindible cerrar todos los ciclos abiertos de castigo necesario. La impunidad siempre es regresiva. Pero sería saludable que estos temas no ocupen más las primeras páginas de nuestras agendas públicas.

No es en la agenda sobre el castigo y la impunidad en la que se construirán los fundamentos institucionales que nos hacen falta. Debemos perseverar en la lucha contra la impunidad, pero en un contexto en el que llenemos las primeras páginas de nuestras agendas comunes con contenidos relacionados con las áreas de actividad en la que hay cosas por hacer.

Es momento de discutir propuestas claras asunto por asunto, sin anteponer más la división del mundo entre aliados y enemigos, como ahora estamos haciendo. Tenemos universidades, gremios y organizaciones sociales con propuestas ensambladas. Vamos tema por tema, jamás en paquetes cerrados; discutamos en foros abiertos y adoptemos las decisiones que haya que tomar, las que seamos capaces de sostener.

No puede ser tan difícil, si además nos hace tanta falta.

Publicado en El Comercio el 23 de enero de 2020.

Día 26

Sin duda, el anuncio reciente de la señora Fujimori, que se alejara de la política “por un tiempo”, está alineado a lo que su defensa necesita mostrar en una audiencia en la que se discutirá cuánto control puede tener en el futuro sobre el comportamiento de su propia organización.

En tres días más se discutirá entre nosotros el segundo pedido que la fiscalía ha presentado buscando que la señora Fujimori espere juicio en prisión. La última escena de este caso contiene una decisión de la Corte Suprema que justificó la prisión como medida. Contiene también una decisión del pleno de la Corte Suprema que, sin afectar el contenido de esa decisión, confirmó el sentido de las reglas que aplican a estos casos. Pero contiene también una decisión de la mayoría del Tribunal Constitucional (TC) que, contradiciendo a la corte, provocó la excarcelación de la señora Fujimori sin dejar un mensaje claro o uniforme sobre los fundamentos de su decisión.

La que viene es, sin lugar a dudas, una audiencia de insistencia, en la que la fiscalía procede contando con que el Poder Judicial no tiene por qué sentirse vinculado por las consideraciones de la mayoría del Constitucional, ciertamente confusas. La propia mayoría desperdició la oportunidad de mejorar su fallo desestimando de plano el pedido de aclaración que el judicial presentó ante ella. La fiscalía sin duda debe estar contando con que la siguiente discusión en el TC sobre este caso, si se presenta, se llevará a cabo con un tribunal integrado por nuevos magistrados, que tampoco tendrían por qué sentirse vinculados por un fallo que ha sido más que polémico en su contenido.

Nuevamente, la elección de los jueces del TC se convierte en una llave maestra para prefigurar la decisión final en este caso.

En la audiencia del 26, tendrá que discutirse, es inevitable, la teoría del magistrado Ramos. Al formar la mayoría, el magistrado Ramos declaró que procedía porque el principal factor de interferencia que él encontraba en el caso se relacionaba con el control que la señora Fujimori ejerció sobre la mayoría en el Congreso disuelto. Para él, la medida dejó de ser necesaria después de la disolución del Parlamento.

Se ha discutido abundantemente si el magistrado Ramos tenía o no derecho a sostener esa opinión en un debate sobre decisiones judiciales que fueron adoptadas antes del cierre del Congreso. Discusión importante. Pero las cuestiones sobre la oportunidad de estos comentarios desaparecerán en la audiencia del 26. Este es un caso sobre interferencias y no sobre fugas. En el debate del 26, la fiscalía deberá explicarnos cuáles son las fuentes de interferencias que espera bloquear esta vez. Probablemente, la fiscalía presentará un caso distinto, que ahora estará basado en la enorme importancia que siguen teniendo en sus investigaciones los testimonios de personas que fueron próximas a la señora Fujimori y que ahora están revelando aspectos sensibles de su comportamiento sobre los fondos entregados por terceros para el sostenimiento de sus actividades. Probablemente, la fiscalía presentará un caso en el que la necesidad de la detención resultará de la preservación y ampliación de esos nuevos testimonios, algunos de los cuales podrían expandir las investigaciones a la campaña del 2016 o generar un caso nuevo sobre ese período. Sin duda, el anuncio reciente de la señora Fujimori, que se alejara de la política “por un tiempo”, está alineado a lo que su defensa necesita mostrar en una audiencia en la que se discutirá cuánto control puede tener en el futuro sobre el comportamiento de su propia organización.

Imposible dejar de notar además que entre nosotros la prisión preventiva no es aún un vehículo instrumental claramente circunscrito a resolver problemas relacionados con la contención de fugas o de interferencias con investigaciones en proceso. Entre nosotros, la prisión preventiva sigue operando como un espacio de refugio que permite al sistema eludir las consecuencias de sus propias demoras en la producción de acusaciones oportunas.

Tenemos aún fisuras legales que siguen permitiendo que las cosas se nos escapen de control. El tiempo en que se organizan los casos penales es una cuestión enteramente fuera de control. Cuando hayamos cerrado este ciclo, tendremos que revisar si los procedimientos de 36 meses de investigación tienen sentido o no. Tendremos que revisar también si 36 meses es un plazo razonable para que alguien espere juicio en prisión o si un plazo tan extenso forma ya en realidad una suerte de condena encubierta. El tiempo es una llave que debe permitirnos equilibrar estos asuntos. En este caso en particular, creo que un fiscal que pide que alguien espere juicio en prisión debería poder decirnos claramente cuándo espera tener lista su acusación. Pienso que el plazo debería funcionar como una carga que desestimule el proceder a ciegas.

En este caso, por ejemplo, el juzgado no debería pasar por alto que la medida original impuesta a la señora Fujimori se extendía hasta mayo del año que viene.

Asociar el tiempo a las cargas del proceso debería permitirnos no perder de vista el objetivo del sistema: se trata de llegar a juicio, no de obtener medidas de reemplazo.

Publicado en EC, el 23 de diciembre de 2019.

Lavado de activos y financiamiento ilegal

Entrevista en Canal N, 29 de enero de 2019

Entrevista en RPP, 6 de enero de 2019

Entrevista en Canal N, 19 de diciembre de 2019

Entrevista en Canal N, el 19 de noviembre de 2019

Entrevista en RPP, el 16 de setiembre de 2019

TC. El caso Fujimori

Entrevista para la República

Publicado en la República el 21 de noviembre de 2019.

¿Cómo evalúa la revelación de la entrega de fondos de Dionisio Romero y Vito Rodríguez a Keiko Fujimori?

Siempre se ha dicho que hay ciertos comportamientos, irregulares o ilícitos, que las comunidades toleran por ciclos de tiempo, pero esas curvas de tolerancia se mueven. El sistema ahora criminaliza las captaciones de fondos irregulares y eso es importante, porque disponer de dinero de esa forma durante las campañas supone privatizar la política.

¿Qué entiende usted por privatizar la política?

Comprar a un candidato. Sea lo que sea que imaginen las personas que han hecho estas cosas, en los hechos fidelizan a un político a su favor.

Claro, si yo le obsequio cuatro millones a uno que puede ser presidente…

Me va a contestar el teléfono, ¿cierto? De otro lado, hay que sincerar las razones por las que se interviene en política. Si la Fiscalía sigue avanzando y establece que esto está relacionado con la formación de fortunas personales no declaradas para fines tributarios, entonces tenemos que la vida política sería casi un trabajo para generar ahorros clandestinos.

El negocio no es tanto ser presidente, sino candidato.

Así es, y eso podría explicar por qué tenemos 20 listas, la mayoría sin ninguna posibilidad de éxito. O podría explicar por qué nuestros membretes políticos, no voy a decir partidos, se parecen a las etiquetas de licencias para circular por la Carretera Central.

Romero y Rodríguez ¿han cometido delito?

Lo que hay que resaltar es que, si lo hubieran hecho ahora, sí lo habrían cometido. Esto es delictivo, lo que pasa es que debió serlo siempre y no lo era. No hay que celebrar que no haya habido una ley aplicable…

Es para lamentarlo.

De acuerdo. Y lo que hay que demandar es un reconocimiento del hecho, en el que se le pida perdón a la colectividad.

¿Qué le pareció la carta de Romero?

Una reivindicación innecesaria. Yo encuentro que más sentido ético tenía pedir perdón, reconocer que esto no debió hacerse y dar un paso al costado de la corporación que se dirige. Cada quien tiene derecho a sus preferencias políticas, pero ¿se justifica regalarle tres millones y medio de dólares a una candidata porque soy ‘antichavista’? ¡A alguien que nunca ganó! Encima, soy el que maneja los intereses de una comunidad que me entrega su dinero en ahorros y en inversiones. ¿Qué sentido tiene eso?

En la práctica, agarró tres millones 600 mil dólares y los arrojó por el desagüe.

Y declaró, además, que el dinero es de sus corporaciones, no de su fortuna personal. El sistema legal no protege a las inversiones privadas y a las corporaciones para que estas toleren patrones de influencia ilegal sobre el sistema político.

Los fondos que recibió Fujimori fueron en calidad de candidata presidencial, pero a la vez era congresista en licencia. ¿Eso cómo afecta el caso?

En la narración de los implicados, los fondos se entregaron para la campaña, pero a alguien que ostentaba un cargo público. En el caso de Susana Villarán, la campaña de la revocatoria se financió mientras era alcaldesa. En este caso, Fujimori era congresista y eso da una connotación de soborno posible, que la Fiscalía tendrá que aclarar y establecer.

Y si hay un sobornado, hay un sobornador.

Ese es el problema. Si esto es un soborno, el caso ya no está en la línea de “esto no era delito”. Si Fujimori era funcionaria cuando recibió el dinero, y con Villarán ya se estableció que eso es un soborno, la discusión se pone más seria. La Fiscalía y la misma defensa de Romero tienen que mostrarnos su posición. En estos momentos estamos más concentrados como colectivo en la revelación misma, no en las consecuencias legales. Tiene sentido que se pueda promover que otros aportantes de fondos salgan.

¿Y saber el monto total?

Así es. Vería con buenos ojos que la Fiscalía acepte canjear un eximente de responsabilidad a quienes entregaron dinero a esta agrupación, a cambio de que se revelen las cifras reales. Podríamos estar llegando a un punto en que se compruebe que hubo recursos capturados durante la campaña, que hayan formado una fortuna clandestina no revelada por fines tributarios y que el dinero se haya filtrado a la economía a través de fraudes. Y esa es otra veta de lavado de activos, ya no vinculado a la recepción de los fondos, sino a su uso posterior.

¿Independientemente del origen?

Es que podrían ser fondos limpios en su origen, pero en el momento en que me apodero de ellos, no los declaro para fines tributarios, simulo un origen distinto y los convierto en casas, autos o negocios, estoy lavando. Esto abre varias vetas. ¿La Fiscalía va a enganchar esto dentro del caso original (Lava Jato)? Si lo hace, va a amarrar una investigación que podría no acabar nunca y lo que la ciudadanía necesita es que el ciclo de los casos Odebrecht llegue a juicio. Este que es nuevo podría diferirse para un futuro inmediato, mientras toma forma.

Usted ha trabajado con José Ugaz. ¿Qué piensa de su defensa a Romero?

Respeto a José Ugaz, pero no puedo estar de acuerdo con el modo en que ha organizado la defensa del comportamiento del señor Romero. Hay que demandarle una disculpa, sin justificaciones. La pregunta es qué harán los reguladores, accionistas y clientes del sistema. Porque una cosa es usar fondos personales y, otra, fondos de corporaciones, que no se crean para esto. Las corporaciones son reguladas.

Para entender la audiencia sobre el acuerdo con Odebrecht del lunes 14