jueves, 10 de mayo de 2018

Caso Humala-Heredia


                         

“La Fiscalía ha regalado una narrativa de la victimización a Ollanta Humala”

El exprocurador anticorrupción, César Azabache, comenta que la decisión de incautar la vivienda donde vivía la familia Humala-Heredia no tiene justificación legal. Cree que la Fiscalía buscó una opción alterna luego del revés que sufrió con el fallo del Tribunal Constitucional, que ordenó la liberación de la expareja presidencial. Pero, añade, decidió muy mal.

¿Cuáles considera que son las consecuencias de la incautación ordenada contra el inmueble de los Humala-Heredia?
Lo que se ha demostrado en este caso es que es capaz de pasar por alto consecuencias colaterales como afectar el normal desarrollo de niños. Esos no son detalles. En términos de moral pública, es una decisión lamentable, poco seria.

¿Y desde lo jurídico?
En ese plano debo decir que es la primera vez que estoy absolutamente de acuerdo con la defensa de Humala: no tiene ninguna justificación legal, se le mire por donde se le mire. Las incautaciones existen para intervenir, de urgencia, en situaciones en proceso. Si la Policía interviene un laboratorio clandestino de elaboración de estupefacientes, el local se incauta porque nadie se va a poner a leer los títulos de propiedad en ese momento. Esta Fiscalía (que lidera Germán Juárez) viene arrastrando un compromiso adoptado a mediados del año pasado para presentar una acusación. Bueno, no existe tal acusación. En vez de estar concentrada…

En armar su caso.
Claro, cuando debería demostrarnos que tiene un caso sólido, va a recibir todas las críticas por esta decisión.

¿Pero tiene un caso sólido, desde su punto de vista?
Yo había quedado convencido de que lo tenía. Eso fue en julio del año pasado (cuando se ordenó la prisión preventiva contra los Humala-Heredia).

Y desde ahí, se ha avanzado muy poco.
No tenemos ningún resultado. Entonces, una de dos: o la Fiscalía no estaba lista y nos vendió una imagen falsa, o sí estaba lista y se ha retrasado.

¿Es una decisión que afecta la lucha anticorrupción?
Sí, claro, en la medida que estamos ante un caso emblema y los mensajes ya empiezan a ser profundamente ambiguos.

¿Qué debería hacer la Fiscalía entonces?
Dar un paso que, creo, es necesario aprender como comunidad: se llama retroceder, reconocer una equivocación.

Es decir, retirar el pedido de incautación.
Antes de que esta discusión termine generando más confusión. Aprenderemos poco, institucionalmente, si no hay una rectificación.

¿Entiende la lógica detrás de la incautación?
Yo creo que cualquier teoría va a ser confirmada, porque la medida es tan absurda como para tener una explicación alterna defendible. La teoría de la venganza por el fallo adverso en el Tribunal Constitucional explica la escena. Todo lo que se diga se vuelve creíble de inmediato en un contexto así.

Claro. ¿Pero es posible entender el razonamiento de la Fiscalía y del juez?
Hay un manual no escrito de la litigación. Los abogados producimos comportamientos homogéneos…

Usos y costumbres.
Eso. Si una medida se revierte, se busca una alterna que, aunque no sea equivalente, por lo menos genere un efecto simbólico que llene el vacío, para decirlo de alguna manera. Frente al fallo del TC, la Fiscalía buscó su medida alterna, pero la decisión fue pésima. La detención de los Humala era discutible en términos conceptuales…

Era un debate legal, con posiciones a favor y en contra.
Era un debate razonable. ¿Pero esta incautación? No por Dios. Lo único que hace es ridiculizar la discusión que hemos tenido por casi un año sobre la detención preventiva de los Humala.

¿No hay responsabilidad en los periodistas, en los abogados, en los ciudadanos? No hemos sido capaces de percibir la transgresión de los límites.
Sí. Creo que la indignación por estos casos de corrupción ha sido tanta que, quizás, hemos fallado todos en no dejar claro a tiempo que existen límites que no se pueden traspasar. Y han sido traspasados. Creí que la sentencia del TC iba a servir para advertirnos a todos que el borde había sido tocado.

¿Pensaba que la Fiscalía acusaría recibo?
Sí. Y en lugar de que la Fiscalía percibiera que había tocado el borde y que tenía que reorganizarse…

¿Se enfrentó al TC?
¡Así es! Se ha puesto cara a cara con el TC, lo ha pechado. Hay que volver al núcleo del proceso, que resumo en estas tres preguntas: ¿Odebrecht va a indemnizarnos o no?; ¿va a haber juicios oportunos y contra quiénes?; ¿cuáles van a ser las reglas para no entrar a una historia sin final?

Se ha levantado políticamente a Humala.
Le han regalado una narrativa que no tenía. Políticamente no existía, digamos. De alguna manera la sentencia del TC había logrado un equilibrio: no sostener por más tiempo la detención y no empoderarlo.

Aunque salió de la cárcel sin acusación.
De acuerdo, salió merecidamente ganador. Pero el TC dejó en claro, con cuidado, que Humala y Heredia salían por una falla en el modo de concebir la prisión preventiva. Luego de eso, la Fiscalía le acaba de regalar una narrativa de la victimización.

¿Hay diferencia en el trato en el caso de las investigaciones contra políticos?
No. Los casos legales no se presentan de acuerdo a las expectativas de cada quien. En los años de transición alguien tan serio como Javier Diez Canseco nos preguntaba por qué no habíamos empezado con el golpe de Estado como caso emblema en las investigaciones contra el régimen de los noventa si es que, desde cierta lectura que yo comparto, los desórdenes institucionales de esa época…

Empezaron el 5 de abril.
Efectivamente. Y le tuvimos que explicar que los casos legales no se organizan en perspectiva histórica sino sobre la base de resultados prácticos. Del mismo modo, un caso en concreto como el que tiene que ver con manejos de fondos de la familia Humala-Heredia no tiene que aspirar a recoger todo. Y lo que temo es que la Fiscalía se ha demorado por querer describir el caso perfecto, completo y universal.

Pero eso no existe.
Los casos perfectos no existen. Los casos legales no son para hacer historia, son para generar resultados prácticos. Ser expansivos es la peor decisión. Mi impresión es que donde más rápido se está avanzando es con Alejandro Toledo. Claro, es menos visible porque él está prófugo y los Humala estaban dentro. La Fiscalía nos debe mostrar a todos que es capaz de administrar, además de las evidencias, el tiempo que toma llegar a juicio.

Por Enrique Patriau, publicado en La República el 9 de mayo de 2018.





"Ni con la acusación estaba justificada una incautación"

Para el ex procurador anticorrupción  César Azabache , la orden de incautación contra los bienes del ex presidente  Ollanta Humala y de su esposa  Nadine Heredia es “desproporcionada”. A su juicio, hubo un exceso de parte del magistrado Richard Concepción Carhuancho de “dejar prácticamente en la calle” a personas que aún siguen siendo investigadas. “Sigo creyendo que el caso Humala-Heredia debe llegar a juicio cuanto antes. Pero estas incautaciones me parecen innecesarias”, sostiene. En esta entrevista, sustenta su postura.


¿Es adecuada la orden de incautación dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho?
Esta decisión es inaceptable, y lo es por dos razones. Primero, para asegurar que inmuebles sean decomisados al final de un proceso no es imprescindible incautarlos durante el mismo. Los inmuebles no se escapan. Y segundo, la incautación solo está recomendada para cuando hay presencia de testaferros o incertidumbre absoluta sobre títulos y documentos, pero no para inmuebles perfectamente registrados. 
¿Para qué casos, entonces, aplica este tipo de disposiciones judiciales?
Todas las medidas provisionales deben respetar tres principios: de necesidad, temporalidad y proporcionalidad. No es proporcional incautar un inmueble en el que vive un niño, y en este caso hay tres menores. 
¿El embargo de bienes hubiera sido suficiente en este caso?
El embargo no tiene nada que ver aquí, porque estamos ante delitos penales. Bastaba con prohibirle a la ex pareja presidencial vender los inmuebles y aplicarles prohibición a los registros. Jamás debe aplicarse una medida como esta en inmuebles en los que viven niños. 
Según la resolución, estas propiedades habrían sido adquiridas con fuentes ilícitas.
Eso no tiene ninguna relación con una medida de incautación. 
¿Qué puede haber interpretado el juez para emitir una disposición como esta?
No tengo la menor idea, pero esto no tiene ningún sentido. No puedo entender por qué lo ha hecho. Insisto, hubiera sido suficiente con prohibirles a los investigados transferir sus bienes, inscribir esa medida en los registros públicos y punto. 
¿En qué etapa de la investigación podía aplicarse esta medida?
En ninguna. Esto que acaba de pasar no ha existido antes. Ni siquiera presentando la acusación esta medida estaba justificada. 
¿Cree que la Fiscalía formuló la solicitud de incautación porque tiene claro que se cometieron los delitos que imputa a los investigados?
Este caso tiene que entrar ya a juicio, sin más dilaciones. La pregunta a contestar es: ¿la Fiscalía tiene un caso? Si es así, que presente ya la acusación, pero que no nos venga con estas cosas que son innecesarias.

Publicado en Perú 21 el 8 de mayo de 2018

lunes, 23 de abril de 2018

Nuestra fatal indiferencia


LA PRISIÓN DOMICILIARIA DE OSMÁN MOROTE

Nuestra fatal indiferencia


Descubrimos el avance del Movadef cuando ya habían construido un mausoleo entero, y nos pusimos en alerta por el final del ciclo de vigencia de las condenas por terrorismo solo cuando teníamos encima el agotamiento de sus plazos.  

Temo que ahora, con Osmán Morote en prisión domiciliaria, estamos pagando las consecuencias de haber intentado resolver problemas fundamentales con simples coartadas de corto alcance. El sistema legal funciona como una trampa de límites que deben ser administrados, de hecho, con algo más de habilidad que la que usualmente pone en evidencia la improvisación y las reacciones de urgencia.  

Morote fue detenido en junio de 1988, cuando las reglas sobre cadena perpetua aún no existían. Se le condenó a 18 años de cárcel. Después de los sucesos de abril de 1992, se elevó su condena a prisión perpetua, por decisión de la justicia militar. Sin embargo, los cargos acumulados en su contra se referían solo a atentados cometidos hasta junio de 1991. En octubre del 2006 un tribunal ordinario advirtió este defecto y redujo su condena a 25 años, advirtiendo además que el plazo se cumpliría en junio del 2013.  De una manera u otra, la sentencia de octubre del 2006 nos concedió siete años enteros para organizar un caso complementario que corrija el defecto y permita homologar la condena de Morote a las de los cabecillas del senderismo, a los que se impuso prisión perpetua. 

Había dos maneras de hacerlo: volver a presentar cargos contra Morote por los hechos que permitieron que el resto de la cúpula senderista sea condenada a prisión perpetua (los hechos que en su caso fueron omitidos) o hacer un segundo proceso solo contra él por hechos como el atentado de la calle Tarata, de julio de 1992. Ese caso complementario debió lanzarse no bien se leyó la sentencia de octubre del 2006. Y organizado como un procedimiento complementario, corto, dirigido contra él con un solo objetivo, el caso podría haber terminado en el 2008 o en el 2009, antes de que se venciera la condena original.  

Pero dejamos pasar siete años casi completos sin resolver esto. Solo en marzo del 2013, a poco de cumplirse la fecha anunciada, el Ministerio Público obtuvo una nueva orden de detención que impidió a Morote salir de la cárcel, pero solo temporalmente. La orden provino de los cargos que la fiscalía presentó en su contra por la masacre de Soras, un crimen horrendo perpetrado por el senderismo en julio de 1984. Luego vinieron las órdenes de prisión provisional de los casos Tarata y Perseo. Pero las tres fueron atadas a casos complejos, en los que se acumularon cargos contra tantas personas que los procesos estaban destinados a durar todo lo que han durado.  

Los cargos por el Caso Tarata, por ejemplo, llegaron al judicial solo en setiembre del 2014, ocho años después de la condena original. Y además de llegar tarde incluyeron a toda la cúpula del senderismo, también a quienes ya estaban condenados a una prisión perpetua que para entonces era imposible modificar. El atentado es moralmente reprochable a la cúpula del senderismo, sin duda. Pero era innecesario llevar a juicio a aquellos que ya cumplen prisión perpetua, porque respecto a ellos el juicio no va a producir consecuencias prácticas que modifiquen nada en absoluto.  

Para estos últimos, además, el juicio no representa riesgo alguno. Acaso solo la oportunidad de contar con un escenario simbólico que les permite mostrarse públicamente como colectivo y generar imágenes como aquella que los muestra celebrando la liberación de Morote, ante nuestros ojos atónitos.  

El resultado: un juicio largo y tardío en reemplazo de lo que se necesitaba: uno corto y dirigido directamente a homologar la condena impuesta contra Morote.  

Un mal plan produce malos resultados. Sin embargo, el problema real sigue siendo homologar la situación de Morote a la que corresponde a los demás cabecillas del senderismo, que ya cumplen prisión perpetua. Y aunque la ruta establecida para alcanzar esa meta no es la mejor, esta es ahora la única que podemos transitar.  

Morote debe regresar a prisión. Pero hay dos opciones para lograrlo y no solo una. La Corte Suprema puede revocar la orden que aprobó el inmueble de Chaclacayo como centro de reclusión temporal. Pero esta alternativa reproduce el error que hemos cometido todo este tiempo: contener a Morote en prisión en lugar de organizar las cosas de manera que se logre homologar su situación a la que hemos impuesto a los demás cabecillas del senderismo. Entonces deberíamos concentrarnos en lograr que la sala modifique su concepción del tiempo y termine este juicio lo más pronto que sea posible.  

Convirtamos la sentencia que está por venir en un documento que ponga en limpio el sentido moral de esta difícil historia.

Publicado en El Comercio, el lunes 23 de abril del 2018.


jueves, 5 de abril de 2018

Caso Humala Heredia

Entrevista en Canal N con Mávila Huertas, 9 de mayo de 2018

Entrevista en Canal N con Augusto Thorndike, 8 de mayo de 2018

Entrevista en RPP con Aldo Mariátegui y Fernando Carvalho, 8 de mayo de 2018


Entrevista en Canal N con Mávila Huertas, 30 de abril de 2018


Entrevista en Buenos Días Perú con Pamela Acosta y Mabel Huertas, 27 de abril de 2018


Entrevista en RPP con Aldo Mariátegui, 10 de abril de 2018


Entrevista en Radio Capital con Christian Hudtwalker, 5 de abril de 2018


Entrevista en Canal N con Mavila Huertas, 5 de abril de 2018

lunes, 26 de marzo de 2018

Caso Kuczynski

Entrevista en ATV  con Milagros Leiva, 29 de marzo de 2018


Entrevista en Buenos Días Perú con Paco Flores y Pame Acosta, 28 de marzo de 2018


Entrevista en Canal N con Mávila Huertas, 26 de marzo de 2018





A PEDIDO DE LA FISCALÍA, EL PODER JUDICIAL ORDENÓ HOY UN PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS CONTRA PPK POR 18 MESES, TAMBIÉN EL ALLANAMIETO DE TRES INMUEBLES A SU NOMBRE.

PPK: ¿Son proporcionales las medidas contra el ex presidente?

Un día después de que el Congreso aceptó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la presidencia, el Poder Judicial dictó dos medidas en su contra: un impedimento de salida del país de 18 meses y el allanamiento a tres inmuebles a su nombre ubicados en San Isidro y Cieneguilla.

Y PPK tuvo dos reacciones. Una a través de su abogado, César Nakazaki, quien dijo que se allanaban a cualquier decisión para contribuir con las autoridades. La otra fue más política y confrontacional a través de sus redes sociales.

"Daré todas las facilidades del caso [...] Dejemos atrás el show mediático y no sigamos dañando la imagen del país. Que la persecución y la venganza política no se instalen en nuestro país", escribió vía Twitter.

Consultado por El Comercio, el abogado penalista Yván Montoya consideró que, más allá de las críticas del ex presidente, ambas decisiones odernadas por el Poder Judicial son proporcionales, tomando en cuenta que PPK es investigado por un delito común, que es lavado de activos.

"Al día siguiente de su renuncia, el ex presidente ya no goza de ninguna protección. A PPK no se le está imputando algo que no sea lavado de activos. Si hubiera sido por actos dentro de su función, quizá sí hubiera tenido algún tipo de protección, pero ante un delito común no hay ninguna consideración", manifestó.

Montoya señaló también que el impedimento de salida del país es la medida cautelar menos invasiva del sistema y la que menos derechos afecta.

"El estándar es que esta restricción es la más simple de todas y lo único que busca es que el ex presidente no salga del país, por lo que es proporcional al estado de la investigación, a la presunta vinculación de PPK con los delitos investigados y a los indicios que tiene Hamilton Castro", señaló.

"Con relación al allanamiento, solo cabría conocer los motivos de la urgencia, las razones por las cuales el fiscal consideró necesario llevarlas a cabo el mismo día que se decidía el impedimento de salir del país. Pero aún así, se justifica porque los allanamientos por delitos graves deben ser sorpresivos e inesperados", indicó.

–Entre la política y la justicia–
Una opinión contraria tuvo Enrique Ghersi, quien calificó como desproporcionadas ambas medidas restrictivas contra PPK.

Específicamente sobre el impedimento de salir del país, cuestionó que el fiscal Castro haya incluido en su sustentación los ingresos del ex presidente PPK como elemento para un posible peligro de fuga.

"Se supone que todos somos iguales ante la ley. Es irrelevante que una persona sea rica o no, o que tenga más o menos relaciones sociales. Para la ley eso es irrelevante, lo que importa es la comisión del delito. Esos argumentos son más políticos, y eso hay que dejarlo de lado", comentó.

Con relación al allanamiento, consideró que prematuro el accionar de la fiscalía. "Hay otras personas a las que también se investiga y contra quienes no se ha dictado un allanamiento como este", resaltó.

Por eso, sugirió "natural moderación" a jueces y fiscales. "Que se investigue si hay que investigar, pero dejar que la gente piense que la justicia es una herramienta de venganzas políticas solo deslegitima sus decisiones. Que sea severa, pero no por eso que deje de actuar con equilibrio y moderación", comentó.

–Un camino cuestionable –
El abogado penalista y ex procurador anticorrupción César Azabache consideró adecuado que la fiscalía busque que PPK permanezca en el Perú y solicite el impedimento de salir del país, pero cuestionó que use el presunto delito de lavado de activos, algo que no considera que exista en las indagaciones por los pagos a Westfield y First Capital.

"Estos pagos, como un caso en sí mismo y en mi opinión, son eventos prescritos, por más desagradable que sea. Desde mi punto de vista, las investigaciones adquieren sentido en el marco del Caso Odebrecht y con el proceso por la Interoceánica Sur. Habría tenido más sentido que la fiscalía reaccione a la renuncia de PPK incluyéndolo en el caso de las IIRCSA", comentó.

Agregó que el delito de lavado de activos como tal, un intento de percibir y ocultar dinero clandestino, no tiene elementos. Eso, expresó, puede poner en peligro el caso que busca estructurar la fiscalía.

"La cuestión de Westfield no es lavado de activos. Puede ser negociación incompatible, ventaja de privados, pero no hay circulación de fondos clandestinos", señaló César Azabache al recordar que, a diferencia del proceso contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, no hay elementos que vinculen los pagos a las empresas vinculadas a PPK con los fondos ilícitos de Odebrecht.

"PPK merece ser investigado y con todo el rigor, pero no con este tipo de procedimientos", concluyó el penalista.

Publicado en El Comercio el sábado 24 de marzo. 

El destino inminente


OTRAS CONSECUENCIAS DE LAS GRABACIONES DEL CONGRESISTA MAMANI

El destino inminente

Tenía planeado escribir un artículo sobre las reglas del lavado de activos. Hay en esta área muchas advertencias que hacer y muchas construcciones legales que terminar de perfilar en sus alcances. Y el allanamiento el sábado de la casa del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski deja demasiadas cosas en duda. Sin embargo, existen cuestiones previas que requieren respuestas claras y concluyentes.  

Hace poco más de un año descubrimos que después de dirigir la Marcha de los Cuatro Suyos y recibir de Valentín Paniagua la posta para organizar la transición, Alejandro Toledo habría pedido a Jorge Barata en Brasil un soborno que evoca simbólicamente, en su exorbitante dimensión, al primer monto que la fiscal Cornelia Cova descubrió en Suiza, en poder de Vladimiro Montesinos: US$30 millones. En el año se han descubierto además los no menos graves US$3 millones que Humala y Heredia habrían aceptado en secreto de Odebrecht y los otros US$3 millones que destrozarían el recuerdo esquivo de la perfecta honestidad de Susana Villarán.  

Un aficionado a navegar entre el significado de los números podría reparar en la oscura insistencia con que el número tres aparece en estas escenas macabras. Pero no es la numerología la cuestión a revisar. Es el letargo que produce entre nosotros contemplar todas las repeticiones. El frío refugio en la indiferencia y la desesperanza encierra el enorme peligro de instalar entre nosotros el abandono como estilo de acción pública. 

Es este el ambiente en el que tres congresistas y un grupo de traficantes políticos (a muchos de los cuales aún habrá que identificar) aparecen en la escena canjeando votos (al menos el del congresista Mamani) por la oportunidad mezquina de traficar contactos en el gobierno que permitirían al sobornado saquear futuros proyectos públicos: “De una obra de S/100 millones que te caiga 5%”. 

La vacancia de diciembre no era entonces una simple cuestión de votos. Tendría que haber sido la escena en que fijáramos los límites morales de la actividad pública. Pero fue la escena en que se denigraron los difíciles debates que ya estaban en curso sobre el final de la condena impuesta a Alberto Fujimori hace más de 10 años.  

La torpeza del procedimiento que en ese momento se adoptó terminó contaminando una cuestión que debió discutirse de otra forma. Ahora, con la exhibición de su bajeza, los personajes que detuvieron la vacancia en diciembre han puesto en riesgo, no tengo duda alguna, la sostenibilidad del indulto. Y, además, han abierto un nuevo capítulo de cuestiones penales destinado a saturar al extremo nuestra agenda en plazo inmediato. 

En condiciones institucionalmente estables, las grabaciones del congresista Mamani tendrían que haber generado un procedimiento de intervención en flagrancia dirigido por la fiscalía. Esta intervención habría provocado la entrega inmediata de los personajes de esta historia perversa al Parlamento, me refiero a los que tienen inmunidades, para su desafuero. En condiciones estables algunos de ellos habrían ido a prisión de inmediato.  

Sin embargo, comprendo que las cosas hayan adoptado otro rumbo. Por desgracia, las relaciones entre el Ministerio Público y la mayoría en el Congreso no fueron buenas el año pasado. La falta de confianza, que supongo es mutua, explica que se haya optado por una forma de hacer las cosas, por cierto lícita, pero distinta, menos perfecta y más arriesgada.  

Convertir al congresista Mamani en un improvisado pero aparentemente bien entrenado agente encubierto supone haber adoptado muchísimos riesgos prácticos. Hasta donde ahora parece, todos ellos han sido sorteados con éxito. El congresista Mamani, nos gusten o no sus antecedentes, su perfil o el modo en que hizo las cosas, al parecer actuó con la enorme precaución de no contaminar sus registros con frases o expresiones impropias que pudieran afectar la utilidad legal de la evidencia construida.  

Y la evidencia deja listo el caso a presentar. Podría faltar, pero no es imprescindible, saber qué ocurrió en esa reunión en casa de Kuczynski, a la que se hace referencia al menos dos veces en los registros. También podría faltar, pero no es un obstáculo, completar la lista de las personas que organizaron esta vulgar conspiración. Habrá que escuchar a los personajes. Pero no puedo imaginar qué puedan decirnos que impida que la cárcel sea ahora su destino inminente. 

Ignoro cuánto tiempo planea tomar el Congreso para procesar esto, pero debo advertir que para un caso así de completo no pueden necesitarse más de 15 o 20 días (el tiempo necesario para proceder apropiadamente). Además, el tiempo que probablemente tomará que la fiscalía pueda ampliar los cargos contra el ex presidente Kuczynski para incorporarlo en el caso de las IIRSA, sin duda una investigación más sostenible que la de Westfield y First Capital.  
De hecho, solo, el caso de Westfield y First Capital está destinado al archivo, si el Congreso no decide pronto declarar imprescriptible este tipo de asuntos.

Publicado en El Comercio el lunes 26 de marzo. 

lunes, 26 de febrero de 2018

De estricta necesidad


ODEBRECHT Y LA JUSTICIA PERUANA

De estricta necesidad

Odebrecht es uno de los muy escasos temas en los que no deberíamos disentir. Y sin embargo, más de un año después de las confesiones de Washington, no hemos sido capaces de establecer metas colectivas que nos permitan enfrentar las secuelas de esta historia. Nos hemos perdido en la tiniebla de las zonas grises, en los debates sobre los puntos controvertidos que de manera inevitable forman un caso legal cuando intentan expandirse más allá de su núcleo principal, el que le da fundamento.  

Hemos perdido energías institucionales que entre nosotros son extremadamente escasas sin alcanzar ningún objetivo práctico que nos permita reconocer un saldo positivo al final de este primer período, si miramos el conjunto. 

Sobre esta base, solo nuestra impericia puede explicar que no tengamos ya un acuerdo de reparación firmado que nos permita contar con un pago fijo programado por los daños establecidos y un fondo de contingencia destinado a reparar los hallazgos que puedan descubrirse en el futuro. De hecho, nadie necesita tribunales para obtener una reparación por daños que el perpetrador ha confesado haber causado. En casos como estos, solo se requiere un procedimiento de medición de perjuicios aceptado por ambas partes y una negociación libre de interferencias para equilibrar el resultado en un tiempo razonable.  

Sin embargo, perdimos todo el 2017 sin obtener un acuerdo que los manuales presentarían como fácil de alcanzar. A falta de un acuerdo oportuno no pudimos contener, y al contrario, multiplicamos, el indeseado efecto colateral que casos de estas dimensiones inevitablemente producen sobre la economía.  

Y ahora, más de un año después de las confesiones de Washington, estamos concentrados en revisar cómo extender en el tiempo las medidas de urgencia que adoptamos el verano pasado, cuando esperábamos que las negociaciones con Odebrecht se iniciaran. Por supuesto que hay una nueva urgencia: la que representa la expansión de los efectos colaterales del caso a todo el sector infraestructura. Ese es, sin duda, un asunto nuevo y merece sus propias medidas de urgencia.  

Pero por lo que toca a Odebrecht, no hubo durante el 2017 ninguna negociación en serio y no la hay aún ahora. En lo que toca a este asunto, en los debates actuales estamos intentando afinar instrumentos que nadie está intentando utilizar.  

No obstante –y esto es innegable–, las medidas de urgencia de febrero del 2017 contienen dos herramientas que parecen haber llegado para quedarse. Me refiero al uso de fideicomisos para asegurar el pago de reparaciones por daños y a la intervención del agraviado (no solo del Estado) en la venta de activos del perpetrador. Y a ellas tiene sentido agregar el uso de fianzas judiciales como alternativa a los fideicomisos y la creación de procedimientos de colaboración eficaz y clemencia para personas jurídicas que cooperen con la justicia o acepten asumir responsabilidades corporativas sin necesidad de ir a un juicio.  

Se trata de cuatro medidas agresivas, sin duda, que la ley debería entregar a los tribunales de justicia. Pero, con los límites correctos, son cuatro medidas que pueden marcar un importante punto de quiebre en el proceso en marcha.  

El Congreso está entretenido ahora en un debate innecesario sobre algo tan intolerable como la explotación del trabajo juvenil. Pero si cambiamos de página, ese mismo Congreso podría convertirse en la instancia que marque un punto de quiebre en la cadena de errores que ha dado origen al fracaso de esta historia.  

Fuera del Congreso hay una segunda corporación pública que puede marcar ese cambio de timón que requerimos con tanta urgencia. Se trata del Tribunal Constitucional, que acaba de recibir en audiencia el caso Humala/Heredia, sobre la falta de necesidad de sostener su detención.  

Ese es otro frente de enormes desatinos por enmendar. Creo que todos sentimos que la pareja Humala/Heredia debe ir a juicio. Pero coincidiremos también en que ese juicio debió comenzar hace casi seis meses. El retraso ha erosionado por completo la legitimidad que podía reclamar la detención de la pareja hace medio año, cuando parecíamos estar ante un juicio inminente. Una investigación sin fecha de término y una acusación que jamás llega no pueden justificar que se mantenga en prisión a nadie.  

La prisión preventiva también es un recurso escaso. Su uso excesivo deteriora la legitimidad que requieren las autoridades para emplearla. Por eso, al resolver el caso Humala/Heredia, el Tribunal Constitucional puede devolver el orden a un sistema que, aún entrampado en el manejo del tiempo, necesita aire suficiente para poder desenvolverse sin desviaciones ni entuertos.  

Dos tareas por hacer. No parece demasiado, ¿verdad?

Publicado en El Comercio el lunes 26 de febrero de 2018

Odebrecht: Declaración de Jorge Barata

Entrevista en RPP con Armando Canchanya, 5 de julio de 2018

Entrevista en Canal N con Mávila Huertas, 4 de julio de 2018*


*Fe de erratas:
Las confesiones de Washington fueron en el 2016. 


Entrevista en Canal N con Augusto Thorndike, 13 de marzo de 2018

Entrevista en RPP con Aldo Mariátegui, 9 de marzo de 2018


Entrevista en Canal N con Karina Borrero, 1 de marzo de 2018

Entrevista en Panamericana con Mabel Huertas y Pamela Acosta, 1 de marzo de 2018

Entrevista en RPP con Patricia del Río y Ricardo Gómez, 28 de febrero de 2018



Entrevista en WillaxTV con Jaime Chincha, 28 de febrero de 2018


Entrevista en RPP con Aldo Mariátegui y Fernando Carvallo, 26 de febrero de 2018

Entrevista en Canal N con Mávila Huertas, 23 de febrero de 2018