Escuadrones de la muerte

Entrevista del día de hoy en la Rotativa del Aire de RPP comentando el informe del grupo de trabajo del Ministerio del Interior sobre los escuadrones de la muerte.

Sobre la falsa prensa

Entrevista del 22 de agosto en la Hora N comentando junto a Carlos Caro la sentencia de la Corte Suprema en el caso contra Fujimori por el financiamiento de la prensa amarilla de finales de los años 90.

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Escuadrones de la muerte

LAS PRESUNTAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES COMETIDAS POR MIEMBROS DE LA PNP

Escuadrones de la muerte

El ministro del Interior debe anunciar en cualquier momento las conclusiones del grupo de trabajo al que encargó estudiar las denuncias sobre ejecuciones sumarias atribuidas al supuesto escuadrón liderado por el comandante Prado Ravines. La cuestión es polémica porque los principales investigadores sobre hechos de violencia del medio están divididos acerca de la verosimilitud de cada uno de los casos que han sido puestos en discusión hasta el momento. Nuestro antecedente más reciente, el caso contra el coronel Elidio Espinoza y nueve agentes de policía por los sucesos de octubre del 2007 (Trujillo) concluyó con una absolución en julio del 2013. En enero del 2016 también fue absuelto el coronel Zamudio, principal acusado por las condiciones en que fue abatido el terrorista Cruz Sánchez en abril de 1997.

Los casos de este tipo no son sencillos. Dependen de cuestiones complejas sobre la credibilidad y suficiencia de evidencias, antecedentes y testimonios que a veces resultan incompletos, sesgados o simplemente ambiguos. La necesidad simultánea de asegurar el debido proceso a los acusados y de impedir la impunidad crea en estos casos situaciones de absoluta tensión que solo pueden ser resueltas mediante investigaciones profundas y juicios públicos desarrollados en condiciones especialmente equilibradas.

Las denuncias actuales sostienen que, en los últimos años, un escuadrón de agentes de la policía ha simulado enfrentamientos para encubrir la ejecución de personas a las que ha presentado públicamente como criminales peligrosos. Por cierto, la cuestión a resolver en dichas investigaciones no pasa por confirmar si la asignación de esta etiqueta a los objetivos de esas operaciones era adecuada o no. Calificar a alguien en concreto como un delincuente peligroso siempre es equívoco, pero es muchísimo más equívoco si es un destacamento clandestino el que se arroga la atribución de hacer la diferencia conforme a su propio criterio, sin ningún control institucional. 

Hay además denuncias que indican que algunos objetivos ni siquiera eran delincuentes conforme a los propios registros de inteligencia. Si esto se llegara a confirmar, la historia resultaría especialmente horrenda. Asesinar delincuentes peligrosos selectivamente es inaceptable. Pero elegir objetivos al azar, por capricho o por razones absolutamente subjetivas o arbitrarias para crear escenas absolutamente falsas de efectividad policial está más allá de lo imaginable.

Las investigaciones deberán establecer si los hechos denunciados se produjeron o no en el marco de verdaderos enfrentamientos o en el marco de verdaderas situaciones de peligro para víctimas concretas previamente identificadas. El uso de las armas de una unidad regular de la policía en situaciones de este tipo es absolutamente legítimo, sin necesidad de hacer ejercicios ilusorios como comparar la cantidad de armas que hay de un lado o del otro o tratar de adivinar quién podría haber disparado primero. Pero constituye un crimen proceder fuera de estas condiciones o simularlas para encubrir verdaderos asesinatos.

Además está prohibido hacer trampas. Son trampas las maniobras por las que se induce a alguien, criminal o no, a cometer un delito que no había planeado por sí mismo, solo para lograr que se coloque ante la mira de quien espera intervenirlo o ejecutarlo. También son trampas los engaños que pueden ser generados para hacer que un agente de policía proceda creyendo que está impidiendo un crimen cuando la información que ha recibido es falsa. Si las investigaciones producen informaciones que describan este tipo de hechos, entonces quizá no tengamos delante un verdadero escuadrón de la muerte, pero sí un equipo absolutamente perverso, capaz de manipular incluso a agentes de la policía para generar resultados falsos, y esto es igualmente inaceptable.

El país de este siglo no es el país de los años 80. Esta vez debemos tomar todas las previsiones posibles para impedir que la muerte innecesaria se convierta en un falso instrumento de seguridad. Protocolos tan simples como incluir en el atuendo de las unidades regulares de la policía brazaletes de ubicación y cámaras livianas, puede facilitar la separación de casos serios de infundados. Aún no sabemos si las denuncias son ciertas o no. Pero sabemos qué es lo que hay que impedir. 

Publicado en El Comercio el lunes 22 de agosto de 2016

La suprema provisionalidad

LA NECESIDAD DE REAFIRMAR LA PRINCIPAL MAGISTRATURA DEL PAÍS

La suprema provisionalidad

Aprendí hace mucho que los problemas del Poder Judicial deben abordarse usando indicadores que describan el servicio que reciben las personas. Una lista corta incluye entre ellos la ubicación de los juzgados (que debería definirse desde los distritos, que es donde viven los usuarios del sistema), la visibilidad de los jueces (que deberían ser tan conocidos como los alcaldes distritales), la prontitud con que se castigan crímenes cotidianos (aquí vamos algo mejor); la conservación de niveles razonables de habitabilidad en las cárceles (aquí estamos desbordados) y la atención efectiva a las víctimas de toda forma de abuso (aquí la falla del sistema es clamorosa).

Estos son los asuntos que deben mantenerse en el primer lugar en la lista de prioridades de la política judicial. Pero no puedo dejar de notar que actualmente los temas que involucran el equilibrio entre poderes públicos, por más abstractos que parezcan, se convierten también en inaplazables. Con las distancias que separan al presidente electo de la mayoría en el Parlamento, estamos entrando al primer ciclo de divergencia entre el Ejecutivo y el Legislativo registrado en nuestra historia reciente. La tensión que anuncia esta situación tendrá que estabilizarse en algún momento, pero mientras se recomponen las cosas, las principales magistraturas de la República, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema (a falta de un Senado de urgente reinstalación), se convertirán, probablemente, en factores indispensables para equilibrar el sistema. 

Entonces, es urgente remover todos los obstáculos que puedan deteriorar el peso específico de ambas magistraturas. Como conjunto, el Tribunal Constitucional está en un muy buen momento. Su nueva conformación se ha presentado en el medio con una línea de jurisprudencia moderada, sólida y clara. La Corte Suprema, por su parte, ha alcanzado un nivel que la convierte, desde mi punto de vista, en la más sólida desde la transición de 1978. Pero su consolidación plena, imprescindible en el presente, requiere eliminar en ella un problema que a estas alturas resulta intolerable: la provisionalidad de parte de sus jueces.

Un juez debe estar en posición de resistir toda forma de interferencia. Un juez debe sostenerse a sí mismo como referente moral de la comunidad en la que actúa. Debe mantener el respeto de todos, incluso cuando adopta decisiones impopulares. Para lograr este nivel de resistencia, todo juez debe ser inamovible. La provisionalidad, que lo sujeta y hace depender de decisiones de terceros, constituye la negación de la independencia. La inamovilidad de los jueces, como la inmunidad de congresistas y diplomáticos, es la primera condición institucional para el adecuado desempeño de la judicatura.

A principios de este siglo creímos –y fue un error– que la Corte Suprema podía operar con 18 jueces. En los hechos, durante más de 15 años, hemos necesitado al menos 33. Varios de los 15 jueces que han completado la corte “provisionalmente” se han convertido ya en imprescindibles. Algunos tienen cerca o más de diez años en la misma posición, pero todavía tienen que confirmar todos los años si al siguiente seguirán teniendo asiento en sus salas. Esto es absurdo.

Toca hacer lo más sensato: ampliar el número de jueces de la corte y nombrar como miembros plenos a quienes prácticamente lo son de hecho.

No estamos en tiempos en los que quepa darnos el lujo de seguir horadando la solidez de una de las principales magistraturas del país. 

Publicado en El Comercio el lunes 25 de julio de 2016

Proyecciones

Entrevista final en Ideele Radio sobre el caso de Nadine Heredia tras el impedimento de salida del país.

Capítulo inicial

LA INVESTIGACIÓN A LA PAREJA PRESIDENCIAL

Capítulo inicial

Entre otras cosas, la fiscalía ha presentado un caso que muestra a la pareja Humala-Heredia introduciendo al sistema, a través de las elecciones del 2011, fondos de origen incierto de manera encubierta y en volúmenes alarmantes. Con esto basta y sobra para llevar el caso a juicio. Mentir a las autoridades electorales es suficientemente grave para sostener un caso penal. Más si el engaño parece dirigido a mantener en el anonimato a donantes inapropiados, entre ellos, aparentemente, empresas que contratan o contrataban con el Estado y que debían haberse mantenido al margen del proceso. 

Pero la opción por el encubrimiento es aun más grave si, como sostiene la fiscalía, el esquema fue organizado para mantener en las sombras la verdadera cantidad de dinero acopiada y permitir que se genere un fondo clandestino dirigido a sostener el estándar de vida de la pareja sin revelar al fisco la verdadera cantidad de ingresos que tenía a su disposición. Las diferencias entre las anotaciones de las agendas y los gastos electorales efectivamente declarados a la administración electoral abonan en esa dirección. La evidencia conduce entonces claramente a un fraude electoral por falsedad y a un fraude tributario por encubrimiento. Y esto basta para tener un caso grave, incluso aunque al cabo de los cuatro meses que durarán las restricciones impuestas hasta ahora no se complete el caso por lavado de activos. 

El caso por lavado requiere que la lista de aportantes incluya a “mafiosos a tiempo completo” o que se establezca con precisión una ruta específica de inversiones encubiertas organizadas para hacer rentables o mantener ocultos los fondos acopiados que han provocado esta investigación. Por cierto, un caso por lavado debería desembocar en la incautación de los saldos que se conserven sin gastar, pero para eso es preciso aún ubicarlos. En esta parte la historia parece estar todavía en reconstrucción y es probable que cuatro meses no sean suficientes para terminar de escribirla. Pero que queden aspectos pendientes no significa que el caso vaya a desmoronarse. La fiscalía tiene herramientas suficientes para “desenganchar” el caso de las incógnitas que no puedan despejarse cuando sea oportuno hacerlo. 

Especialmente las preguntas asociadas a la llamada “ruta de Venezuela” pueden contestarse luego, cuando las condiciones políticas en Caracas hagan posible establecer si el humalismo del 2006 se financió o no con base en un desfalco. Mientras, cuando concluyan los cuatro meses que siguen, será posible proseguir con lo que ya está probado sin necesidad de enredos innecesarios provocados por una sana pero poco productiva ambición por preparar el caso perfecto.

Si las comprensiblemente ambiciosas metas que se ha puesto la fiscalía no se alcanzaran en este período, nada impide que el caso se reorganice y algún tiempo después se regrese sobre los aspectos que puedan quedar incompletos en primer momento.

Es posible que un caso parcial, limitado a los cargos por defraudación tributaria y falsas declaraciones a la autoridad electoral, nos resulte insuficientemente para expresar el fastidio que todos sentimos ante lo que parece haber ocurrido con ocasión a las dos últimas elecciones. Pero el sacrificio provisional de una parte de esta historia es un buen precio a pagar a cambio de tener una primera respuesta institucional sin demoras o retrasos innecesarios. A fin de cuentas, esta historia no tiene por qué acabar en su capítulo inicial.

Publicado en El Comercio el lunes 27 de junio del 2016

Caso Heredia

Entrevista en Primer Plano de Willax.TV analizando las alternativas de desarrollo del caso Heredia.

Caso Heredia

En la entrevista de esta mañana en Buenos Días Perú, César Azabache actualizó sus comentarios sobre el caso Heredia, conforme a las consecuencias del impedimento de salida recientemente impuesto y los resultados posibles de las investigaciones de la Fiscalía.

Actualización sobre el caso Heredia

Esta mañana César Azabache fue entrevistado por Albina Ruiz del programa Noticias a las 10 de Canal N donde comentó la evolución del caso Heredia a propósito de la solicitud del Ministerio Público de impedir su salida del país.

Sobre Flagrancia

César Azabache comentó en el programa la Hora N, la noche del 26 de mayo, los últimos incidentes que provocaron la liberación innecesaria de miembros de organizaciones criminales detenidos por la Policía.

Sobre necesidad de retomar el Senado para reforzar el Sistema Institucional

La mañana del 24 de mayo César Azabache fue entrevistado en el programa D6a9 de Canal N donde reafirmó la necesidad de contar con un Senado ahora que enfrentamos un Congreso con mayoría absoluta predefinida.

Alegato por la reinserción del Senado

PROPUESTA SOBRE EL RETORNO DE LA BICAMERALIDAD EN EL PERÚ

Alegato por la reinserción del Senado

¿Quiere Fuerza Popular probarnos que está inmunizado de las tentaciones autoritarias de los años 90? Pues entonces comprométase públicamente a impulsar una reforma constitucional que restablezca el Senado. Una primera elección de senadores para el año 2018 o 2019 puede ayudarnos a resolver los enormes desafíos institucionales que imponen las condiciones con las que abordamos el cuarto período electoral consecutivo de nuestra historia reciente. Y puede lograr que esa mayoría absoluta que ahora detenta Fuerza Popular no se convierta en el fundamento de una nueva desviación autoritaria del sistema político. 

El Senado puede ser clave en el reforzamiento de un sistema institucional tan erosionado como el nuestro. Un Senado, aun más si se establece en un ciclo distinto a la elección de los congresistas, puede ayudar a formar una manera de hacer la política basada en el prestigio, la sostenibilidad de los acuerdos y la primacía de la negociación institucional. Esas son cosas de las que actualmente carecemos y que necesitamos si queremos resolver nuestro entrampamiento institucional.

De hecho las ventajas de restablecerlo son mayores al supuesto “alto costo económico” asociado a implementarlo. Un Senado ofrece un espacio que modifica las reglas de designación de las más altas magistraturas, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, BCR y Defensoría del Pueblo incluidos. Un Senado conforma un cuerpo de menor tamaño y mayor experiencia política que una cámara de Diputados y concentra mayor peso político que el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. La existencia del Senado además ofrece una perspectiva distinta a la carrera política de los congresistas, algunos de los cuales podrían dejar de actuar como si hubiera que aprovechar los únicos 5 años que tendrán de carrera política si tuvieran un estímulo mayor de ascenso.

La necesidad de contar con un Senado lo antes que sea posible se hace además evidente ahora que enfrentamos -la primera vez desde 1995- un Congreso con mayoría absoluta predefinida. Excluyendo toda suspicacia, parece imposible dejar de observar que el Congreso de 1995 formó parte del marco institucional que hizo posible la historia de finales de los 90. De hecho, muy buena parte de los casos por corrupción que marcaron la transición del 2001 corresponden a ese período.

No pretendo con esto hacer cargos contra nadie en particular ni lanzar ninguna sugerencia específica. De hecho creo que cualquier agrupación que hubiera controlado un Congreso unicameral en condiciones semejantes a las de 1995 habría generado alguna versión propia del colapso en que se puso al sistema entre los años 1998 y 2000.

Entonces, el Senado es en realidad necesario porque los congresos unicamerales funcionan bastante mal. O la dispersión del voto los paraliza (observen cuánto nos cuesta cada elección de magistraturas que debe pasar por sus manos) o la concentración en ellos de mayorías sin contrapeso hace prácticamente imposible sostener cualquier forma de equilibrio institucional incluyente. Por cierto, en la mayoría de sistemas parlamentarios el equilibrio no se obtiene apostando a una sola Cámara, sino a las renovaciones por tercios y al juego de contrapesos entre dos, una de representantes y otra de senadores.

La posibilidad de tener ahora un Senado que nos ponga en orden depende de un acuerdo político fundamental que requiere renuncias concretas ¿Podemos obtenerlo de Fuerza Popular que controla ahora la mayoría del próximo Congreso?

Publicado en El Comercio el lunes 23 de mayo del 2016

Sobre corrupción

Entrevista en Canal N

La noche del 30 de abril César Azabache fue entrevistado por Enrique Castillo en el programa Agenda Política junto a Yvan Montoya sobre el estado de la lucha contra la corrupción en el Perú y las alternativas posibles para un próximo gobierno.