Brazaletes y prisiones

Brazaletes y prisiones

César Azabache Caracciolo

Aunque son una buena medida, tal vez sea un error atribuir a los brazaletes, como parece estarse haciendo, un papel decisivo en la solución del problema de sobrepoblación en las cárceles. De hecho, los brazaletes deben resolver de plano los problemas que ha mostrado el uso intensivo del arresto domiciliario desde principio de la década pasada. Un brazalete cuesta, por definición, menos y probablemente sea más eficaz que un pelotón de agentes de policía vigilando la casa de un detenido. El sistema puede migrar ahora a la vigilancia electrónica, con lo que supera los problemas de falta de personal policial, y de paso puede expandirse para introducir la condena a prisión domiciliaria, que no existía en nuestro medio. Estas son, sin duda, buenas noticias. Pero el impacto estadístico de la medida podría ser más limitado de lo esperado.

Ocurre que en nuestro medio los casos con riesgo de condena por periodos menores a los 4 años no suelen provocar la detención de nadie. En estos casos es frecuente que sólo se mantenga al vigilado bajo reglas de conducta que son tan generales que pasan desapercibidas para cualquiera ¿Por qué? Porque en nuestro medio no hay centros transitorios de detención para procesados ni hay centros municipales para el cumplimiento de condenas. En ausencia de establecimientos intermedios, las cárceles se vuelven una respuesta atroz frente a delitos que pueden no merecer una solución tan grave. Y a falta de opciones, los jueces optan por condenas simbólicas¿Se va a usar los brazaletes para estos casos? Probablemente no, porque los brazaletes agravan el régimen de vigilancia que actualmente se usa, y nadie en su sano juicio va a aceptar portar un brazalete cuando la opción es tan insignificante como firmar un libro de control una vez al mes o algo semejante ¿Y entonces en qué casos se van a usar? Si algo no cambia, sólo se van a usar en los casos de riesgo de condenas de 4 años 1 día a 6 años. El problema es que este rango de casos, probablemente, sea estadísticamente muy poco relevante.

La paradoja es la siguiente: Para que los brazaletes operen de manera intensiva, el riesgo de ir a la cárcel debe romper el cerco de 4 años. Y esto requiere, contra lo que parece estarse creyendo, iniciar la construcción de centros municipales de detención transitoria, desarrollar centros municipales de cumplimiento de condenas para casos de baja peligrosidad y desarrollar sistemas municipales de vigilancia de cumplimiento de condenas y restricciones temporales a la libertad.

Es evidente que la estructura actual del INPE no puede asumir ese desafío. El espacio para la municipalización del sistema queda, por tanto, abierto de manera definitiva.