La seguridad de todos

Por: César Azabache Caracciolo 

Desde mi punto de vista, la cuestión sobre la seguridad ciudadana, en lo que se refiere a Lima, solo puede resolverse municipalizando el sistema completo de justicia. Y quiero usar estas líneas para explicar esa conclusión.

La llamada seguridad ciudadana es una sensación colectiva y, como tal, es inasible. Por lo general, la inseguridad colectiva no se construye sobre la base de un incremento de las estadísticas sobre delitos. Cualquier estudio serio puede confirmar que Lima tiene tasas de delitos violentos inferiores a Ciudad de México o a Sao Paolo. Sin embargo, esta revelación no calmará la inseguridad de nadie. Las personas se sienten inseguras. Y esa sensación impulsa una demanda que debe, como no, ser satisfecha aunque no corresponda a estadísticas definidas.

Sin duda, los psicólogos sociales y los antropólogos puedan decirnos muchas cosas sobre el modo en que se organizan sensaciones colectivas como la inseguridad o el temor. Sin dejar de valorar estos aportes, parece claro, desde el punto de vista institucional, que ambas tienen que ver con ciertos desajustes en el sistema formal de reacción frente a infracciones. No podemos evitar de manera definitiva que las personas se sientan inseguras o sientan miedo, pero sí podemos compensar estas sensaciones ofreciéndoles determinados procedimientos que les permitan restablecer su confianza en el sistema. Estos procedimientos están relacionados a la organización de reacciones consistentes frente a eventos que llamamos infracciones, y que representan violaciones expresas a las normas de convivencia. No hay, por cierto, una relación directa o causal entre sensaciones como la inseguridad o el temor y nuestras respuestas institucionales frente a las infracciones que puedan cometerse. Pero sí hay entre ellas una relación de equilibrio que nos permite suponer que el funcionamiento razonable del sistema de reacción puede compensar el malestar que se expresa en inseguridad y temor, tanto como podemos asumir que los defectos en la coordinación del sistema pueden potenciar ambas sensaciones.

El sistema institucional de reacción frente a infracciones contiene cuatro procedimientos: vigilancia, identificación de infractores, juicios públicos y castigo a condenados.

Para funcionar de manera articulada, todos estos procedimientos deben estar coordinados y su funcionamiento debe ser visible y comprensible para la comunidad. Un sistema que opera sin que los habitantes sepan con cierta precisión quiénes son sus jueces, dónde se desarrollan sus juicios, para qué sirven o cómo se cumplen las condenas, es un sistema poco apto para provocar la confianza de los ciudadanos.

Pues bien, en el caso de Lima, la falla en la articulación del sistema es evidente. Desde los años 90, de manera intuitiva, hemos expandido un sistema de vigilancia urbana basado en el serenazgo. También hemos hecho determinados esfuerzos por profesionalizar a ciertos cuerpos especializados de investigación policial. En materia de juicios se ha trabajado intensamente en preparar la reforma de las reglas del procedimiento. Sin embargo, no se ha logrado modificar el mapa de distribución de fiscalías y juzgados de manera que guarde cierta proporción con la distribución demográfica de la ciudad. Y esto es muy grave.

En los hechos, la mayor cantidad de jueces de la ciudad se concentra en Lima Metropolitana. Las zonas sur, norte y este de la ciudad no tienen aún fiscales ni jueces en número ni ubicación que corresponda a su densidad poblacional. Tampoco tienen centros de detención temporal ni definitiva que ofrezcan una alternativa a la fuga de sospechosos. Estas dos disfunciones demográficas significan, en lo concreto, que los habitantes no interactúan en condiciones consistentes con fiscales y jueces, menos aún con juicios y casi de ninguna manera con la prisión o la ejecución de condenas. En estas condiciones, el sistema de reacción frente a infracciones es prácticamente invisible, y la contención institucional que ofrecemos a las sensaciones colectivas de inseguridad y temor, mínima.

En las actuales condiciones, la energía que han acumulado las municipalidades ofrece una oportunidad irreemplazable para corregir las disfunciones demográficas del sistema, y los orientan al servicio de los habitantes. Si con base en su esfuerzo se pudo desarrollar un sistema tan complejo como el de serenazgo, con base a ese mismo esfuerzo puede ahora estabilizarse un sistema que, de otra forma, seguirá siendo incapaz de satisfacer nuestra legítima demanda de tranquilidad colectiva.