LUEGO DE LA ELECCIÓN DE LOS NUEVOS JUECES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Mercados,
juicios y elecciones
Por: César Azabache Caracciolo
Los procedimientos judiciales encuentran fundamento
en prácticas ciertamente anteriores al desarrollo de las economías de mercado.
Puede llamar la atención que conserven cierto hálito ceremonial que los asocia
con la majestad de los cultos religiosos y que se basen en variables como el
prestigio de los magistrados y cierta cuota de tradicionalismo. Pero son
indiscutiblemente herramienta imprescindible de solución de controversias.
La permanencia de esta anciana institución entre
nosotros tiene una explicación. Y es que los procedimientos ante tribunales,
las elecciones libres y el mercado se han convertido, juntos, en los tres
pilares de los sistemas institucionalizados. Las sociedades contemporáneas no
han encontrado formas más justas de equilibrar los procesos sociales que estas
tres instituciones. Y si hemos de encontrarles semejanzas, hemos de decir que
las tres son, finalmente, procedimientos competitivos basados en la ley y en la
libertad de acción de sujetos que ofertan a la comunidad lo que tienen (bienes
y servicios, casos legales o capital político), a cambio de alcanzar objetivos
previamente establecidos.
En las sociedades abiertas, el equilibrio
institucional se forma por el uso necesario de los procedimientos regulados por
estas tres instituciones en la acción social. En las sociedades intervenidas,
los precios, los tribunales y los poderes públicos se organizan más o menos a
capricho de quienes tienen posiciones de influencia, y, en consecuencia, los
sujetos dejan de competir. En las sociedades intervenidas resulta más útil
acumular prebendas que mejorar las condiciones en que se compite con los demás.
Este excurso pretende justificar el clima de
entusiasmo que ha rodeado la elección de los nuevos jueces del Tribunal
Constitucional (TC). El desequilibrio producido alrededor de las elecciones del
fiscal de la Nación en los recientes meses encuentra un punto de cierre con
esta elección. La buena noticia además adquiere ribetes especiales si reparamos
en que la elección proviene de un Congreso vapuleado por el pésimo rendimiento
institucional que ha mostrado en este período.
Por cierto, la agenda que el Constitucional asume
es todavía crítica y eso hace que la resultante del proceso quede aún en
incertidumbre. La disputa con el Consejo de la Magistratura por el nombramiento
de fiscales supremos no ha concluido. Y los antecedentes de la investidura del
señor Ramos como fiscal de la Nación han dejado en la comunidad una secuela de
desconfianza que aún deben removerse. Tampoco puede perderse de vista la
disputa pendiente sobre la homologación de las remuneraciones de los
magistrados, en la que el Constitucional tendrá sin duda mucho que decir. Y
probablemente, por diversas razones, los casos contra los ex presidentes
Fujimori, Toledo y García (por diferentes razones) pueden aún tener secuelas
que involucren al Constitucional.
En cualquier caso, el éxito del período que se
inicia con las designaciones al Constitucional dependerá de los reflejos que
muestren los demás poderes públicos para convertir la ocasión en el inicio de
un proceso de implantación de la ley como norma de coexistencia. El inicio de
auspicioso. Sin embargo, aún falta mucho por recorrer para que el proceso
llegue a instalarse en el centro de la vida cotidiana de las personas, cuya
tranquilidad es, a final de cuentas, el objetivo fundamental del orden
jurídico.
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