lunes, 28 de mayo de 2018

No, General Donayre


EL VIDEO GRABADO EN EL LUGAR DE LA MEMORIA

No, General Donayre

Detengo mi mirada por un instante ante la fotografía de un personaje que aparece groseramente disfrazado, mintiendo sin permiso alguno, sin el menor respeto a ninguna investidura para simular ser quien no es. Está disfrazado y va a la caza de una presa. La imagen debería corresponder a alguna prohibición establecida contra la cacería furtiva, pero corresponde a una escena montada por alguna razón absurda para lanzar ni siquiera un debate sino lo que correspondería mejor ser considerado una calumnia. No se trata, de hecho, de obtener evidencia sino de simular tenerla. Esto resulta especialmente grave si el personaje de esta historia es, además de general, un congresista de la República que tiene el deber de representarnos. 

La mira del fusil, en este caso, está dirigida hacia una mujer muy joven a quien se pretende etiquetar de alguna manera. A quien se provoca, se le enfoca, se le induce, se le registra, se le envasa y se le lanza a algo semejante a un tacho de basura colectiva. La meta: exacerbar diferencias ya casi inmanejables, distancias que nos separan sin retorno posible, al menos de inmediato, en nuestro abordaje a asuntos como el terrorismo, los derechos humanos y la violencia. Arrastramos toda esta carga como un ancla y de vez en cuando pretendemos olvidarla o negarla, que son dos versiones de lo mismo.  

El plan que organiza la batalla estéril: convertir el Lugar de la Memoria en una plaza conquistada, desactivada, neutralizada, arrasada en la original potencialidad de todo su contenido aún incompletamente realizado, y lograrlo antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga algo decisivo sobre el indulto concedido a Alberto Fujimori sin el más mínimo respeto; antes de que alguien descubra que nos estamos olvidando de cerrar los debates sobre El Frontón y Pativilca; de que alguien note que Madre Mía permanece reducido hasta el momento en un apunte registrado en un mandato de prisión provisional ya desactivado. 

¿Para qué tanto esfuerzo en el montaje? Si el lenguaje nos constituye como mujeres y hombres, entonces deconstituirnos requiere silenciarnos. Curioso que el personaje elegido por el general Edwin Donayre para esta charada haya sido sordomudo. Curioso que la trampa consista en hacer hablar a una mujer. El Lugar de la Memoria eligió la prevalencia de una muestra visual que convoca silencio. Pero no lo impone ni lo disfraza. El silencio significa cosas distintas si sale de nuestras entrañas como señal de respeto o si se convierte en la caricatura impuesta desde el brutal papel de un falso mudo. 

La mujer que aparece en el video, Gabriela Eguren, retomó el derecho a sus propias palabras apenas después de la denuncia inapropiada, teatralizada, del congresista Donayre. Le llamaron apologeta. Pero Gabriela encontró la manera de mostrarnos cómo manipularon los hilos de su confianza defraudada por una emboscada. El general Donayre tuvo que mentir para presentar como criminal a quien solo intentaba servir al falso personaje que él representaba. La trampa así montada es intolerable. Es una ofensa consumada. 

Congresista Donayre: ¿Por qué no eligió para su emboscada a un verdadero senderista edulcorado o a algún posemerretista extraviado? ¿Le asustan acaso los enemigos reales? Si se siente usted tan hábil para montar trampas no autorizadas por fiscalía alguna, ¿por qué no nos ayuda mejor a establecer cómo se financia el Movadef, por ejemplo, a confirmar si lava activos? ¿Por qué un cazador entrenado persigue jóvenes que intentan apenas atenderle? Perdón, olvidaba que Gabriela ya no tiene ese trabajo, es cierto. Gracias a su absurda impostación de mudez y sordera la expulsaron. Por cierto, ¿puede alguien explicarnos por qué la expulsaron? 

Mi nombre es César Azabache. Tengo casi 52 años. Soy un ciudadano independiente y abogado de litigios. Alguna vez también fui profesor universitario. Decido ahora emplear este espacio para dejar anotada mi absoluta solidaridad con Gabriela Eguren. Y le demando, general y congresista Donayre, que tenga a bien ofrecerle una disculpa. Porque usted –es mi obligación decirlo– no tenía derecho alguno a hacer lo que acaba de hacer ante nuestros ojos. 

Le invito a ofrecer esa disculpa que nadie más ha ofrecido por el silencio que imponemos a las víctimas del terrorismo y la violencia. Porque trampas como la que ha perpetrado dejan sin voz a quienes han sufrido en estos años por todos los dolores aún no comprendidos: militares, policías, ciudadanos reconocidos y no reconocidos, víctimas todas inocentes, merecen una voz, no su mutismo arremedado.  

Esta no es una broma, congresista Donayre. Usted no es un subproducto de su propia imitación. Si tuvo el atrevimiento de hacer lo que ha hecho, ofrezcamos ahora una señal de respeto. Sea usted el primero en renunciar a toda soberbia. Pida perdón.  

Ayúdenos a encontrar una salida. A reconciliarnos un poco al menos. 

Y dejemos por favor de faltar al respeto a nuestra memoria, aún inacabada.


Publicado en El Comercio, el 28 de mayo de 2018


miércoles, 16 de mayo de 2018

Caso Humala-Heredia


"Caso Humala está hecho con base en las agendas"

A pocos días de que se presente la acusación fiscal contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos, una serie de hechos han saltado a la palestra y aún están por resolverse, por ejemplo, si el juez Richard Concepción Carhuancho seguirá al frente del caso. El ex procurador César Azabache analizó el papel que desempeñan las partes. Estas fueron sus conclusiones acerca de la acusación del presunto aporte de US$3 millones que habría recibido la ex pareja presidencial de la constructora brasileña Odebrecht.

La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por Heredia para que sus agendas no sean consideradas como pruebas en el caso de lavado de activos… 
No hay motivo alguno para que las agendas (en las que Heredia llevaba el registro de sus actividades financieras) no sean consideradas en la investigación.

La ex primera dama considera que sus cuadernos no deben estar en el proceso porque se las robaron y podrían haber sido manipuladas... 
Los robos solo excluyen la evidencia cuando son hechos por la Fiscalía o por la Policía. El ex presidente Alberto Fujimori también robó evidencias al asesor Vladimiro Montesinos (las maletas y los videos) y el material se usó masivamente. La Corte Suprema ha declarado que el único caso en el que la exclusión es absoluta y no importa quién cometió el ilícito es en el de las interceptaciones telefónicas ilegales.

¿Las agendas son un elemento importante en la pesquisa? 
La investigación a la ex pareja presidencial está construida con base en las agendas. Además, se tienen que consignar otras pruebas.

¿Qué revela? 
Las agendas revelan disponibilidad de efectivo y desplazamientos de dinero que, según sostiene la Fiscalía, no corresponden a los ingresos declarados para fines tributarios.

La Sala Penal de Apelaciones evaluará hoy la recusación interpuesta por la defensa de Humala y Heredia para sacar del caso al juez Richard Concepción Carhuancho... 
Honestamente, no creo que sea un asunto que justifique una recusación. La resolución del juez Concepción sobre el allanamiento a la casa de la familia Humala-Heredia fue innecesaria, pero de ahí a pretender que se trata de un delito judicial o que sea suficiente para apartarlo del proceso no es coherente. El hecho de que un juez no nos agrade no es una razón suficiente para producir decisiones catastróficas, como apartarlo de un procedimiento o llevarlo a los tribunales por mal comportamiento.

Se armó toda una polémica. ¿Era necesaria la incautación a la casa de la ex pareja presidencial? 
La incautación no era necesaria ni útil ni justificada. No ha ayudado en nada en esta investigación. Las casas no se van a escapar. Quizá a la larga serán decomisadas, pero que sea al final del juicio. Por el contrario, ha perjudicado el caso. No ha mejorado en nada la posición del Estado. Sin embargo, esa discrepancia no significa que tengan que sacar al juez.

La declaración de los ex ejecutivos de Odebrecht Luiz Mameri y Fernando Migliaccio ante los fiscales peruanos pronto llegará al Perú. Según la Fiscalía, con esos testimonios se cierra la investigación del caso Humala-Heredia y se procederá a la acusación. 
Para justificar la prisión preventiva, la acusación debió ser presentada de inmediato, pero no fue así. Espero que el fiscal (Juárez) acabe lo antes posible porque no es bueno dilatar tanto el caso. Esto ya demoró demasiado.

Pero la investigación de Juárez al ex presidente y a la ex primera dama está dentro del plazo establecido. 
El dilatar tanto la acusación ha producido un incidente muy serio, como el debate constitucional sobre la prisión preventiva. El resultado de esa misma dilatación ha complicado la discusión sobre una incautación que, a mi parecer, era innecesaria. Si estuviéramos en juicio, no habríamos tenido estos incidentes con el Tribunal Constitucional ni con el juez Concepción Carhuancho.

¿Por qué es tan importante? 
Los casos penales funcionan para llegar a juicios. El debate principal de una investigación penal es sobre la inocencia o responsabilidad de las personas. Para ello, se requiere ir a juicio. Así tengan 36 meses para investigar, no pueden perder el tiempo. Si necesitan más tiempo para conseguir más evidencias, ¿por qué pidieron prisión preventiva el año pasado? No tiene sentido. Si tengo tanta evidencia que le puedo decir a un juez ‘estoy listo para acusar’ y pedir prisión preventiva, no puedo ahora decir ‘me faltan más evidencias y me voy a tomar más tiempo’.

A su parecer, ¿la prisión preventiva fue justa o injusta? 
La prisión preventiva habría tenido mucho sentido si la Fiscalía cumplía con su compromiso de acusar. El pedido de prisión preventiva y la acusación tienen que ir de la mano y no por separado, y con mayor razón si se trata de varios meses.

Entonces, el Tribunal Constitucional tenía razón en liberarlos... 
Sí. No hubiera sido necesario liberarlos si la Fiscalía hubiera presentado la acusación a tiempo.

Para el Ministerio Público, el ex jefe de Estado y su esposa pretenden dilatar la acusación para evitar que el caso pase a juicio. ¿Qué opina? 
Sí. La defensa tiene derecho a solicitar todo lo que consideren necesario, pero no tienen derecho a entorpecer la investigación. No se puede esperar al momento final para rehacer su plan de declaraciones y afectar el tiempo prudente que debe durar un proceso. Si la defensa de Humala y Heredia (César Nakazaki) necesita más declaraciones, pues que las pidan en juicio.

Por Fabiola Valle, publicado en Perú 21 el 16 de mayo de 2018

jueves, 10 de mayo de 2018

Caso Humala-Heredia


                         

“La Fiscalía ha regalado una narrativa de la victimización a Ollanta Humala”

El exprocurador anticorrupción, César Azabache, comenta que la decisión de incautar la vivienda donde vivía la familia Humala-Heredia no tiene justificación legal. Cree que la Fiscalía buscó una opción alterna luego del revés que sufrió con el fallo del Tribunal Constitucional, que ordenó la liberación de la expareja presidencial. Pero, añade, decidió muy mal.

¿Cuáles considera que son las consecuencias de la incautación ordenada contra el inmueble de los Humala-Heredia?
Lo que se ha demostrado en este caso es que es capaz de pasar por alto consecuencias colaterales como afectar el normal desarrollo de niños. Esos no son detalles. En términos de moral pública, es una decisión lamentable, poco seria.

¿Y desde lo jurídico?
En ese plano debo decir que es la primera vez que estoy absolutamente de acuerdo con la defensa de Humala: no tiene ninguna justificación legal, se le mire por donde se le mire. Las incautaciones existen para intervenir, de urgencia, en situaciones en proceso. Si la Policía interviene un laboratorio clandestino de elaboración de estupefacientes, el local se incauta porque nadie se va a poner a leer los títulos de propiedad en ese momento. Esta Fiscalía (que lidera Germán Juárez) viene arrastrando un compromiso adoptado a mediados del año pasado para presentar una acusación. Bueno, no existe tal acusación. En vez de estar concentrada…

En armar su caso.
Claro, cuando debería demostrarnos que tiene un caso sólido, va a recibir todas las críticas por esta decisión.

¿Pero tiene un caso sólido, desde su punto de vista?
Yo había quedado convencido de que lo tenía. Eso fue en julio del año pasado (cuando se ordenó la prisión preventiva contra los Humala-Heredia).

Y desde ahí, se ha avanzado muy poco.
No tenemos ningún resultado. Entonces, una de dos: o la Fiscalía no estaba lista y nos vendió una imagen falsa, o sí estaba lista y se ha retrasado.

¿Es una decisión que afecta la lucha anticorrupción?
Sí, claro, en la medida que estamos ante un caso emblema y los mensajes ya empiezan a ser profundamente ambiguos.

¿Qué debería hacer la Fiscalía entonces?
Dar un paso que, creo, es necesario aprender como comunidad: se llama retroceder, reconocer una equivocación.

Es decir, retirar el pedido de incautación.
Antes de que esta discusión termine generando más confusión. Aprenderemos poco, institucionalmente, si no hay una rectificación.

¿Entiende la lógica detrás de la incautación?
Yo creo que cualquier teoría va a ser confirmada, porque la medida es tan absurda como para tener una explicación alterna defendible. La teoría de la venganza por el fallo adverso en el Tribunal Constitucional explica la escena. Todo lo que se diga se vuelve creíble de inmediato en un contexto así.

Claro. ¿Pero es posible entender el razonamiento de la Fiscalía y del juez?
Hay un manual no escrito de la litigación. Los abogados producimos comportamientos homogéneos…

Usos y costumbres.
Eso. Si una medida se revierte, se busca una alterna que, aunque no sea equivalente, por lo menos genere un efecto simbólico que llene el vacío, para decirlo de alguna manera. Frente al fallo del TC, la Fiscalía buscó su medida alterna, pero la decisión fue pésima. La detención de los Humala era discutible en términos conceptuales…

Era un debate legal, con posiciones a favor y en contra.
Era un debate razonable. ¿Pero esta incautación? No por Dios. Lo único que hace es ridiculizar la discusión que hemos tenido por casi un año sobre la detención preventiva de los Humala.

¿No hay responsabilidad en los periodistas, en los abogados, en los ciudadanos? No hemos sido capaces de percibir la transgresión de los límites.
Sí. Creo que la indignación por estos casos de corrupción ha sido tanta que, quizás, hemos fallado todos en no dejar claro a tiempo que existen límites que no se pueden traspasar. Y han sido traspasados. Creí que la sentencia del TC iba a servir para advertirnos a todos que el borde había sido tocado.

¿Pensaba que la Fiscalía acusaría recibo?
Sí. Y en lugar de que la Fiscalía percibiera que había tocado el borde y que tenía que reorganizarse…

¿Se enfrentó al TC?
¡Así es! Se ha puesto cara a cara con el TC, lo ha pechado. Hay que volver al núcleo del proceso, que resumo en estas tres preguntas: ¿Odebrecht va a indemnizarnos o no?; ¿va a haber juicios oportunos y contra quiénes?; ¿cuáles van a ser las reglas para no entrar a una historia sin final?

Se ha levantado políticamente a Humala.
Le han regalado una narrativa que no tenía. Políticamente no existía, digamos. De alguna manera la sentencia del TC había logrado un equilibrio: no sostener por más tiempo la detención y no empoderarlo.

Aunque salió de la cárcel sin acusación.
De acuerdo, salió merecidamente ganador. Pero el TC dejó en claro, con cuidado, que Humala y Heredia salían por una falla en el modo de concebir la prisión preventiva. Luego de eso, la Fiscalía le acaba de regalar una narrativa de la victimización.

¿Hay diferencia en el trato en el caso de las investigaciones contra políticos?
No. Los casos legales no se presentan de acuerdo a las expectativas de cada quien. En los años de transición alguien tan serio como Javier Diez Canseco nos preguntaba por qué no habíamos empezado con el golpe de Estado como caso emblema en las investigaciones contra el régimen de los noventa si es que, desde cierta lectura que yo comparto, los desórdenes institucionales de esa época…

Empezaron el 5 de abril.
Efectivamente. Y le tuvimos que explicar que los casos legales no se organizan en perspectiva histórica sino sobre la base de resultados prácticos. Del mismo modo, un caso en concreto como el que tiene que ver con manejos de fondos de la familia Humala-Heredia no tiene que aspirar a recoger todo. Y lo que temo es que la Fiscalía se ha demorado por querer describir el caso perfecto, completo y universal.

Pero eso no existe.
Los casos perfectos no existen. Los casos legales no son para hacer historia, son para generar resultados prácticos. Ser expansivos es la peor decisión. Mi impresión es que donde más rápido se está avanzando es con Alejandro Toledo. Claro, es menos visible porque él está prófugo y los Humala estaban dentro. La Fiscalía nos debe mostrar a todos que es capaz de administrar, además de las evidencias, el tiempo que toma llegar a juicio.

Por Enrique Patriau, publicado en La República el 9 de mayo de 2018.





"Ni con la acusación estaba justificada una incautación"

Para el ex procurador anticorrupción  César Azabache , la orden de incautación contra los bienes del ex presidente  Ollanta Humala y de su esposa  Nadine Heredia es “desproporcionada”. A su juicio, hubo un exceso de parte del magistrado Richard Concepción Carhuancho de “dejar prácticamente en la calle” a personas que aún siguen siendo investigadas. “Sigo creyendo que el caso Humala-Heredia debe llegar a juicio cuanto antes. Pero estas incautaciones me parecen innecesarias”, sostiene. En esta entrevista, sustenta su postura.


¿Es adecuada la orden de incautación dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho?
Esta decisión es inaceptable, y lo es por dos razones. Primero, para asegurar que inmuebles sean decomisados al final de un proceso no es imprescindible incautarlos durante el mismo. Los inmuebles no se escapan. Y segundo, la incautación solo está recomendada para cuando hay presencia de testaferros o incertidumbre absoluta sobre títulos y documentos, pero no para inmuebles perfectamente registrados. 
¿Para qué casos, entonces, aplica este tipo de disposiciones judiciales?
Todas las medidas provisionales deben respetar tres principios: de necesidad, temporalidad y proporcionalidad. No es proporcional incautar un inmueble en el que vive un niño, y en este caso hay tres menores. 
¿El embargo de bienes hubiera sido suficiente en este caso?
El embargo no tiene nada que ver aquí, porque estamos ante delitos penales. Bastaba con prohibirle a la ex pareja presidencial vender los inmuebles y aplicarles prohibición a los registros. Jamás debe aplicarse una medida como esta en inmuebles en los que viven niños. 
Según la resolución, estas propiedades habrían sido adquiridas con fuentes ilícitas.
Eso no tiene ninguna relación con una medida de incautación. 
¿Qué puede haber interpretado el juez para emitir una disposición como esta?
No tengo la menor idea, pero esto no tiene ningún sentido. No puedo entender por qué lo ha hecho. Insisto, hubiera sido suficiente con prohibirles a los investigados transferir sus bienes, inscribir esa medida en los registros públicos y punto. 
¿En qué etapa de la investigación podía aplicarse esta medida?
En ninguna. Esto que acaba de pasar no ha existido antes. Ni siquiera presentando la acusación esta medida estaba justificada. 
¿Cree que la Fiscalía formuló la solicitud de incautación porque tiene claro que se cometieron los delitos que imputa a los investigados?
Este caso tiene que entrar ya a juicio, sin más dilaciones. La pregunta a contestar es: ¿la Fiscalía tiene un caso? Si es así, que presente ya la acusación, pero que no nos venga con estas cosas que son innecesarias.

Publicado en Perú 21 el 8 de mayo de 2018

lunes, 23 de abril de 2018

Nuestra fatal indiferencia


LA PRISIÓN DOMICILIARIA DE OSMÁN MOROTE

Nuestra fatal indiferencia


Descubrimos el avance del Movadef cuando ya habían construido un mausoleo entero, y nos pusimos en alerta por el final del ciclo de vigencia de las condenas por terrorismo solo cuando teníamos encima el agotamiento de sus plazos.  

Temo que ahora, con Osmán Morote en prisión domiciliaria, estamos pagando las consecuencias de haber intentado resolver problemas fundamentales con simples coartadas de corto alcance. El sistema legal funciona como una trampa de límites que deben ser administrados, de hecho, con algo más de habilidad que la que usualmente pone en evidencia la improvisación y las reacciones de urgencia.  

Morote fue detenido en junio de 1988, cuando las reglas sobre cadena perpetua aún no existían. Se le condenó a 18 años de cárcel. Después de los sucesos de abril de 1992, se elevó su condena a prisión perpetua, por decisión de la justicia militar. Sin embargo, los cargos acumulados en su contra se referían solo a atentados cometidos hasta junio de 1991. En octubre del 2006 un tribunal ordinario advirtió este defecto y redujo su condena a 25 años, advirtiendo además que el plazo se cumpliría en junio del 2013.  De una manera u otra, la sentencia de octubre del 2006 nos concedió siete años enteros para organizar un caso complementario que corrija el defecto y permita homologar la condena de Morote a las de los cabecillas del senderismo, a los que se impuso prisión perpetua. 

Había dos maneras de hacerlo: volver a presentar cargos contra Morote por los hechos que permitieron que el resto de la cúpula senderista sea condenada a prisión perpetua (los hechos que en su caso fueron omitidos) o hacer un segundo proceso solo contra él por hechos como el atentado de la calle Tarata, de julio de 1992. Ese caso complementario debió lanzarse no bien se leyó la sentencia de octubre del 2006. Y organizado como un procedimiento complementario, corto, dirigido contra él con un solo objetivo, el caso podría haber terminado en el 2008 o en el 2009, antes de que se venciera la condena original.  

Pero dejamos pasar siete años casi completos sin resolver esto. Solo en marzo del 2013, a poco de cumplirse la fecha anunciada, el Ministerio Público obtuvo una nueva orden de detención que impidió a Morote salir de la cárcel, pero solo temporalmente. La orden provino de los cargos que la fiscalía presentó en su contra por la masacre de Soras, un crimen horrendo perpetrado por el senderismo en julio de 1984. Luego vinieron las órdenes de prisión provisional de los casos Tarata y Perseo. Pero las tres fueron atadas a casos complejos, en los que se acumularon cargos contra tantas personas que los procesos estaban destinados a durar todo lo que han durado.  

Los cargos por el Caso Tarata, por ejemplo, llegaron al judicial solo en setiembre del 2014, ocho años después de la condena original. Y además de llegar tarde incluyeron a toda la cúpula del senderismo, también a quienes ya estaban condenados a una prisión perpetua que para entonces era imposible modificar. El atentado es moralmente reprochable a la cúpula del senderismo, sin duda. Pero era innecesario llevar a juicio a aquellos que ya cumplen prisión perpetua, porque respecto a ellos el juicio no va a producir consecuencias prácticas que modifiquen nada en absoluto.  

Para estos últimos, además, el juicio no representa riesgo alguno. Acaso solo la oportunidad de contar con un escenario simbólico que les permite mostrarse públicamente como colectivo y generar imágenes como aquella que los muestra celebrando la liberación de Morote, ante nuestros ojos atónitos.  

El resultado: un juicio largo y tardío en reemplazo de lo que se necesitaba: uno corto y dirigido directamente a homologar la condena impuesta contra Morote.  

Un mal plan produce malos resultados. Sin embargo, el problema real sigue siendo homologar la situación de Morote a la que corresponde a los demás cabecillas del senderismo, que ya cumplen prisión perpetua. Y aunque la ruta establecida para alcanzar esa meta no es la mejor, esta es ahora la única que podemos transitar.  

Morote debe regresar a prisión. Pero hay dos opciones para lograrlo y no solo una. La Corte Suprema puede revocar la orden que aprobó el inmueble de Chaclacayo como centro de reclusión temporal. Pero esta alternativa reproduce el error que hemos cometido todo este tiempo: contener a Morote en prisión en lugar de organizar las cosas de manera que se logre homologar su situación a la que hemos impuesto a los demás cabecillas del senderismo. Entonces deberíamos concentrarnos en lograr que la sala modifique su concepción del tiempo y termine este juicio lo más pronto que sea posible.  

Convirtamos la sentencia que está por venir en un documento que ponga en limpio el sentido moral de esta difícil historia.

Publicado en El Comercio, el lunes 23 de abril del 2018.


jueves, 5 de abril de 2018

Caso Humala Heredia

Entrevista en Canal N con Mávila Huertas, 9 de mayo de 2018

Entrevista en Canal N con Augusto Thorndike, 8 de mayo de 2018

Entrevista en RPP con Aldo Mariátegui y Fernando Carvalho, 8 de mayo de 2018


Entrevista en Canal N con Mávila Huertas, 30 de abril de 2018


Entrevista en Buenos Días Perú con Pamela Acosta y Mabel Huertas, 27 de abril de 2018


Entrevista en RPP con Aldo Mariátegui, 10 de abril de 2018


Entrevista en Radio Capital con Christian Hudtwalker, 5 de abril de 2018


Entrevista en Canal N con Mavila Huertas, 5 de abril de 2018

lunes, 26 de marzo de 2018

Caso Kuczynski

Entrevista en ATV  con Milagros Leiva, 29 de marzo de 2018


Entrevista en Buenos Días Perú con Paco Flores y Pame Acosta, 28 de marzo de 2018


Entrevista en Canal N con Mávila Huertas, 26 de marzo de 2018





A PEDIDO DE LA FISCALÍA, EL PODER JUDICIAL ORDENÓ HOY UN PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS CONTRA PPK POR 18 MESES, TAMBIÉN EL ALLANAMIETO DE TRES INMUEBLES A SU NOMBRE.

PPK: ¿Son proporcionales las medidas contra el ex presidente?

Un día después de que el Congreso aceptó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la presidencia, el Poder Judicial dictó dos medidas en su contra: un impedimento de salida del país de 18 meses y el allanamiento a tres inmuebles a su nombre ubicados en San Isidro y Cieneguilla.

Y PPK tuvo dos reacciones. Una a través de su abogado, César Nakazaki, quien dijo que se allanaban a cualquier decisión para contribuir con las autoridades. La otra fue más política y confrontacional a través de sus redes sociales.

"Daré todas las facilidades del caso [...] Dejemos atrás el show mediático y no sigamos dañando la imagen del país. Que la persecución y la venganza política no se instalen en nuestro país", escribió vía Twitter.

Consultado por El Comercio, el abogado penalista Yván Montoya consideró que, más allá de las críticas del ex presidente, ambas decisiones odernadas por el Poder Judicial son proporcionales, tomando en cuenta que PPK es investigado por un delito común, que es lavado de activos.

"Al día siguiente de su renuncia, el ex presidente ya no goza de ninguna protección. A PPK no se le está imputando algo que no sea lavado de activos. Si hubiera sido por actos dentro de su función, quizá sí hubiera tenido algún tipo de protección, pero ante un delito común no hay ninguna consideración", manifestó.

Montoya señaló también que el impedimento de salida del país es la medida cautelar menos invasiva del sistema y la que menos derechos afecta.

"El estándar es que esta restricción es la más simple de todas y lo único que busca es que el ex presidente no salga del país, por lo que es proporcional al estado de la investigación, a la presunta vinculación de PPK con los delitos investigados y a los indicios que tiene Hamilton Castro", señaló.

"Con relación al allanamiento, solo cabría conocer los motivos de la urgencia, las razones por las cuales el fiscal consideró necesario llevarlas a cabo el mismo día que se decidía el impedimento de salir del país. Pero aún así, se justifica porque los allanamientos por delitos graves deben ser sorpresivos e inesperados", indicó.

–Entre la política y la justicia–
Una opinión contraria tuvo Enrique Ghersi, quien calificó como desproporcionadas ambas medidas restrictivas contra PPK.

Específicamente sobre el impedimento de salir del país, cuestionó que el fiscal Castro haya incluido en su sustentación los ingresos del ex presidente PPK como elemento para un posible peligro de fuga.

"Se supone que todos somos iguales ante la ley. Es irrelevante que una persona sea rica o no, o que tenga más o menos relaciones sociales. Para la ley eso es irrelevante, lo que importa es la comisión del delito. Esos argumentos son más políticos, y eso hay que dejarlo de lado", comentó.

Con relación al allanamiento, consideró que prematuro el accionar de la fiscalía. "Hay otras personas a las que también se investiga y contra quienes no se ha dictado un allanamiento como este", resaltó.

Por eso, sugirió "natural moderación" a jueces y fiscales. "Que se investigue si hay que investigar, pero dejar que la gente piense que la justicia es una herramienta de venganzas políticas solo deslegitima sus decisiones. Que sea severa, pero no por eso que deje de actuar con equilibrio y moderación", comentó.

–Un camino cuestionable –
El abogado penalista y ex procurador anticorrupción César Azabache consideró adecuado que la fiscalía busque que PPK permanezca en el Perú y solicite el impedimento de salir del país, pero cuestionó que use el presunto delito de lavado de activos, algo que no considera que exista en las indagaciones por los pagos a Westfield y First Capital.

"Estos pagos, como un caso en sí mismo y en mi opinión, son eventos prescritos, por más desagradable que sea. Desde mi punto de vista, las investigaciones adquieren sentido en el marco del Caso Odebrecht y con el proceso por la Interoceánica Sur. Habría tenido más sentido que la fiscalía reaccione a la renuncia de PPK incluyéndolo en el caso de las IIRCSA", comentó.

Agregó que el delito de lavado de activos como tal, un intento de percibir y ocultar dinero clandestino, no tiene elementos. Eso, expresó, puede poner en peligro el caso que busca estructurar la fiscalía.

"La cuestión de Westfield no es lavado de activos. Puede ser negociación incompatible, ventaja de privados, pero no hay circulación de fondos clandestinos", señaló César Azabache al recordar que, a diferencia del proceso contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, no hay elementos que vinculen los pagos a las empresas vinculadas a PPK con los fondos ilícitos de Odebrecht.

"PPK merece ser investigado y con todo el rigor, pero no con este tipo de procedimientos", concluyó el penalista.

Publicado en El Comercio el sábado 24 de marzo. 

El destino inminente


OTRAS CONSECUENCIAS DE LAS GRABACIONES DEL CONGRESISTA MAMANI

El destino inminente

Tenía planeado escribir un artículo sobre las reglas del lavado de activos. Hay en esta área muchas advertencias que hacer y muchas construcciones legales que terminar de perfilar en sus alcances. Y el allanamiento el sábado de la casa del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski deja demasiadas cosas en duda. Sin embargo, existen cuestiones previas que requieren respuestas claras y concluyentes.  

Hace poco más de un año descubrimos que después de dirigir la Marcha de los Cuatro Suyos y recibir de Valentín Paniagua la posta para organizar la transición, Alejandro Toledo habría pedido a Jorge Barata en Brasil un soborno que evoca simbólicamente, en su exorbitante dimensión, al primer monto que la fiscal Cornelia Cova descubrió en Suiza, en poder de Vladimiro Montesinos: US$30 millones. En el año se han descubierto además los no menos graves US$3 millones que Humala y Heredia habrían aceptado en secreto de Odebrecht y los otros US$3 millones que destrozarían el recuerdo esquivo de la perfecta honestidad de Susana Villarán.  

Un aficionado a navegar entre el significado de los números podría reparar en la oscura insistencia con que el número tres aparece en estas escenas macabras. Pero no es la numerología la cuestión a revisar. Es el letargo que produce entre nosotros contemplar todas las repeticiones. El frío refugio en la indiferencia y la desesperanza encierra el enorme peligro de instalar entre nosotros el abandono como estilo de acción pública. 

Es este el ambiente en el que tres congresistas y un grupo de traficantes políticos (a muchos de los cuales aún habrá que identificar) aparecen en la escena canjeando votos (al menos el del congresista Mamani) por la oportunidad mezquina de traficar contactos en el gobierno que permitirían al sobornado saquear futuros proyectos públicos: “De una obra de S/100 millones que te caiga 5%”. 

La vacancia de diciembre no era entonces una simple cuestión de votos. Tendría que haber sido la escena en que fijáramos los límites morales de la actividad pública. Pero fue la escena en que se denigraron los difíciles debates que ya estaban en curso sobre el final de la condena impuesta a Alberto Fujimori hace más de 10 años.  

La torpeza del procedimiento que en ese momento se adoptó terminó contaminando una cuestión que debió discutirse de otra forma. Ahora, con la exhibición de su bajeza, los personajes que detuvieron la vacancia en diciembre han puesto en riesgo, no tengo duda alguna, la sostenibilidad del indulto. Y, además, han abierto un nuevo capítulo de cuestiones penales destinado a saturar al extremo nuestra agenda en plazo inmediato. 

En condiciones institucionalmente estables, las grabaciones del congresista Mamani tendrían que haber generado un procedimiento de intervención en flagrancia dirigido por la fiscalía. Esta intervención habría provocado la entrega inmediata de los personajes de esta historia perversa al Parlamento, me refiero a los que tienen inmunidades, para su desafuero. En condiciones estables algunos de ellos habrían ido a prisión de inmediato.  

Sin embargo, comprendo que las cosas hayan adoptado otro rumbo. Por desgracia, las relaciones entre el Ministerio Público y la mayoría en el Congreso no fueron buenas el año pasado. La falta de confianza, que supongo es mutua, explica que se haya optado por una forma de hacer las cosas, por cierto lícita, pero distinta, menos perfecta y más arriesgada.  

Convertir al congresista Mamani en un improvisado pero aparentemente bien entrenado agente encubierto supone haber adoptado muchísimos riesgos prácticos. Hasta donde ahora parece, todos ellos han sido sorteados con éxito. El congresista Mamani, nos gusten o no sus antecedentes, su perfil o el modo en que hizo las cosas, al parecer actuó con la enorme precaución de no contaminar sus registros con frases o expresiones impropias que pudieran afectar la utilidad legal de la evidencia construida.  

Y la evidencia deja listo el caso a presentar. Podría faltar, pero no es imprescindible, saber qué ocurrió en esa reunión en casa de Kuczynski, a la que se hace referencia al menos dos veces en los registros. También podría faltar, pero no es un obstáculo, completar la lista de las personas que organizaron esta vulgar conspiración. Habrá que escuchar a los personajes. Pero no puedo imaginar qué puedan decirnos que impida que la cárcel sea ahora su destino inminente. 

Ignoro cuánto tiempo planea tomar el Congreso para procesar esto, pero debo advertir que para un caso así de completo no pueden necesitarse más de 15 o 20 días (el tiempo necesario para proceder apropiadamente). Además, el tiempo que probablemente tomará que la fiscalía pueda ampliar los cargos contra el ex presidente Kuczynski para incorporarlo en el caso de las IIRSA, sin duda una investigación más sostenible que la de Westfield y First Capital.  
De hecho, solo, el caso de Westfield y First Capital está destinado al archivo, si el Congreso no decide pronto declarar imprescriptible este tipo de asuntos.

Publicado en El Comercio el lunes 26 de marzo.