Fujimori podría ser procesado por el Caso Pativilca
¿Por qué Fujimori no puede quedar fuera del Caso Pativilca?
La Constitución le pone una condición
al Presidente de la República. Solo autoriza que él se inmiscuya en casos
judiciales cuando el procedimiento ha caído en retardo. La medida de retardo es
una fórmula que es el doble del tiempo de la instrucción más su ampliatoria.
¿A cuánto equivale ese tiempo?
En el Código de Procedimientos
Penales, el plazo de instrucción puede tomar a los más ocho meses en los casos
complejos y la ampliatoria toma cuatro meses más. La ampliación la concede el
juez cuando proceso no ha terminado. Si usamos esa ecuación, el plazo más la
ampliación es el doble de doce (24 meses).
No ha transcurrido ni un año.
De febrero a diciembre, más de 10
meses. En términos de la Constitución no está cumplido el plazo para que el
Presidente puede intervenir en el proceso de Pativilca.
¿Y por qué otros abogados califican el caso de “simple”?
Es imposible no considerar un
caso por violaciones de derechos humanos como complejo y por la antigüedad no
se puede considerar simple. Los casos simples son aquellos que no tienen
dificultades procesales y no dependen de la cooperación internacional.
Pativilca es de 1992, pero si lo trata como simple, el plazo de instrucción
sería doce meses. Quien sostuvo eso fue Mario Amoretti.
¿Por qué el plazo no puede ser contado desde junio del 2012 cuando se
apertura la investigación de los crímenes en Pativilca?
El problema es que en junio de
ese año, Fujimori ya estaba extraditado y el proceso se declaró en suspenso
hasta que la Corte Suprema (de Chile) autorice la investigación.
¿En qué se basa al usar de argumento del caso de Alfredo Jaililie?
Es un precedente donde la
justicia dijo que no iba aplicar la gracia porque él ya estaba en juicio y no
instrucción, y dijo además que, esta medida solo podía darse antes de comenzar
las audiencias del juicio y aparte, porque él no estaba detenido. Jaililie
presentó un Habeas Corpus y el Tribunal Constitucional dijo que no interesa en
qué estado del procedimiento esté la persona que recibe la gracia presidencial
y tampoco si está detenido o libre.
¿Considera que el Presidente fue mal asesorado para tomar esa decisión?
Una medida tomada sin consulta y
debate produce errores como este. Creo que es producto del apresuramiento. Hubo
mal cálculo de consecuencia.
¿La gracia impide que más adelante no le abran más procesos?
Eso es lo otro que no se ha
discutido. Hay dos pedidos de ampliación de la extradición del Ministerio de
Justicia por el caso de las FARC y Castro Castro. Debieron pensar en otras
opciones más abiertas.
¿Ahí también se puede aplicar la “autoría mediata”?
O donde Fujimori puede ganar una
absolución. Recordemos que cuando se amplió la extradición para el caso de los
'Diarios Chicha', terminó absuelto.
El juez César San Martín dijo que la jurisdicción peruana no califica
los delitos de Fujimori como de lesa humanidad.
Lo que San Martín ha planteado es
que “lesa humanidad” tiene varios significados. De un lado, son crímenes los
que según el Estatuto de Roma son entregados al Tribunal Penal Internacional.
¿Es posible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revierta el
indulto?
La Corte no es un tribunal de
instancia y eso no funciona con una apelación. Lo que van a revisar es si la
decisión presidencial corresponde a los deberes del Estado en el marco de la
Convención Americana: respetar, promover y sancionar los casos en los que se
viola derechos humanos. Se va juzgar el significado de la medida. La Corte se
va preguntar, ¿qué representa esta decisión en la comunidad peruana?
¿Representa el resultado de un debate abierto donde participaron todos los
actores interesados? ¿O representa un acto apresurado tomado con razones de
juego político?
Dentro de esas recomendaciones, ¿puede incluir que Alberto Fujimori no
salga del país para que el proceso se respete?
No creo, dentro del lenguaje de
la Corte lo que probablemente va decir es que las autoridades están obligadas a
adoptar las disposiciones que correspondan a sus leyes internas para asegurar
que la comparecencia de Alberto Fujimori en los casos que tenga pendientes o su
presencia durante los debates que tengan que abrirse respecto a su situación.
Publicado en la revista Caretas, 12 de enero de 2018
Entrevista en Canal N con Mávila Huertas, 8 de enero de 2018
El indulto otorgado por Kuczynski no exime a Fujimori de los cargos por la matanza de Pativilca
La matanza de Pativilca donde murieron seis agricultores en la década del noventa ensombrece el futuro próximo del indultado expresidente Alberto Fujimori Fujimori porque no se cumplieron los plazos judiciales para que sea perdonado.
A pesar de haber sido dado de alta hospitalaria, el pasado miércoles 27, Fujimori (1990-2000) sigue internado en la clínica “Centenario”, a donde llegó de emergencia.
En comunicación con ABC, el Instituto Nacional Penitenciario señaló que Fujimori no tiene ninguna orden de arresto en su contra porque se le indultó en el caso Barrios Altos y La Cantuta, y se le dio el derecho de gracia, en la matanza de Pativilca.
Según informó a ABC el Fiscal, Cesar Landa, hay una audiencia pendiente en el Poder Judicial solicitada por la abogada de las víctimas del gobierno de Fujimori, Gloria Cano, donde se va a dirimir si se levanta o no las medidas cautelares contra Fujimori y para tal fin, se revisará el proceso de la matanza de Pativilca.
“Los indultos pueden ser revisados, si es que no cumplen los estándares y las convenciones americanas. La gracia presidencial no es un acto arbitrario, no es una decisión del presidente porque es presidente como si fuera un monarca. Ahora somos una república, todos sus actos deben ser refrendados en base a mandatos legales y constitucionales”, explicó el Fiscal Cesar Landa.
“Habiendo una requisitoria en el caso Pativilca, se revisará la validez del indulto en una audiencia del Colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial. Se va a dilucidar si el indulto es valido o invalido”, añadió, al tiempo que dijo que “se debe revisar si el caso era extremo en términos de salud junto al derecho de justicia de las víctimas de la matanza de Pativilca.
La abogada de la víctimas, Gloria Cano, dijo al ABC que ha solicitado al Poder Judicial que se sustente porque el mandatario cierra el proceso de la matanza de Pativilca, y allí se determinará paso por paso, si se eligió con imparcialidad a los médicos y si se respetaron los procesos del caso Pativilca.
“El Tribunal peruano no va a poder archivar el caso Pativilca y a nadie se le ocurrió que antes de pedir que se archive, se anulen el mandato de detención, Fujimori no podrá salir de la clínica, porque diseñaron mal el caso de Pativilca”, relato al ABC, el ex Procurador y abogado penalista, Cesar Azabache.
“En el caso Pativilca, la autorización de la Corte Suprema de Chile para procesar a Alberto Fujimori se emitió en febrero de 2017, entonces se debería esperar por 24 meses como dice el artículo 202.4 del Código de Procedimientos Penales de 1940; este proceso no se cumplió. ¿Cómo se llama el cuento?: el indultado (Fujimori) no puede salir de la clínica”, concluyó Azabache.
ABC intentó sin éxito que el Ministerio de Justicia confirme haber entregado el expediente en el que se sustenta la exculpación contra Alberto Fujimori Fujimori donde se otorgó el indulto en el caso de las matanzas Barrios Altos y La Cantuta, y el derecho de gracia en la matanza de Pativilca.
El grupo “Colina” formado por militares dirigidos por el mayor Santiago Martín Rivas quienes durante el gobierno de Fujimori cometieron asesinatos extrajudiciales, fueron primero condecorados por sus servicios al país, luego procesados y por último amnistiados por el ex gobernante.
En Barrios Altos, el grupo Colina asesinó a 16 personas, entre ellas a un niño de 8 años; en La Cantuta asesinó a 9 estudiantes y un profesor mientras que en Pativilca (ubicada al norte del país) se asesinó torturaron y quemaron a seis agricultores. El grupo Colina justificada su conducta señalando que las víctimas eran miembros del grupo terrorista “Sendero Luminoso”, de corte maoísta y que fue dirigido por Abimael Guzmán desde 1980, año en que declaró la guerra al Estado peruano.
Por Pao Ugaz, publicado el 30 de diciembre de 2017 en Abc.es
La audiencia pendiente
Fujimori acaba de salir en libertad. No hay duda que el Juez peruano a cargo de la ejecución de la condena por los casos Barrios Altos y Cantuta no tenía nada que hacer sobre el indulto humanitario que se le otorgó hace solo unos días. Las correcciones que haya que introducir al procedimiento provendrán de la Corte Interamericana de DDHH, no de la justicia local.
Lo que debe explicarse ahora entonces es cómo se relaciona su liberación con el caso Pativilca, al que no alcanza el indulto.
La respuesta es sencilla. Contra la información que circuló en estos días resulta que en el caso Pativilca no se formalizó nunca una orden de prisión preventiva en contra de Alberto Fujimori. Si la orden hubiera existido, lo hemos comentado antes, habrían bastado exhibir los documentos médicos que tiene (sean o no suficientes para indultarlo) para mostrar que no puede fugar y anular cualquier restricción. Pero esto no ha sido necesario.
En todo caso lo que debe resolverse ahora es si la Sala que tiene el caso Pativilca llamará a audiencia o no. Hay una acusación ahí y una cuestión difícil, la del plazo necesario para aplicar la gracia.
Tampoco está claro si la Fiscalía pedirá alguna restricción en contra de Fujimori. Sin embargo como hemos anticipado, la imposibilidad de que fugue podría hacer suficiente una orden que le impida salir del país hasta que el caso concluya.
Cuando la Sala decida si llamará a audiencia deberá decidir además si Fujimori debe concurrir a ella o no. Es posible que este asunto se discuta sin que sea necesaria su presencia.
Pero el debate final sobre la gracia aún debe llevarse a cabo. Su liberación no constituye un obstáculo en absoluto.
Publicado en Facebook y Twitter el 5 de enero de 2018
Entrevista en RPP con Aldo Mariátegui y Fernando Carvallo, 29 de diciembre de 2017
Entrevista en Canal N con Karina Borrero, 26 de diciembre de 2017
Entrevista en RPP con Mónica Delta, 26 de diciembre de 2017
Entrevista en América Noticias con Federico Salazar y Verónica Linares, 26 de diciembre de 2017
Alberto Fujimori: César Azabache advierte problemas legales en derecho de gracia
Al referirse al caso Pativilca, abogado señala que la Constitución establece que se puede cortar los procesos en trámite siempre que éstos hayan acumulado un retardo de 24 meses como mínimo.
La noche del 24 de diciembre, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión hasta el 10 de febrero de 2032, no solo fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, sino que también recibió el derecho de gracia, que lo libra de todo proceso pendiente.
Sin embargo, el abogado César Azabache advirtió hoy martes problemas legales respecto a la aplicación del derecho de gracia específicamente por el caso Pativilca, por el cual Fujimori tiene un proceso judicial abierto con mandato de detención.
El 29 de enero de 1992 el denominado grupo Colina asesinó a seis pobladores de la localidad de Pativilca. Por este caso, el 6 de junio pasado, la Corte Suprema de Chile confirmó la ampliación de la extradición de Fujimori por los presuntos delitos de homicidio calificado y asociación ilícita.
Según informó la justicia chilena en aquel momento, los magistrados compartieron, "el criterio del ministro de primera instancia respecto de los delitos de homicidio y asociación ilícita por tratarse delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles desde el punto de vista de la persecución penal".
Además, en julio pasado, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional incluyó al ex mandatario entre los responsables de ese crimen y lo acusó de autoría mediata.
"En el caso Pativilca, Fujimori tiene mandato de detención que impediría ejecutar el indulto humanitario (...). Es un error innecesario para un caso tan sensible", aseveró Azabache.
En Canal N, declaró, además, que la Constitución establece que se puede cortar los procesos en trámite siempre que éstos hayan acumulado un retardo de 24 meses como mínimo.
"El caso Pativilca comenzó hace 10 meses, en febrero, porque Fujimori estaba sujeto a reglas de la extradición y eso le dio inmunidad para ese caso", explicó.
Azabache manifestó que en los casos de gracias presidenciales, el tribunal tiene que recibir un pedido basado en la decisión del presidente de la República para abrir una audiencia y discutir si la medida esta bien basada o no. "No es automático", añadió.
En ese contexto, añadió que en la gracia presidencial, que implica interferencia sobre un procedimiento judicial en marcha, el presidente de la República "tiene atribuciones menos intensas que frente a indulto humanitario".
Publicado en Perú 21 el martes 26 de diciembre de 2017
Al referirse al caso Pativilca, abogado señala que la Constitución establece que se puede cortar los procesos en trámite siempre que éstos hayan acumulado un retardo de 24 meses como mínimo.
La noche del 24 de diciembre, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión hasta el 10 de febrero de 2032, no solo fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, sino que también recibió el derecho de gracia, que lo libra de todo proceso pendiente.
Sin embargo, el abogado César Azabache advirtió hoy martes problemas legales respecto a la aplicación del derecho de gracia específicamente por el caso Pativilca, por el cual Fujimori tiene un proceso judicial abierto con mandato de detención.
El 29 de enero de 1992 el denominado grupo Colina asesinó a seis pobladores de la localidad de Pativilca. Por este caso, el 6 de junio pasado, la Corte Suprema de Chile confirmó la ampliación de la extradición de Fujimori por los presuntos delitos de homicidio calificado y asociación ilícita.
Según informó la justicia chilena en aquel momento, los magistrados compartieron, "el criterio del ministro de primera instancia respecto de los delitos de homicidio y asociación ilícita por tratarse delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles desde el punto de vista de la persecución penal".
Además, en julio pasado, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional incluyó al ex mandatario entre los responsables de ese crimen y lo acusó de autoría mediata.
"En el caso Pativilca, Fujimori tiene mandato de detención que impediría ejecutar el indulto humanitario (...). Es un error innecesario para un caso tan sensible", aseveró Azabache.
En Canal N, declaró, además, que la Constitución establece que se puede cortar los procesos en trámite siempre que éstos hayan acumulado un retardo de 24 meses como mínimo.
"El caso Pativilca comenzó hace 10 meses, en febrero, porque Fujimori estaba sujeto a reglas de la extradición y eso le dio inmunidad para ese caso", explicó.
Azabache manifestó que en los casos de gracias presidenciales, el tribunal tiene que recibir un pedido basado en la decisión del presidente de la República para abrir una audiencia y discutir si la medida esta bien basada o no. "No es automático", añadió.
En ese contexto, añadió que en la gracia presidencial, que implica interferencia sobre un procedimiento judicial en marcha, el presidente de la República "tiene atribuciones menos intensas que frente a indulto humanitario".
Publicado en Perú 21 el martes 26 de diciembre de 2017
Publicado en Perú 21 el martes 26 de diciembre de 2017
LO QUE SE VIENE LUEGO DE SUPERADA LA MÁS RECIENTE CRISIS POLÍTICA
Perdiendo todo sentido de equilibrio
El debate sobre la incapacidad moral del presidente Kuczynski se desarrolló y cerró en medio de enormes fisuras institucionales que no compensamos ni resolvimos en absoluto. La vacancia por incapacidad moral existe ente nosotros desde 1839. Pero jamás se había discutido el significado de la regla de manera concluyente. Las antiguas referencias al derecho civil clásico citadas en estos días, que identificaban incapacidad moral con la locura, resultan a estas alturas claramente desfasadas. Se ha citado entre nosotros el caso Billinghurst, en 1914, pero Billinghurst renunció por escrito, de modo que su historia no nos dice nada sobre este asunto. En el caso Fujimori, en el 2000, las referencias a la incapacidad moral como causa de vacancia se mezclaron con el rechazo a su renuncia y las consecuencias de su escape al Japón, dos causales de vacancia concurrentes por sí mismas que hicieron invisibles las cuestiones morales asociadas al evento.
Casi dos siglos después de la introducción de la regla, abordamos esta discusión sin tener un cuerpo de criterios y antecedentes sólidamente establecido que haya podido dar forma a la discusión y permitido diferenciar cuándo aplicar esta regla, cuándo no, cuándo es justo y proporcional tomar una decisión irreversible como la vacancia o cuándo es necesario y posible optar por soluciones intermedias, acaso como la suspensión del presidente.
Vaciado de contenido moral el debate del jueves pasado fue institucionalmente inútil.
Y ni siquiera tenemos ya un Senado que hubiera podido poner una pausa de reflexión en la discusión. El procedimiento definido por el Reglamento del Congreso fue diseñado teniendo en mente casos flagrantes como la incapacidad física, el abandono del país o la renuncia, no casos como este, en el que las discusiones se han cerrado sin completar historias que hasta hoy han sido contadas solo parcialmente y de manera bastante superficial.
Hemos dejado que prevalezca el apuro. Hemos optado por no compensar ninguno de los defectos que exhiben nuestros procedimientos y nuestras prácticas. Hemos cerrado este episodio impregnado por el peso de incógnitas muy serias sin resolver sobre la historia de las asesorías financieras que, nos guste o no, vinculan de una u otra manera al presidente Kuczynski con Odebrecht. El trasfondo de los pagos recibidos en Westfield Capital, su consultora personal, permanece en la penumbra.
Pero además durante el debate que concluyó al final de la noche del jueves, los bandos en contienda decidieron proceder tratando la cuestión sobre la vacancia como un vulgar asunto librado al juego de las preferencias subjetivas y de la conquista o conservación de votos de unos y de otros, votos que en las últimas horas del debate fueron arranchados y repuestos sin referencia a los costos que se adquieren con cada compromiso asumido. Un bando derrotó al otro luego de una sofisticada exhibición de esgrima de pasillos, que incluyó la filtración y también la negación de documentos auténticos relacionados con la liberación de Alberto Fujimori, el nuevo jefe de una naciente “bancada de los 10”, mientras su liberación, ya es evidente, venía decidida de antemano.
Alberto Fujimori acaba de ser indultado sin más debate, sin más consideraciones a opciones como la reducción de su condena o su pase a una clínica o a su propio domicilio. Toda opción distinta al indulto habría costado muchísimo menos que lo que costará lo que se acaba de hacer. La nueva “bancada de los 10” decidió el destino final de la vacancia. Y a cambio, ha cobrado el precio de su rescate. Pero por desgracia las consecuencias colaterales de esa transacción serán pagadas por nuestro ya lesionado equilibrio institucional.
Hemos terminado vaciando de todo contenido moral los dos principales debates que debían marcar el final de este año.
Esta historia merecía un final más digno. En la combinación entre la no vacancia y el indulto se arriesgan cuestiones decisivas relacionadas con el enorme saldo de la reconciliación pendiente que arrastramos como un pasivo desde la transición. Se arriesgan además la manera de abordar nuestros principales problemas de ética pública. Como están las cosas, el final de esta historia representa apenas una solución pragmática vaciada de todo fundamento.
La excarcelación de Alberto Fujimori requería un debate abierto y un esfuerzo honesto a favor de la reconciliación. La no vacancia también. Acabamos de perder la oportunidad de compensar el enorme déficit de moralidad que tuvo la jornada del jueves. Los debates imaginables sobre el verdadero sentido del Caso Westfield Capital y las opciones para poner punto final al Caso Fujimori van a ceder ante la brutal exhibición de falta de respeto hacia todos que el entorno del presidente acaba de exhibir.
Pudimos llevar esta situación inestable al mejor puerto posible. Con este innecesario apresuramiento perdimos absolutamente el sentido del todo el equilibrio necesario para estabilizar el final de este proceso.
Publicado en El Comercio el lunes 25 de diciembre de 2017
Publicado en El Comercio el lunes 25 de diciembre de 2017
Peru's President Hangs On to Power, but at What Cost?
President Pedro Pablo Kuczynski avoided being removed from office on Thursday after a Congressional motion to impeach him narrowly failed.
But even as the drama in Peru’s Congress halted the upheaval of ousting the country’s leader, it also revealed the president’s tenuous hold on power. And it showed the strength of far-right politics in Peru, a country that returned to democracy only 17 years ago.
Mr. Kuczynski pleaded his case before lawmakers who had introduced a motion to remove him from office this week. With a Congress dominated by the opposition Popular Force, a right-wing party whose leader ran against Mr. Kuczynski in the last election, many had expected the vote to result in his removal.
But a faction of the right-wing party, which was founded by the daughter of the country’s jailed former authoritarian leader Alberto Fujimori, surprisingly swung the late-night vote in favor of Mr. Kuczynski.
Some constitutional experts said the crisis was driven by congressional overreach. Because of Peru’s authoritarian past, its system of government gives Congress significant powers to shape the executive branch and other government institutions. But no one had tried to use those powers to this extent until now.
Cesar Landa, law professor at the Pontifical Catholic University of Peru and a former president and magistrate of the country’s Constitutional court, said the Popular Force party had “attempted an untraditional coup d’état.”
This year, the Popular Force party — whose political philosophy is often referred to as Fujimorismo — forced Mr. Kuczynski to fire his entire cabinet by refusing to endorse his nominees. At the time, his supporters had advised the president to use a little-known constitutional measure to force new legislative elections. Mr. Kuczynski didn’t go that route, but this week he said he regretted not doing it.
“A mistake that I now see clearly was to expect anything else from our rivals,” Mr. Kuczynski said. “I opted for dialogue and not confrontation.”
Then, other opponents — this time from the left — said he lied during a congressional inquiry by stating he had no professional ties to Brazilian construction giant Odebrecht, a company at the center of a complex graft scandal. It was later revealed that a financial services company he owned had received $782,000 from Odebrecht.
That led to the motion of impeachment.
The motion, on the grounds of “permanent moral incapability,” has been tested only once before — with Mr. Fujimori himself — but only after he had fled Peru for Japan and resigned from the presidency.
Mr. Fujimori, a hard-right authoritarian leader, was in power from 1990 to 2000 before being convicted on corruption and human rights abuses and sentenced to 25 years in prison. He has served 12 years, but he says that his health is deteriorating and that he should be pardoned.
Even from prison, though, he is still influencing politics, and his supporters, so-called Fujimoristas, have continued to dominate the legislature. Hector Becerril, a Popular Force member who voted for impeachment, said Mr. Fujimori urged members of his party, by phone, to cast votes of abstention and not vote in favor of the president’s removal.
During Thursday’s vote, details of Mr. Fujimori’s petition for a presidential pardon and release were also leaked to local news outlets. Some legislators speculated that Mr. Kuczynski made a deal with the Popular Force to pardon Mr. Fujimori in exchange for keeping him in office, a claim that the president’s party has denied.
Cesar Azabache, a lawyer and former state prosecutor, said that if Mr. Kuczynski pardoned Mr. Fujimori it would be a “moral failure.”
“If the discussion has been resolved by this exchange, it weakens the system in an extreme way,” Mr. Azabache said.
But even as the Popular Force wields immense power, the party appears fractured.
At its helm is Keiko Fujimori, Mr. Fujimori’s daughter, who is not a member of Congress, but who ran for the presidency in the last election and was ultimately defeated by Mr. Kuczynski by a few thousand votes. Her brother, Kenji Fujimori, was among the 10 Popular Force party members who cast votes of abstention, ultimately swaying the vote in favor of Mr. Kuczynski’s remaining in office.
During the latter half of the hourslong debate, the younger Mr. Fujimori was seen pacing the halls while texting and making calls. Established party members approached and appeared to scold him, underlining the tensions within the party.
On Friday, Mr. Fujimori said he voted against the president’s removal to “avoid a period of turbulence.” He added, “I do not hide my legitimate expectation, as a son, to see my father recover his freedom one day, but my decision has been made thinking of what is best for my country.”
Mr. Becerril, the Popular Force lawmaker who voted for impeachment, said he saw no problem with elder Mr. Fujimori asking for a pardon but not if it left Mr. Kuczynski in office.
“What is wrong is that the pardon be exchanged so that a president remains unquestioned for corruption,” Mr. Becerril said.
Other members of the party who voted for Mr. Kuczynski’s removal denounced those who abstained.
“I have voted against corruption,” Miguel Torres said, adding that disciplinary action was being considered for Popular Force members who didn’t vote for impeachment.
The party that had initially introduced the motion to impeach Mr. Kuczynski last week, the left-wing Broad Front, said that splitting the Popular Force was the objective when the party took the action.
Marco Arana, leader of the Broad Front, said the vote was also intended to send a message.
“Tell the president that he cannot lead the country kneeling before Fujimori,” Mr. Arana said Thursday.
After the hearing, Mr. Kuczynski tweeted a victorious rallying cry to the country: “Peruvians. Tomorrow a new chapter starts in our history: our country’s reconciliation and reconstruction.”
Despite his victory, the president and his associates have remained silent about how they plan to steer the government going forward, and haven’t addressed the questions about a potential quid pro quo for releasing Alberto Fujimori from prison.
Publicado en The New York Times el viernes 22 de diciembre de 2017
