Caso Chávarry

Entrevista en Canal N, 5 de setiembre de 2018

Entrevista en La República, 3 de setiembre de 2018

Crisis de la Fiscalía de la Nación es, sobre todo, una crisis de moral pública

¿Cómo evalúa la situación de Pedro Chávarry? ¿Cree que aún puede sostenerse a la cabeza del Ministerio Público?

Esta es una crisis innecesaria desde todo punto de vista. No sé si dándose cuenta o no, pero el señor Chávarry ha sustituido a Hinostroza en las condiciones institucionales necesarias para discutir una reforma. Chávarry habría podido evitar esto desde el primer día, creo que bastaba retrasar su asunción de mando hasta que todos estos eventos terminen de ser aclarados.

El informe de los fiscales Pablo Sánchez y Sandra Castro incluye a Pedro Chávarry como presunto integrante de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Esto agrava su situación.

De hecho ese informe agrava toda la coyuntura y la ha hecho gatillar. Creo que es muy importante aclarar las confusiones y para eso hay que tener ciertos esquemas que diferencien las cosas y las pongan en su dimensión. La crisis de la Fiscalía de la Nación es, antes que todo, una crisis de moral pública. Lo que en los hechos está ocurriendo es que no podemos tener al frente de una entidad que administra un recursos público tan importante a una persona que no está dando señales de entender el sentido de la coyuntura, de conectar con lo que la población necesita.

Pero el señor Chávarry podría argumentar que él no es político...

Tiene que serlo. Tiene que ser un personaje con sensibilidad pública, política y moral, porque es el jefe del Ministerio Público. Es una cuestión de moral pública antes que todo. Tiene que definir su posición, no en atención al Código Penal, sino de cara a la ciudadanía y eso es lo que no está ocurriendo.

¿El Congreso tiene la principal responsabilidad de que Chávarry siga en el cargo?

Desde mi punto de vista, el señor Pedro Gonzalo Chávarry tiene la principal responsabilidad. La Junta de Fiscales Supremos tiene la principal responsabilidad sobre si él sigue en el cargo. Si la Junta de Fiscales Supremos se disuelve a sí misma, el señor Chávarry se convierte en un fiscal de la Nación sin junta y no puede gobernar.

¿Qué se necesita para que la Junta de Fiscales Supremos tome una decisión?

Se necesitarían que renuncien tres miembros de la junta. Son cinco miembros, si renuncian tres no hay quórum y la junta no puede instalarse, entonces, desde mi punto de vista, tendría que disolverse, porque se convierte en inviable que gobierne el Ministerio Público sin poder tener un quórum mínimo.

¿Cuál es su impresión sobre los miembros de la Junta de Fiscales?

Quiero pensar que eso es un problema de falta de percepción sobre el sentido de lo público, que es una crisis de incomprensión absoluta sobre lo que significa gobernar una organización como el Ministerio Público. Quiero pensar que esta Junta de Fiscales Supremos, en su mayoría, gobernada por el fiscal de la Nación, no entiende que están gobernando un recurso que nos pertenece a todos y que se sostiene con los impuestos.

Vizcarra ha dicho que podría buscar firmas para que se dé el referéndum en caso el Congreso no lo apruebe.

Recolectar firmas en este momento significa insistir sobre el Congreso. La recolección misma de firmas encierra ya una necesidad de maduración en términos de tiempo, de captación, depuración y presentación que no empata con la necesidad de manejar los tiempos del referéndum si estamos pensando en diciembre de este año. Quiero entender que lo que el presidente ha entendido es que tenemos delante el riesgo de un impasse por el manejo de los tiempos que el Parlamento quiere imponer a las reformas, frente a eso la salida parlamentaria legal posible consiste en simplificar las proposiciones del referéndum.

¿Usted cree que la ‘señora K’ es Miguel Torres, como ahora dice César Hinostroza?

Creo, como ciudadano, que la ‘señora K’ es la señora Keiko Sofía Fujimori y no entiendo por qué es tan difícil reconocer que tuvo alguna reunión con alguien que en ese momento era un juez supremo. Creo que esta acumulación de mentiras tienen un resultado perverso. La instalación de la mentira en la política importa la degradación más fuerte de los términos de moral pública y de diálogo que son posibles. Entonces hay que empaquetar todas estas mentiras y hacer de ellas una especie de punto de quiebre, porque rechazarlas significa regresar a una manera de hablar de política en la que todos nos respetemos. 

Publicado en La República, el 4 de setiembre de 2018.

El juego de las sillas

LA ROTACIÓN DE ALGUNOS CARGOS PÚBLICOS

VOTO POR QUE EL CONEJO QUE INSTALEMOS DESPUÉS DEL REFERÉNDUM RATIFIQUE O INVITE A PASAR AL RETIRO A QUIENES AHORA ESTÁN EN LA CORTE SUPREMA.

No creo posible establecer el momento exacto en el que comenzamos a convertir la política en el juego de las sillas. El juego –si alguien no lo recuerda– consiste en hacer rondas esperando que la música se detenga para entonces dejar en evidencia que hay alguien que no tiene dónde sentarse. El jugador que queda sin asiento se retira. Entonces el juego supone no tener más habilidad que la necesaria para correr, empujar a discreción y retener un asiento que en realidad jamás es nuestro. Nunca entendí qué se supone exactamente que enseña este juego, aparte, claro, de la enorme crueldad que encierra no tener más objetivo que retener alguna silla en el reparto sin importar las consecuencias.

Nuestra historia inmediata muestra que las presidencias pueden convertirse en sillas. Pedro Pablo Kuczynski intentó retener la suya canjeando votos contra llaves de acceso a nuevas clientelas. Pero no es el único caso que muestra presidencias convertidas en sillas. Reviso el cuadro de presidencias de Comisiones del Congreso y observo que casi ningún cargo se repite. Un amigo me informa sobre el origen del extraño fenómeno: “Es que en la mayoría de bancadas las presidencias rotan por turnos”. Aparentemente también para algunas agrupaciones políticas, todos tienen derecho a sentarse en esa silla, al menos por un tiempo.

La Fiscalía de la Nación administra un recurso muy escaso: la persecución del delito. Pero el cargo no se elige con nuestra intervención, directa o indirecta, como se eligen los ministerios. La Fiscalía de la Nación se asigna por costumbre al fiscal supremo más antiguo. Así, todos pueden alguna vez sentarse cómodamente también en esa silla.

“Me toca”. Aparentemente la frase funciona tanto en la fila de un supermercado como en determinados espacios en los que debe asignarse la jefatura o la representación de cuerpos públicos colegiados que –en teoría– deberían organizarse en perspectiva a consideraciones derivadas de políticas públicas.

Repaso las grabaciones del señor Walter Ríos, ahora detenido, pero antes tenedor también de una presidencia en la Corte del Callao. Claramente otra presidencia convertida en una silla. Parece, sin embargo, que el señor Ríos planeaba pararse sobre ella para otear el horizonte. Encuentro en alguna de estas transcripciones la palabra “hegemonía”. En la teoría social, la hegemonía hace referencia al modo en que se establecen y comparten visiones del mundo y de las cosas que articulan la política. Pero en el lenguaje vulgar de las grabaciones, la palabra apenas hace referencia a la formación de mayorías en base a sobornos e intercambios de favores entre redes pervertidas. Una Corte Superior se controla pactando las designaciones con quienes manejan el Consejo Nacional de la Magistratura, que además parece repartir como si fueran prebendas las posiciones en la Corte Suprema y la permanencia de los miembros de la junta de fiscales supremos.

En este instante la música parece haberse detenido. Nadie juega al juego de las sillas. Todos los que han podido hacerlo permanecen sentados, aferrados a asientos que no son suyos. Algunos están perplejos. Otros en franca defensiva. No es absurdo imaginar que ha llegado el momento de retirar todas las sillas de la sala, para que ninguno de los protagonistas de este juego encuentre nunca más dónde sentarse. Pero quizá sea más bien el momento de encender todas las luces, para que todos veamos con precisión absoluta quién es quién y a qué y con quién, deliberada o irresponsablemente, estaba jugando.

Bienaventurado sea el jugador que de propia voluntad se aparte. También el que pueda ponerse de pie y nombrar por su propio nombre a quienes hasta hoy actuaron en tinieblas.

Por mi parte, espero que todos se pongan de pie. No es el momento de retener ninguna silla. Mi voto por que el consejo que debemos instalar después del referéndum ratifique o invite a pasar al retiro, por una sola vez, a quienes ahora están en la Corte Suprema. Mi voto por que la Corte Suprema asuma el desafío de reducirse ella misma y frenar toda movilidad de magistrados y toda designación provisional, para asegurarnos de que no habrá ya más tráfico de posiciones por simple clientelismo. 

Mi voto además por que la junta de fiscales supremos acuerde su propia disolución. Y aunque este no sea un asunto que corresponda al referéndum, mi voto por que el Congreso cree una nueva Junta de Gobierno del Ministerio Público y convierta al fiscal de la Nación en un sujeto elegido y políticamente responsable por la definición de políticas públicas establecidas como tales.

Dar un paso adelante, pedir perdón y comenzar de nuevo. Ponernos todos a disposición de un nuevo sistema de control. Romper colectivamente con quienes nos trajeron hasta aquí. Y también con nosotros mismos. Hacer renuncias y hacerlas inmediatamente. Porque algún precio tendremos que pagar si queremos reinventarnos de alguna manera que sea honesta y sea sostenible.

Públicado en el Comercio el 27 agosto de 2018.

Mensaje a la nación

Anuncios y ausencias del mensaje a la nación de Martín Vizcarra

Tres especialistas analizan el discurso del presidente Martín Vizcarra en el Congreso de la República. El referéndum acaparó la atención en desmedro de propuestas concretas vinculadas a la reforma judicial y políticas públicas.

1. ¿Cómo califica el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra?

Enrique Castillo

Analista político

Ha sido un discurso sorpresivo. Lejos de enfocarse, como se esperaba, en medidas relacionadas a la reforma judicial, decidió girar los reflectores hacia el Congreso con el anuncio de un referéndum vinculado a la reelección parlamentaria, el financiamiento de partidos y la bicameralidad. Ha buscado una lucha entre el Ejecutivo y el Congreso.

Janice Seinfeld

Economista

El mensaje ha sido una larga lista de lo que se ha ido logrando en cada uno de los sectores. Un discurso mediante el cual el presidente ha buscado legitimarse en una ciudadanía que probablemente esté de acuerdo con los referendos, aunque esa no sea, en mi opinión, la mejor opción. Se ha abierto un nuevo eje de incertidumbre.

César Azabache

Abogado penalista

Hay que calificarlo por partes. Es una buena idea esta comisión permanente de reforma judicial. Hay una buena intención de mantener el foco en la lucha anticorrupción y de un sistema de justicia que proteja a las mujeres. Aunque debo confesar que me hubiese gustado que la ciudadanía fuera el eje principal de la reforma de justicia.

2. ¿Qué fue lo más destacable del discurso y cuáles fueron las principales ausencias?

Enrique Castillo

Analista político

​El presidente ha querido que este sea un punto de inflexión en su porcentaje de aprobación ciudadana. Sin embargo, no nos ha planteado medidas concretas. Hizo una declaración de intenciones y un recuento de lo que ya hizo. Uno hubiese esperado una visión de lo que él quiere al bicentenario, pero no la hubo.

Janice Seinfeld

Economista

​Lo que uno se lleva es probablemente el anuncio de un referéndum múltiple. Sin embargo, he extrañado una visión intersectorial para abordar los problemas. No hubo menciones al bicentenario y tampoco al ingreso en la OCDE. Tengo la sensación de que ha faltado una orientación estratégica en el discurso del presidente.

César Azabache

Abogado penalista

​En un momento como este, la tendencia va a ir a apoyar todo lo que sea disruptivo, cuando buscamos consolidar instituciones y no quebrarlas. Las políticas públicas no se ponen en un referéndum, se consensúan. El referéndum múltiple anunciado por el presidente absorbe la atención, pero temo que sea la idea menos reflexionada.

3. ¿Lo dicho en materia de reforma judicial cumplió las expectativas?

Enrique Castillo

Analista político

​El presidente mencionó diez recomendaciones que enriquecerán lo que él planteará, pero en realidad no ha propuesto nada concreto más allá de esta especie de consejo de Estado permanente encargado de la reforma. No quedan claras las recomendaciones de la comisión liderada por Allan Wagner para la reforma de justicia.

Janice Seinfeld

Economista

Me llevo la sensación de que todavía necesitamos poner al ciudadano al frente del sistema, en general. Ya sea desde el sistema de administración de justicia hasta la salud, la educación y la seguridad. En ese sentido, la sensación de no estar protegidos por un Estado fuerte que nos lidere seguirá estando presente.

César Azabache

Abogado penalista

​Debo decir que esa me parece una de las ausencias. No reconozco el tipo de conceptos que los miembros de esa comisión han vertido en ese mensaje a la nación. No encuentro una idea rectora que me diga en qué está pensando el Ejecutivo cuando piensa en la reforma. Más que una lista de ideas, hubiese querido que pusiera un eje.

4. ¿Qué conclusiones se pueden sacar del discurso con miras al bicentenario?

Enrique Castillo

Analista político

​El presidente debía vendernos su visión de país al bicentenario y no lo hizo. Al invocar a un referéndum, está creando un precedente peligroso que puede llevar a que la gente pida una consulta para cambiar la Constitución o disolver el Congreso. Cuando necesitábamos resolver las crisis, abrió un nuevo escenario de discusión que es innecesario.

Janice Seinfeld

Economista

​Esta fue una oportunidad perdida para mencionar cuál era el norte del país hacia el bicentenario. Más que políticas específicas, hubiese querido saber hacia dónde estamos dirigiéndonos en los próximos tres años. Si no vemos cómo responder a esas necesidades, vamos a perder una gran oportunidad con miras al 2021.

César Azabache

Abogado penalista

​Quiero quedarme con que el discurso no cierra el capítulo de definiciones totales. Lo que hace es dejarnos claro que todavía no las tenemos. Entonces, como ciudadanos debemos coger esa oportunidad de impregnar esos contenidos, en algunos casos, insinuados. Este discurso debe ser el punto de partida hacia el bicentenario.

Por Diego Chirinos, publicado en El Comercio el 29 de julio de 2018.

Referéndum planteado por Vizcarra causaría nueva polarización

Ver video

El analista político Enrique Castillo, el ex procurador anticorrupción César Azabache y la economista Janice Seinfeld coincidieron en criticar el referéndum planteado por el presidente Martín Vizcarra respecto a cuatro temas durante su mensaje a la nación por Fiestas Patrias.

Durante una transmisión en vivo a través de la página de Facebook de El Comercio, los especialistas coincidieron en señalar que el planteamiento de un referéndum cambia el foco de discusión sobre la coyuntura actual y generará un nuevo espacio de polarización a nivel político.

Como se ha informado, el jefe de Estado sostuvo que la consulta popular se refiere a: reforma judicial, reelección de congresistas, financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales, y la bicameralidad.

Para Seinfeld, la discusión sobre el referéndum “es abrir un eje más de polarización y de incertidumbre” a nivel político, lo que podría afectar a las inversiones en el país en un momento en el que hay crisis abiertas.

“Hay una molestia ciudadana en relación al Congreso, pero que no se resuelve definiendo si los congresistas tienen o no que ser reelectos. Necesitamos tener una carrera política, una profesionalización, un servicio público más profesionalizado. E ir contra la reelección va en contra de eso […] Está buscando el apoyo ciudadano, pero en temas que siento que se deja de lado el liderazgo que debería de tener el presidente y el Legislativo en estos temas”, sostuvo.

De acuerdo a Castillo, la prioridad del debate público ahora pasará a ser principalmente sobre la reelección de congresistas y no referida a la reforma del sistema de justicia u otros sectores. A su juicio, la población no tiene el suficiente conocimiento para pronunciarse sobre ese tema técnico y jurídico. Además, advirtió que podrían aparecer voces que planteen que se someta a referéndum también otras problemáticas.

“Su referencia al referéndum lo que hace es plantear ya un enfrentamiento abierto con el Congreso […] En un momento en el cual necesitamos solucionar las crisis, reformar el país en diversos sectores, estamos abriendo un nuevo escenario de discusión y enfrentamiento que, en este momento, era innecesario”, sostuvo.

A su turno, Azabache consideró que el referéndum planteado por Vizcarra es politemático, por lo que lo vio inviable. A su juicio, el jefe de Estado debería reflexionar más sobre el tema, puesto que además se podría dar una polarización “en un momento en el que deberíamos centrar la agenda institucional, abordarla intensamente y resolverla”.

“Hay temas metidos en esta suerte de idea plural de referéndum que no son posibles de discutir con un mecanismo de ese tipo. ¿Qué discutimos en financiamiento de los partidos políticos, la cantidad de UIT tope que se van a poner en el financiamiento privado? […] ¿Qué vamos a discutir sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, quienes son las entidades que pueden designar representantes? Los referéndum son herramientas que requieren preguntas de sí y no. Y por definición están contraindicados para agendas múltiples”, opinó.

Publicado en El Comercio el 29 de julio de 2018.

Para reformar la justicia

ACERCANDO AL CIUDADANO AL SISTEMA JUDICIAL

¿NO TENEMOS ACASO DERECHO, COMO CIUDADANOS, A TENER LO MÁS CERCA POSIBLE UN JUEZ CON ROSTRO, NOMBRE Y APELLIDO?

No podemos comenzar los debates sobre la reforma sin cerrar el proceso de retiro de quienes han sido alcanzados por la crisis de las grabaciones. El señor Hinostroza sigue siendo juez supremo, aunque esté suspendido. El juez decano de la Suprema tiene ahora la palabra. Antes de elegir un nuevo presidente de la corte, el decano debe hacer que Hinostroza acoja la invitación a renunciar que ya le hizo el pleno.

El fiscal de la Nación, luego de asumir de manera innecesariamente ruda el cargo (pudo aclarar antes el contenido de sus conversaciones con Hinostroza ante la Junta de Fiscales Supremos), ha tenido la gran idea de concentrar a las fiscalías del Caso Odebrecht en un solo equipo. Falta, sin embargo, una señal que nos termine de convencer de que se mantendrá dentro y no fuera del clima de reforma que debe consolidarse entre nosotros. 

Resueltas estas cosas, tocará discutir los fundamentos de la política judicial.

Entre todas las ideas puestas sobre la mesa, encuentro tres movimientos urgentes que debemos encarar si queremos iniciar un proceso de refundación del sistema judicial que merezca ser tomado en serio. El primero consiste en reducir la Corte Suprema, renunciando a toda designación provisional y prohibir regresar a lo mismo en el futuro. El segundo consiste en suprimir la rotación de juezas y jueces que ahora se hace año a año y durante el año, porque el cambio permanente de rostros en el judicial nos impide saber quién estará al frente de cada juzgado o sala la semana, el mes o el año que viene. El tercer movimiento consiste en reubicar los juzgados de primera instancia de manera que estén lo más cerca posible de los lugares en que vivimos, en nuestros distritos. 

De los tres, este último me parece imprescindible. 

Es muy sencillo. Usted que me lee sabe sin duda dónde está la comisaría más cercana al lugar en que vive. Sabe a qué centro de salud debe ir si lo necesita. Sabe probablemente quién es su alcalde. ¿Pero sabe quién es el juez al que debe acudir si necesita protección, si le han causado un daño que requiere ser reparado o si alguien ha cometido en su agravio un delito? ¿No tenemos acaso derecho, como ciudadanos, a tener lo más cerca posible un juez con rostro, nombre y apellido, al que podamos pedir protección, reparación o castigo? ¿No se trata también de eso el fundamento del Estado? Si no tenemos ni siquiera eso, ¿de qué sistema judicial queremos hablar? 

El tipo de responsabilidad y compromiso que buscamos en la judicatura es imposible de lograr si juezas y jueces no se vuelven visibles para la ciudadanía. 

Necesitamos, por supuesto, salas nacionales y equipos de fiscales especializados para los grandes crímenes y para los grandes casos legales. Pero junto a las salas nacionales necesitamos también un sistema sencillo, liviano y accesible que nos permita reconocer en la justicia un espacio abierto de formación de reglas sobre lo justo cotidiano. Si queremos implantar la justicia en nuestro tejido social, tenemos que sacarla de los edificios enormes y apiñados en que ahora se esconde y repensarla en relación directa con mujeres y hombres concretos.

Claro, junto con esta redefinición vendrán miles de problemas legales y financieros que habrá que resolver. ¿Nos costará? Sin duda. Y aunque aún no se ha hecho el cálculo, probablemente nos costará mucho. Pero esto es lo que ocurre cuando se dejan deudas impagas. El esfuerzo se multiplica cuando se postergan las soluciones de los problemas imprescindibles por toda la eternidad. 

El traslado de juzgados deberá contar con acuerdos con las municipalidades para que ellas faciliten la implementación de locales apropiados en el menor tiempo posible. En paralelo, la fiscalía, que ya anda en ese intento, debe expandir sus propios programas de municipalización. La parte más difícil de lograr será implementar centros de detenciones temporales distritales, y al mismo tiempo lanzar de una vez el programa de grilletes electrónicos, que resultan imprescindibles si el sistema debe expandirse por este camino. 

Nuestra reforma requiere establecer una relación honesta entre quienes integran el sistema y las comunidades específicas con las que deben interactuar. No reformaremos la justicia cambiando el modo en que se escriben sentencias o se almacenan expedientes. Y ni siquiera la reformaremos actualizando sus soportes tecnológicos. Reformaremos la justicia si logramos juezas y jueces que entiendan que su cometido es proteger mujeres, niños y grupos vulnerables, proveer a los afectados reparaciones que compensen el daño sufrido y asegurar que quienes cometen delitos sean castigados oportunamente. 

Si no modificamos el ambiente institucional en que nos movemos para implantar independencia, imparcialidad e inamovilidad al sistema; si no instalamos a la judicatura en el centro de nuestras preocupaciones morales, cambiemos lo que cambiemos, regresaremos a lo mismo.

Publicado en El Comercio el 23 de julio de 2018.

Crisis de las grabaciones a jueces y miembros del CNM

Entrevista en Canal N, 15 de agosto de 2018

Entrevista en ATV, 8 de agosto de 2018

Entrevista en RPP, 6 de agosto de 2018

Entrevista en RPP, 2 de agosto de 2018

Entrevista en ATV, 31 de julio de 2018

Entrevista en Radio Santa Rosa, 25 de julio de 2018

Entrevista en RPP, 24 de julio de 2018

Entrevista en ATV, 20 de julio de 2018

Entrevista en Canal N, 17 de julio de 2018

Entrevista en De 6 a 9 de Canal N, 17 de julio de 2018

Entrevista en Edición Mañana de RPP, 12 de julio de 2018

Inexplicable pasividad

SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE IDH RESPECTO AL INDULTO A ALBERTO FUJIMORI

Inexplicable pasividad

El indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori en diciembre del 2017 ha sido, en los hechos, desautorizado por la Corte Interamericana de DD.HH. Los debates sobre el cumplimiento de la condena a Fujimori por los casos Barrios Altos y Cantuta no son actuales. Comenzaron en el último tramo del gobierno de Ollanta Humala y no salieron bien. Debieron convertirse en punto de partida para hacernos cargo de una vez por todas de ese aprendizaje inconcluso, absolutamente inacabado que estamos arrastrando sobre las formas mínimas que deberíamos emplear para discutir uno de los capítulos más duros de nuestro pasado reciente: los años 90. No lo hemos logrado. Deberíamos estar explorando nuevas opciones de aproximación al otro que nos permitan sostener nuestras diferencias en un ambiente impregnado de respeto. Deberíamos haber empleado ese debate para desarrollar una nueva moralidad ciudadana, una moralidad basada en la palabra y en el reconocimiento mutuo. Pero en lugar de hacerlo, Pedro Pablo Kuczynski prefirió convertir el asunto en moneda de cambio en el marco de la primera vacancia.

Fujimori aceptó la salida fácil. Y ahora comenzamos a registrar señales que muestran en el ambiente cierta disposición a dejar que las cosas simplemente pasen, hasta quedar desapercibidas. La corte ha declarado que el indulto no tendría por qué haber sido empleado para resolver problemas de salud de una persona condenada por los tribunales. Para eso existen otras alternativas, ha dicho. También ha dicho que tiene dudas sobre el procedimiento que siguió el Ejecutivo para conceder el indulto. Ha dicho que una medida como esta no debería siquiera considerarse sin que antes el beneficiario haya reconocido su propia responsabilidad en los hechos. Ha dicho que antes de una discusión como esta debería haberse reparado a las víctimas. La corte ha concluido que el indulto concedido a Fujimori debe ser revisado judicialmente.

Pero la opción a favor de la revisión judicial del indulto se abrió en realidad en la audiencia de febrero de este año, realizada ante la propia corte. Antes de esa fecha, la única opción visible parecía ser que el Ejecutivo mismo revalúe el indulto. En la audiencia de febrero, los abogados del Estado sostuvieron que en el Perú los tribunales de justicia podían revisar la medida. Citaron como ejemplo los casos de Jalilie y Crousillat. En la decisión que acaba de ser publicada, la corte les ha tomado la palabra. La corte ha dispuesto que se instaure ese procedimiento judicial al que se refirieron los abogados del Estado en la audiencia, y que no se emplee en contra de la instalación de ese procedimiento ninguna coartada basada en el tiempo que ha transcurrido desde que el caso fue sometido ante ella.

El Estado ha empeñado su palabra. Ahora el Estado, no solo el Ejecutivo, está obligado a proceder conforme a la oferta hecha por sus abogados.

Pero la cuestión no es simple ni automática. En el Perú, los tribunales ordinarios no han reconocido aún a las víctimas el derecho a intervenir en los procedimientos judiciales que aplicaron un indulto. Si no pasa algo antes, es muy probable que los jueces penales que conocieron el caso declaren que la cuestión está cerrada. Que las víctimas solo tienen derecho a reclamar ante ellos la reparación pendiente. En el Caso Pativilca, la Sala Penal denegó la aplicación de la gracia presidencial otorgada a Fujimori a pedido de las víctimas. Pero el caso estaba abierto. Eso lo hizo distinto. En los casos Jalilie y Crousillat, citados por los abogados del Estado como ejemplo, el Tribunal Constitucional procedió a pedido de quienes habían recibido la gracia y el indulto. Ellos protestaron contra decisiones judiciales o del propio Ejecutivo que los revocaban o desestimaban. Ninguno de estos casos se refiere a los derechos de las víctimas. Entonces, no tenemos antecedentes internos que confirmen que el procedimiento que los abogados del Estado ofrecieron a la corte sea viable en realidad. De aquí a octubre, que es el plazo establecido por la decisión de la corte para presentar avances, podríamos terminar enfrentando el enorme ridículo de tener que reportar decisiones judiciales que nieguen la existencia del procedimiento que como Estado hemos ofrecido. Si el Ejecutivo no hace algo pronto, podemos exhibirnos como autores de una burla ante una corte que, nos guste o no, es decisiva para la comunidad internacional. Y eso no es un asunto de poca importancia.

Entonces, el Ejecutivo debería estar embarcado en una febril rueda de consultas que asegure que el procedimiento de revisión judicial del indulto que sus abogados han ofrecido podrá instalarse sin interferencias. Y nosotros, como comunidad, deberíamos organizar la forma de dotar al proceso de sentido. No lo estamos haciendo. Temo que estamos simplemente esperando que algo suceda. O que no suceda nada en absoluto, que es peor.

Inexplicable pasividad, desde cualquier punto de vista.

Publicado en El Comercio, el lunes 25 de junio.

No, General Donayre

EL VIDEO GRABADO EN EL LUGAR DE LA MEMORIA

No, General Donayre

Detengo mi mirada por un instante ante la fotografía de un personaje que aparece groseramente disfrazado, mintiendo sin permiso alguno, sin el menor respeto a ninguna investidura para simular ser quien no es. Está disfrazado y va a la caza de una presa. La imagen debería corresponder a alguna prohibición establecida contra la cacería furtiva, pero corresponde a una escena montada por alguna razón absurda para lanzar ni siquiera un debate sino lo que correspondería mejor ser considerado una calumnia. No se trata, de hecho, de obtener evidencia sino de simular tenerla. Esto resulta especialmente grave si el personaje de esta historia es, además de general, un congresista de la República que tiene el deber de representarnos. 

La mira del fusil, en este caso, está dirigida hacia una mujer muy joven a quien se pretende etiquetar de alguna manera. A quien se provoca, se le enfoca, se le induce, se le registra, se le envasa y se le lanza a algo semejante a un tacho de basura colectiva. La meta: exacerbar diferencias ya casi inmanejables, distancias que nos separan sin retorno posible, al menos de inmediato, en nuestro abordaje a asuntos como el terrorismo, los derechos humanos y la violencia. Arrastramos toda esta carga como un ancla y de vez en cuando pretendemos olvidarla o negarla, que son dos versiones de lo mismo.  

El plan que organiza la batalla estéril: convertir el Lugar de la Memoria en una plaza conquistada, desactivada, neutralizada, arrasada en la original potencialidad de todo su contenido aún incompletamente realizado, y lograrlo antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga algo decisivo sobre el indulto concedido a Alberto Fujimori sin el más mínimo respeto; antes de que alguien descubra que nos estamos olvidando de cerrar los debates sobre El Frontón y Pativilca; de que alguien note que Madre Mía permanece reducido hasta el momento en un apunte registrado en un mandato de prisión provisional ya desactivado. 

¿Para qué tanto esfuerzo en el montaje? Si el lenguaje nos constituye como mujeres y hombres, entonces deconstituirnos requiere silenciarnos. Curioso que el personaje elegido por el general Edwin Donayre para esta charada haya sido sordomudo. Curioso que la trampa consista en hacer hablar a una mujer. El Lugar de la Memoria eligió la prevalencia de una muestra visual que convoca silencio. Pero no lo impone ni lo disfraza. El silencio significa cosas distintas si sale de nuestras entrañas como señal de respeto o si se convierte en la caricatura impuesta desde el brutal papel de un falso mudo. 

La mujer que aparece en el video, Gabriela Eguren, retomó el derecho a sus propias palabras apenas después de la denuncia inapropiada, teatralizada, del congresista Donayre. Le llamaron apologeta. Pero Gabriela encontró la manera de mostrarnos cómo manipularon los hilos de su confianza defraudada por una emboscada. El general Donayre tuvo que mentir para presentar como criminal a quien solo intentaba servir al falso personaje que él representaba. La trampa así montada es intolerable. Es una ofensa consumada. 

Congresista Donayre: ¿Por qué no eligió para su emboscada a un verdadero senderista edulcorado o a algún posemerretista extraviado? ¿Le asustan acaso los enemigos reales? Si se siente usted tan hábil para montar trampas no autorizadas por fiscalía alguna, ¿por qué no nos ayuda mejor a establecer cómo se financia el Movadef, por ejemplo, a confirmar si lava activos? ¿Por qué un cazador entrenado persigue jóvenes que intentan apenas atenderle? Perdón, olvidaba que Gabriela ya no tiene ese trabajo, es cierto. Gracias a su absurda impostación de mudez y sordera la expulsaron. Por cierto, ¿puede alguien explicarnos por qué la expulsaron? 

Mi nombre es César Azabache. Tengo casi 52 años. Soy un ciudadano independiente y abogado de litigios. Alguna vez también fui profesor universitario. Decido ahora emplear este espacio para dejar anotada mi absoluta solidaridad con Gabriela Eguren. Y le demando, general y congresista Donayre, que tenga a bien ofrecerle una disculpa. Porque usted –es mi obligación decirlo– no tenía derecho alguno a hacer lo que acaba de hacer ante nuestros ojos. 

Le invito a ofrecer esa disculpa que nadie más ha ofrecido por el silencio que imponemos a las víctimas del terrorismo y la violencia. Porque trampas como la que ha perpetrado dejan sin voz a quienes han sufrido en estos años por todos los dolores aún no comprendidos: militares, policías, ciudadanos reconocidos y no reconocidos, víctimas todas inocentes, merecen una voz, no su mutismo arremedado.  

Esta no es una broma, congresista Donayre. Usted no es un subproducto de su propia imitación. Si tuvo el atrevimiento de hacer lo que ha hecho, ofrezcamos ahora una señal de respeto. Sea usted el primero en renunciar a toda soberbia. Pida perdón.  

Ayúdenos a encontrar una salida. A reconciliarnos un poco al menos. 

Y dejemos por favor de faltar al respeto a nuestra memoria, aún inacabada.

Publicado en El Comercio, el 28 de mayo de 2018

Caso Humala-Heredia

"Caso Humala está hecho con base en las agendas"

A pocos días de que se presente la acusación fiscal contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos, una serie de hechos han saltado a la palestra y aún están por resolverse, por ejemplo, si el juez Richard Concepción Carhuancho seguirá al frente del caso. El ex procurador César Azabache analizó el papel que desempeñan las partes. Estas fueron sus conclusiones acerca de la acusación del presunto aporte de US$3 millones que habría recibido la ex pareja presidencial de la constructora brasileña Odebrecht.

La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por Heredia para que sus agendas no sean consideradas como pruebas en el caso de lavado de activos… 
No hay motivo alguno para que las agendas (en las que Heredia llevaba el registro de sus actividades financieras) no sean consideradas en la investigación.

La ex primera dama considera que sus cuadernos no deben estar en el proceso porque se las robaron y podrían haber sido manipuladas... 
Los robos solo excluyen la evidencia cuando son hechos por la Fiscalía o por la Policía. El ex presidente Alberto Fujimori también robó evidencias al asesor Vladimiro Montesinos (las maletas y los videos) y el material se usó masivamente. La Corte Suprema ha declarado que el único caso en el que la exclusión es absoluta y no importa quién cometió el ilícito es en el de las interceptaciones telefónicas ilegales.

¿Las agendas son un elemento importante en la pesquisa? 
La investigación a la ex pareja presidencial está construida con base en las agendas. Además, se tienen que consignar otras pruebas.

¿Qué revela? 
Las agendas revelan disponibilidad de efectivo y desplazamientos de dinero que, según sostiene la Fiscalía, no corresponden a los ingresos declarados para fines tributarios.

La Sala Penal de Apelaciones evaluará hoy la recusación interpuesta por la defensa de Humala y Heredia para sacar del caso al juez Richard Concepción Carhuancho... 
Honestamente, no creo que sea un asunto que justifique una recusación. La resolución del juez Concepción sobre el allanamiento a la casa de la familia Humala-Heredia fue innecesaria, pero de ahí a pretender que se trata de un delito judicial o que sea suficiente para apartarlo del proceso no es coherente. El hecho de que un juez no nos agrade no es una razón suficiente para producir decisiones catastróficas, como apartarlo de un procedimiento o llevarlo a los tribunales por mal comportamiento.

Se armó toda una polémica. ¿Era necesaria la incautación a la casa de la ex pareja presidencial? 
La incautación no era necesaria ni útil ni justificada. No ha ayudado en nada en esta investigación. Las casas no se van a escapar. Quizá a la larga serán decomisadas, pero que sea al final del juicio. Por el contrario, ha perjudicado el caso. No ha mejorado en nada la posición del Estado. Sin embargo, esa discrepancia no significa que tengan que sacar al juez.

La declaración de los ex ejecutivos de Odebrecht Luiz Mameri y Fernando Migliaccio ante los fiscales peruanos pronto llegará al Perú. Según la Fiscalía, con esos testimonios se cierra la investigación del caso Humala-Heredia y se procederá a la acusación. 
Para justificar la prisión preventiva, la acusación debió ser presentada de inmediato, pero no fue así. Espero que el fiscal (Juárez) acabe lo antes posible porque no es bueno dilatar tanto el caso. Esto ya demoró demasiado.

Pero la investigación de Juárez al ex presidente y a la ex primera dama está dentro del plazo establecido. 
El dilatar tanto la acusación ha producido un incidente muy serio, como el debate constitucional sobre la prisión preventiva. El resultado de esa misma dilatación ha complicado la discusión sobre una incautación que, a mi parecer, era innecesaria. Si estuviéramos en juicio, no habríamos tenido estos incidentes con el Tribunal Constitucional ni con el juez Concepción Carhuancho.

¿Por qué es tan importante? 
Los casos penales funcionan para llegar a juicios. El debate principal de una investigación penal es sobre la inocencia o responsabilidad de las personas. Para ello, se requiere ir a juicio. Así tengan 36 meses para investigar, no pueden perder el tiempo. Si necesitan más tiempo para conseguir más evidencias, ¿por qué pidieron prisión preventiva el año pasado? No tiene sentido. Si tengo tanta evidencia que le puedo decir a un juez ‘estoy listo para acusar’ y pedir prisión preventiva, no puedo ahora decir ‘me faltan más evidencias y me voy a tomar más tiempo’.

A su parecer, ¿la prisión preventiva fue justa o injusta? 
La prisión preventiva habría tenido mucho sentido si la Fiscalía cumplía con su compromiso de acusar. El pedido de prisión preventiva y la acusación tienen que ir de la mano y no por separado, y con mayor razón si se trata de varios meses.

Entonces, el Tribunal Constitucional tenía razón en liberarlos... 
Sí. No hubiera sido necesario liberarlos si la Fiscalía hubiera presentado la acusación a tiempo.

Para el Ministerio Público, el ex jefe de Estado y su esposa pretenden dilatar la acusación para evitar que el caso pase a juicio. ¿Qué opina? 
Sí. La defensa tiene derecho a solicitar todo lo que consideren necesario, pero no tienen derecho a entorpecer la investigación. No se puede esperar al momento final para rehacer su plan de declaraciones y afectar el tiempo prudente que debe durar un proceso. Si la defensa de Humala y Heredia (César Nakazaki) necesita más declaraciones, pues que las pidan en juicio.

Por Fabiola Valle, publicado en Perú 21 el 16 de mayo de 2018

Caso Humala-Heredia

                         

“La Fiscalía ha regalado una narrativa de la victimización a Ollanta Humala”

El exprocurador anticorrupción, César Azabache, comenta que la decisión de incautar la vivienda donde vivía la familia Humala-Heredia no tiene justificación legal. Cree que la Fiscalía buscó una opción alterna luego del revés que sufrió con el fallo del Tribunal Constitucional, que ordenó la liberación de la expareja presidencial. Pero, añade, decidió muy mal.

¿Cuáles considera que son las consecuencias de la incautación ordenada contra el inmueble de los Humala-Heredia?

Lo que se ha demostrado en este caso es que es capaz de pasar por alto consecuencias colaterales como afectar el normal desarrollo de niños. Esos no son detalles. En términos de moral pública, es una decisión lamentable, poco seria.

¿Y desde lo jurídico?

En ese plano debo decir que es la primera vez que estoy absolutamente de acuerdo con la defensa de Humala: no tiene ninguna justificación legal, se le mire por donde se le mire. Las incautaciones existen para intervenir, de urgencia, en situaciones en proceso. Si la Policía interviene un laboratorio clandestino de elaboración de estupefacientes, el local se incauta porque nadie se va a poner a leer los títulos de propiedad en ese momento. Esta Fiscalía (que lidera Germán Juárez) viene arrastrando un compromiso adoptado a mediados del año pasado para presentar una acusación. Bueno, no existe tal acusación. En vez de estar concentrada…

En armar su caso.

Claro, cuando debería demostrarnos que tiene un caso sólido, va a recibir todas las críticas por esta decisión.

¿Pero tiene un caso sólido, desde su punto de vista?

Yo había quedado convencido de que lo tenía. Eso fue en julio del año pasado (cuando se ordenó la prisión preventiva contra los Humala-Heredia).

Y desde ahí, se ha avanzado muy poco.

No tenemos ningún resultado. Entonces, una de dos: o la Fiscalía no estaba lista y nos vendió una imagen falsa, o sí estaba lista y se ha retrasado.

¿Es una decisión que afecta la lucha anticorrupción?

Sí, claro, en la medida que estamos ante un caso emblema y los mensajes ya empiezan a ser profundamente ambiguos.

¿Qué debería hacer la Fiscalía entonces?

Dar un paso que, creo, es necesario aprender como comunidad: se llama retroceder, reconocer una equivocación.

Es decir, retirar el pedido de incautación.

Antes de que esta discusión termine generando más confusión. Aprenderemos poco, institucionalmente, si no hay una rectificación.

¿Entiende la lógica detrás de la incautación?

Yo creo que cualquier teoría va a ser confirmada, porque la medida es tan absurda como para tener una explicación alterna defendible. La teoría de la venganza por el fallo adverso en el Tribunal Constitucional explica la escena. Todo lo que se diga se vuelve creíble de inmediato en un contexto así.

Claro. ¿Pero es posible entender el razonamiento de la Fiscalía y del juez?

Hay un manual no escrito de la litigación. Los abogados producimos comportamientos homogéneos…

Usos y costumbres.

Eso. Si una medida se revierte, se busca una alterna que, aunque no sea equivalente, por lo menos genere un efecto simbólico que llene el vacío, para decirlo de alguna manera. Frente al fallo del TC, la Fiscalía buscó su medida alterna, pero la decisión fue pésima. La detención de los Humala era discutible en términos conceptuales…

Era un debate legal, con posiciones a favor y en contra.

Era un debate razonable. ¿Pero esta incautación? No por Dios. Lo único que hace es ridiculizar la discusión que hemos tenido por casi un año sobre la detención preventiva de los Humala.

¿No hay responsabilidad en los periodistas, en los abogados, en los ciudadanos? No hemos sido capaces de percibir la transgresión de los límites.

Sí. Creo que la indignación por estos casos de corrupción ha sido tanta que, quizás, hemos fallado todos en no dejar claro a tiempo que existen límites que no se pueden traspasar. Y han sido traspasados. Creí que la sentencia del TC iba a servir para advertirnos a todos que el borde había sido tocado.

¿Pensaba que la Fiscalía acusaría recibo?

Sí. Y en lugar de que la Fiscalía percibiera que había tocado el borde y que tenía que reorganizarse…

¿Se enfrentó al TC?

¡Así es! Se ha puesto cara a cara con el TC, lo ha pechado. Hay que volver al núcleo del proceso, que resumo en estas tres preguntas: ¿Odebrecht va a indemnizarnos o no?; ¿va a haber juicios oportunos y contra quiénes?; ¿cuáles van a ser las reglas para no entrar a una historia sin final?

Se ha levantado políticamente a Humala.

Le han regalado una narrativa que no tenía. Políticamente no existía, digamos. De alguna manera la sentencia del TC había logrado un equilibrio: no sostener por más tiempo la detención y no empoderarlo.

Aunque salió de la cárcel sin acusación.

De acuerdo, salió merecidamente ganador. Pero el TC dejó en claro, con cuidado, que Humala y Heredia salían por una falla en el modo de concebir la prisión preventiva. Luego de eso, la Fiscalía le acaba de regalar una narrativa de la victimización.

¿Hay diferencia en el trato en el caso de las investigaciones contra políticos?

No. Los casos legales no se presentan de acuerdo a las expectativas de cada quien. En los años de transición alguien tan serio como Javier Diez Canseco nos preguntaba por qué no habíamos empezado con el golpe de Estado como caso emblema en las investigaciones contra el régimen de los noventa si es que, desde cierta lectura que yo comparto, los desórdenes institucionales de esa época…

Empezaron el 5 de abril.

Efectivamente. Y le tuvimos que explicar que los casos legales no se organizan en perspectiva histórica sino sobre la base de resultados prácticos. Del mismo modo, un caso en concreto como el que tiene que ver con manejos de fondos de la familia Humala-Heredia no tiene que aspirar a recoger todo. Y lo que temo es que la Fiscalía se ha demorado por querer describir el caso perfecto, completo y universal.

Pero eso no existe.

Los casos perfectos no existen. Los casos legales no son para hacer historia, son para generar resultados prácticos. Ser expansivos es la peor decisión. Mi impresión es que donde más rápido se está avanzando es con Alejandro Toledo. Claro, es menos visible porque él está prófugo y los Humala estaban dentro. La Fiscalía nos debe mostrar a todos que es capaz de administrar, además de las evidencias, el tiempo que toma llegar a juicio.

Por Enrique Patriau, publicado en La República el 9 de mayo de 2018.

"Ni con la acusación estaba justificada una incautación"

Para el ex procurador anticorrupción  César Azabache , la orden de incautación contra los bienes del ex presidente  Ollanta Humala y de su esposa  Nadine Heredia es “desproporcionada”. A su juicio, hubo un exceso de parte del magistrado Richard Concepción Carhuancho de “dejar prácticamente en la calle” a personas que aún siguen siendo investigadas. “Sigo creyendo que el caso Humala-Heredia debe llegar a juicio cuanto antes. Pero estas incautaciones me parecen innecesarias”, sostiene. En esta entrevista, sustenta su postura.

¿Es adecuada la orden de incautación dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho?
Esta decisión es inaceptable, y lo es por dos razones. Primero, para asegurar que inmuebles sean decomisados al final de un proceso no es imprescindible incautarlos durante el mismo. Los inmuebles no se escapan. Y segundo, la incautación solo está recomendada para cuando hay presencia de testaferros o incertidumbre absoluta sobre títulos y documentos, pero no para inmuebles perfectamente registrados. 

¿Para qué casos, entonces, aplica este tipo de disposiciones judiciales?
Todas las medidas provisionales deben respetar tres principios: de necesidad, temporalidad y proporcionalidad. No es proporcional incautar un inmueble en el que vive un niño, y en este caso hay tres menores. 

¿El embargo de bienes hubiera sido suficiente en este caso?
El embargo no tiene nada que ver aquí, porque estamos ante delitos penales. Bastaba con prohibirle a la ex pareja presidencial vender los inmuebles y aplicarles prohibición a los registros. Jamás debe aplicarse una medida como esta en inmuebles en los que viven niños. 

Según la resolución, estas propiedades habrían sido adquiridas con fuentes ilícitas.
Eso no tiene ninguna relación con una medida de incautación. 

¿Qué puede haber interpretado el juez para emitir una disposición como esta?
No tengo la menor idea, pero esto no tiene ningún sentido. No puedo entender por qué lo ha hecho. Insisto, hubiera sido suficiente con prohibirles a los investigados transferir sus bienes, inscribir esa medida en los registros públicos y punto. 

¿En qué etapa de la investigación podía aplicarse esta medida?
En ninguna. Esto que acaba de pasar no ha existido antes. Ni siquiera presentando la acusación esta medida estaba justificada. 

¿Cree que la Fiscalía formuló la solicitud de incautación porque tiene claro que se cometieron los delitos que imputa a los investigados?
Este caso tiene que entrar ya a juicio, sin más dilaciones. La pregunta a contestar es: ¿la Fiscalía tiene un caso? Si es así, que presente ya la acusación, pero que no nos venga con estas cosas que son innecesarias.

Publicado en Perú 21 el 8 de mayo de 2018