Investigar no es acusar

[Publicado el 16/10/2022 en LR] 

Como ocurre desde hace varios meses el centro de nuestros debates legales gira en torno a un artículo de la Constitución, el 117, que prohíbe acusar al presidente durante su mandato salvo traición o interferencias parlamentarias o electorales. Desde mayo de este año el fiscal Sánchez estableció, ya con aprobación judicial, que esta norma debe ser leída en su mínimo literal: Impide acusar al presidente, pero no investigarle. Investigar no es acusar y bajo la Convención ONU contra la corrupción investigar es un deber de todo Estado. 

Hasta aquí nadie ha derogado ni incumplido ninguna norma constitucional, ni impuesto ningún tratado sobre la carta del 93. Estamos en el marco del 117, aunque leído de otra manera.

Las confusiones comienzan porque nuestras investigaciones fiscales están divididas en dos etapas, llamadas “preliminar” y “preparatoria”. Las normas legales vigentes exigen una autorización del Congreso para pasar de una a otra cuando se trata de altas autoridades oficiales. Dada la forma en que ahora se entiende las cosas, la ley debería exigir esa autorización solo antes de acusar, no al pasar de una etapa a otra de las investigaciones. Aquí la ley sigue enganchada a la forma en que entendíamos las cosas antes de la decisión del fiscal Sánchez, cuando entendíamos que el 117 lo prohibía todo. 

Pero notemos que la cuestión a resolver está en la ley, no en la Constitución. 

Ahora veamos de nuevo los hechos: La fiscal Benavides terminó las investigaciones preliminares en sus primeros casos contra Castillo. Como está dicho, para pasar a la segunda etapa del procedimiento necesita autorización del Congreso. Y el reglamento del Congreso, que tampoco está ajustado al consenso actual sobre el alcance del 117, no tiene un procedimiento propio para otorgarle esa autorización. Solo tiene el antejuicio, que está hecho para otra cosa; para discutir acusaciones, no para autorizar cambios en las etapas de la investigación fiscal. Entonces la fiscal Benavides pide al Congreso que abra el antejuicio, porque necesita pasar a preparatoria y el Congreso no tiene otro procedimiento. Bajo la Convención ONU el Congreso no puede desestimar el pedido de plano, porque eso equivaldría a interferir con una investigación mas que relevante. Entonces el Congreso debe abrir el procedimiento de antejuicio porque es el único que tiene. Y mientras evalúa el contenido de la denuncia, debe optar por una de dos opciones: Modifica su reglamento para poder otorgar a la fiscalía la autorización que necesita o modifica el Código Procesal Penal para eliminar ese requisito, de manera que ella pueda proceder por su cuenta y regrese al parlamento solo cuando esté lista para acusar. 

Bajo la Convención ONU sobre corrupción la cuestión estriba en permitir que la fiscalía pase a la siguiente etapa de las investigaciones sin demoras innecesarias. Si investigar es un deber, debemos permitir que las investigaciones se desplieguen hasta sus últimas consecuencias.

Sin duda volveremos sobre el 117 en el ciclo que está comenzando. Pero la discusión sobre dejar de aplicarlo, reformarlo o derogarlo no es la que debemos enfrentar de inmediato. Esa es una discusión más larga que deberemos abordar cuando hayamos resuelto el primer impasse: El que impide a la fiscal continuar por razones legales, no constitucionales.

“¿Se va o se queda?” Mientras el Congreso no tenga mayoría suficiente para la vacar el cargo, para derogar el 117 o adelantar las elecciones generales, Castillo se seguirá quedando. Pero sujeto a una investigación preparatoria será un presidente vigilado, posiblemente cercado por prohibiciones judiciales y por el riesgo de ser suspendido en el cargo ¿Es así como quiere quedarse?

Vías posibles

La denuncia contra Castillo no es necesariamente un pedido para que no se aplique a Pedro Castillo el 117. Error: bajo la convención anticorrupción el congreso puede también autorizar que el caso pase a investigación preparatoria mientras discute la derogación del 117.

Derogado el 117 Pedro Castillo podrá ser acusado ante un tribunal penal y por ende suspendido. La ruta supone derogar el 117. Y esa derogación no tendría nombre propio: subsistiría a Castillo.

Además derogar el 117 no crea una situación de retroactividad ni nada semejante: el 117 contiene protecciones que no están grabadas en piedra, el Estado puede abandonarlas sin violar derechos fundamentales.

Sobre “compra y calla”, de Alberto Vergara

[Publicado origianlmente en La Mula, el 3 de octubre de 2022]

No me atrevo a pretender que escribir reseñas sea un género, pero sí me queda claro que toda reseña persigue alguno de estos objetivos: poner un texto sobre la mesa, sugerir una manera de leerlo o anunciar una polémica. En este caso reseño un texto que se coloca solo sobre la mesa, sin esfuerzo alguno. Se trata de uno de los politólogos más influyentes de nuestro medio ofreciéndonos una reconstrucción sintética del ciclo 1992-2021. El autor y el periodo simplifican la tarea de escribir una reseña porque, organizado desde estos cimientos, el ensayo reclama ya obligatoria lectura.

Alberto aterriza aquí una mirada que ya venía anunciada en el prólogo a la segunda edición de “Ciudadanos sin república” (Planeta, mayo de 2018). Desde la mirada de Alberto nuestra historia republicana está edificada sobre la aspiración a ser representados; una aspiración que, sin haberse convertido en más que eso, muta ansiosamente después del fracaso de los años 80’ hacia la necesidad de ser gobernados. “Ser gobernados” se convierte en la mirada de Alberto en el fundamento de un proceso que se ahoga en los resultados incompletos que produce. El ensayo repasada el periodo reparando en el sentido de esta secuencia.

Alberto fija el punto de quiebre entre la aspiración a ser representados y la demanda a ser gobernados en 1992, con el inicio de un periodo que alcanza una expresión diría yo “normativa” en la Constitución unicameral del 93. Alberto se detiene con cuidado para mostrar lo que esa unicameralidad significa: Es una unicameralidad que reduce al Congreso a la mitad del tamaño que tenía al comenzar 1992, y que con ello pretende anunciar un esquema subordinado al dictado del gobierno. El modelo penetra los ocho meses en que Alberto encuentra desplegarse la narrativa republicana de un Paniagua transicional, post fujimorista. Alberto reconoce en perspectiva en Paniagua “un esfuerzo efímero”: El modelo traspasa la transición del 2000 y se adapta con facilidad a sus condiciones no autoritarias. Cumplidos los 8 meses de la transición “nadie retomó aquellos principios políticos” que Paniagua intentó posicionar como base de un plan nacional al sumir el gobierno trasitorio (18). Nos guste o no, la primavera republicana de Paniagua tranzó sin cortapisas con el modelo economicista instalado en los 90’. De hecho, para equilibrar el ambiente post fujimorista, con todo lo que implica, con la conservación del economicismo que estaba en la base del modelo, en la transición se retiró la firma de Fujimori de la Constitución, pero se conservó al Congreso unicameral que constituía uno de sus fundamentos.

“Los peruanos fuimos invitados a comprar y callar. Y acudimos a la cita” (401). Alberto reconstruye la forma en que el modelo, readaptado a un entorno no autoritario, pero tampoco republicano, se convierte en el punto de cohesión del sistema político. Es el “consenso del 2000” al que se refirió Mauricio Zavaleta como eso que “se agotó y ya no alumbra” (EC, 08/08/2021). Alberto encuentra también ese agotamiento, pero en el medio del proceso encuentra la conformación narrativa de ese proyecto “El perro del hortelano” de García: “No es que García inventara este horizonte modernizador, pero tuvo el interés y la capacidad para ponerlo en blanco y negro y hacerlo público. Y triunfó… Lo que ha gobernado efectivamente el Perú durante estos últimos diecisiete años es el proyecto hortelano” (19 y 20)

“El proyecto hortelano”. Encuentro esta construcción más gráfica en los detalles de lo que aceptamos que se haga entre nosotros que el genérico “neoliberalismo” que forma su clase. Aquí no solo hay un economicismo que se desentiende del entorno institucional en que se mueve. El ciudadano puede ser “un perro”, literalmente; un animal que puede ser pateado. Se trata entonces de una narrativa que más que distancia exhibe desprecio hacia la ciudadanía y representa el desencuentro que conduce a Bagua, a un Humala que más allá de las preferencias pasa del “Conga no va” al “Conga va”, al agotamiento de un esquema de gobierno que con PPK termina no sabiendo cómo gobernar y, enredado en sus propias trampas, sucumbe, en el medio de la crisis de Odrebrecht, ante un Congreso que en el diseño original tendrá que haberse mantenido subordinado al esquema y sin embargo comienza a atacar ministros, incluyendo a uno de Economía; un puesto virtualmente endiosado en el periodo que comenzó con la transición.

Para Alberto lo “alucinante” es que “ante toda la evidencia intelectual, de datos y resultados políticos” que mostraban sus fisuras “el hortelanismo no haya sido abandonado” (25). La crisis actual, concluye Alberto, “está hecha de todo aquello que el proyecto hortelano deliberadamente consideró insignificante para el progreso del país: instituciones, Estado de derecho y ciudadanos” (22).

La aceleración del proceso de debilitamiento del modelo hortelano se produce en una pandemia que también Alberto compara con una guerra que sirve de antesala a las elecciones que confrontaron a Fujimori con Castillo.

En la introducción del 2013 a la primera edición de “Ciudadanos…” Alberto recordó una construcción que acuñó Alfredo Torres intentando describir el inicio del desánimo que entonces ya se podía percibir en el ambiente: “La paradoja del crecimiento infeliz”. Decodificando los términos de la paradoja, Alberto nos decía entonces que “El contrapunto peruano contemporáneo está dado por el éxito de la promesa neoliberal y por el fracaso de la republicana”. “Lo primero [concluía] es responsable de nuestro crecimiento. Lo segundo produce la infelicidad” (“Ciudadanos…”, 37 y 38). Páginas más adelante había anotado: “en veinte años el neoliberalismo cumplió con sus promesas [aunque esas promesas, anuncia, no originan un sistema institucionalmente sostenible], el republicanismo se apresta a cumplir doscientos y nos sigue fallando” (43). Alberto encontró entonces que la amargura se expresó en el ambiente en que fue elegido Humala en 2011 (433). En el epílogo a “Ni amnésicos ni irracionales”, escrito en el 2018, Alberto nos dice, no libre de esa amargura, que García, luego de integrar narrativamente el espíritu del modelo hortelano “nos dejó con una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala” (203). Tal vez habría que decir que el ciclo de desencuentros finales que el modelo hortelano impuso entre 2016 y 2019 y luego la Pandemia nos dejaron en una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

Entre el falaz entusiasmo (“optimismo desbordante” le llama en la página 429) del crecimiento de la primera década del siglo y el presente Alberto pone el acento en un proceso que comenzó a intentar ser abordado en los ochenta, pero que se despliega invisiblemente hasta penetrar todos lo nichos que el modelo hortelano desatiende: La informalidad. Alberto recuerda que José Matos Mar, Hernando de Soto y Carlos Franco intentaron, desde diferentes miradas, teorizar sobre ella, sin producir una teoría de referencia que comprendiera sus riesgos. Pero “a pesar de ser portador[a] de nuestros males, la informalidad fue tratada como una virtud: más que conceptualizarse desde la ausencia de ley, se le interpretó como manifestación de un mercado libre, espontáneo y creativo” (419). Más que usar las referencias asociadas al mercado laboral Alberto cita a Arevalo y Fort para mostrar que una informalidad medida por la expansión urbana alcanza al 2018 al 93% de la población. La confrontación con el despliegue de ese proceso que acumula sectores y energías no diferenciadas conduce a una de las pistas más importantes para leer el presente: “Esta debacle representativa, sin organizaciones y regida por oportunistas, se convirtió en una puerta abierta para que intereses informales e ilegales introdujeran a sus gestores particulares en la gran mayoría de bancadas parlamentarias y gobiernos nacionales” (430 y 431). “Hoy tenemos [continua Alberto] jefes de extorsionadores que son alcaldes para asegurar su impunidad, gobernadores regionales que son cabecillas de las actividades ilegales más lucrativas de su región, y un congreso infiltrado de representantes de diversas actividades particulares: legisladores que no están ahí de sea representar el interés general sino para conseguir una excepción tributaria para su compañía de transportes, asegurar que no se regule su universidad, negociar un mejor trato para las azucareras que representan, impedir que niñas y niños en el Perú sean educados en la convicción de la igualdad de oportunidades, etc.” (27 y 28).

Aquí se detiene el relato. Alberto termina de escribir esta historia cuando se instala el régimen (¿es un régimen en forma?) de Castillo. Informalidad e ilegalidad han pasado ya de las municipalidades a los gobiernos regionales, de los regionales al Congreso y del Congreso a Palacio de Gobierno. Al cerrar las páginas me pregunto si podemos verdaderamente construir desde estos restos un proyecto republicano. En la introducción a “Ciudadanos….”, en 2013, Alberto ya había anticipado la duda: “¿Será gobernable el Perú cuando escasee de esteroides del crecimiento y las instituciones sean las de siempre?” (45). Pues bien, la esteroides del crecimiento escasean ahora mismo y las instituciones son las de siempre. Alberto nota que “Se extingue una época y nadie puede entrever como será la que le sucederá” (402). Agrega que “Como en una suerte de bucle histórico, la época del gobierno sin representación termina haciéndose añicos, y el péndulo parece anunciar el regreso de la representación sin capacidad de gobierno” (469). Por eso estamos viviendo ahora mismo “En el borde, en la zozobra, en la incertidumbre, en vilo… Como quien insiste o se ve obligado a construir una casa en la quebrada por la cual pasan los huaicos cada año y solo le queda vivir rogando que la próxima temporada de lluvias no sea de las peores” (462).

Tenemos la descripción. El libro entero, desde la introducción y la carátula (la piedra, leída en las referencias al mito de Sísifo que contiene la presentación) invitan a pensar nuestra historia haciéndonos cargo del peso del absurdo. Entonces la pregunta merece un giro. No se trata, al menos no aún, de saber si esta vez sí podemos lograrlo. Se trata ahora de establecer la ruta para intentarlo “haciéndonos cargo” (aquí encuentro el núcleo del libro entero, también de este ensayo) del peso que implica ser más que compradores silenciosos: ser ciudadanos libres no condenados.

En contra de la amargura

Terminado el segundo gobierno de Alan García vivíamos en “la paradoja del crecimiento infeliz”. La frase es de Alfredo Torres y la cita de Alberto Vergara (“Ciudadanos….”, 2013). La imagen trata sobre el desánimo que empezó a impregnarnos entonces, cuando descubrimos que el piloto automático era un mito: No es verdad que el crecimiento pueda encargarse de la sociedad entera. Tampoco que sea capaz de sostenerse a sí mismo.

Alberto ensaya una forma de decodificar la paradoja: “El contrapunto peruano contemporáneo está dado por el éxito de la promesa neoliberal y por el fracaso de la republicana”. “Lo primero [concluye] es responsable de nuestro crecimiento. Lo segundo produce la infelicidad”.

“Amargura”. Alberto introdujo esta construcción para darle contenido a la infelicidad a la que se refería Alfredo. Nuestra amargura se aloja en la memoria de Bagua, en los Petroaudios y en los narcoindultos para llegar a Espinar, al impacto que causaron los gobernadores detenidos hacia el 2014. También en las agendas de Nadine, en las revelaciones de Odebrecht, en las grabaciones de los “Cuellos Blancos”, en la imposición de Merino en NOV20 y en el toque de queda de ABR22.

En el epílogo a “Ni amnésicos ni…” Alberto nos dice, no libre de esa amargura, que el segundo gobierno de García “nos dejó con una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala”. Tal vez habría que decir ahora que el ciclo de desencuentros finales que comenzó en el 16 nos dejó en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

Hoy es día de elecciones municipales y regionales y abordamos el proceso sin alegría, acaso con la misma amargura que describe Alberto. Pero quizá haya una diferencia en el ambiente. Ahora sabemos que esta amargura existe.

Podemos reconocerla; como podemos reconocer su relación con el tipo de clientelismo que ha impregnado nuestro régimen político. La distancia que media entre la forma actual de ser de la política y nuestra necesidad de ser representados, o al menos, incluso, mínimamente gobernados, está puesta sobre la mesa.

Nuestra oferta electoral se organiza sobre alianzas efímeras y franquicias electorales. Espacios vacíos que generan procesos como el que protagoniza Castillo. Estamos acaso en el punto más alto de penetración en el Estado de redes que manejan universidades no licenciadas, negocios de extracción ilegal de oro y tala no controladas, tráfico de tierras, transporte no autorizado y un largo etcétera.

El upgrade que estas redes han alcanzado en este microperiodo se ha construido a partir de los nichos que dejaron las contenciones legales ensayadas a partir de los casos Lava Jato: La ley que intenta contener el financiamiento ilegal de campañas políticas y las previsiones adoptadas en la contratación pública están hechas a la medida de las grandes constructoras. Las nuevas redes de influencia se mueven por debajo de sus radares.

Esta guerrilla de pasillos por contratos de mediana o baja envergadura que se refleja en la pugna entre Karelim López y Zamir Villaverde o en el protagonismo que pudieron adquirir los ministros Silva y Alvarado no estaban en la mira. No las imaginamos. Y ahora debemos hacernos cargo de su existencia.

Al presentar La condena de la libertad, Alberto y Paulo Drinot nos invitan a pensarnos desde el mito de Sísifo. Sísifo carga con el absurdo castigo de llevar hacia arriba una enorme piedra que siempre cae. Oposición a la desesperanza: Camus, al abordar el mito, cierra la historia dejando una ventana abierta: “No se descubre lo absurdo sin sentirse tentado a escribir algún manual de la felicidad”.

Saber qué nos está ocurriendo es un principio. La amargura, una reacción. Organizar la felicidad una tarea impostergable.

Exhibiciones

El sábado 24 de setiembre fue un día particularmente intenso en la producción de comentarios de fondo en medios. Comencemos por Carlos Basombrio, que en redes sociales se preguntaba ese día por qué el poder atrae a tantas personas con perfiles corruptos e historias violentas o abiertamente depravadas. Debo advertir que la respuesta a esta pregunta no conduce a buenas noticias. Para hallarla es preciso bucear en la compleja dinámica que mantienen la clandestinidad y la exhibición en los perfiles de determinados personajes. Ya decirlo es, por cierto, es alarmante.

El Dorian Grey de Óscar Wilde recuerda al Narciso de la mitología griega. Un mito usado por Freud para describir a quienes solo se satisfacen ante su propia imagen trazada en un lienzo o en el agua o en un espejo. Basta agregar al personaje una historia marcada por el crimen. Porque el crimen es siempre clandestinidad, y lo que se hace en escenarios cerrados no se refleja en el espejo. La mezcla del crimen con un personaje como los que describe el mito de Narciso o la novela de Wilde puede conducir a una enorme frustración que solo se alivia amplificando el espejo, multiplicando la propia exhibición. Que mejor ejercicio de reemplazo que transitar desde la clandestinidad a la política. La política, especialmente si no tiene filtros ni contenciones, se ofrece como enorme, borroso y enorme espejo alterno. El Jocker de Tim Burton quiere ser alcalde de Ciudad Gótica. Y si la ciudad no tiene filtros ni límites acaso pueda llegar a serlo.

Nuestra política no tiene filtros ni límites. Por eso  no sorprende que, como decía Carlos el 24 al proponer esa pregunta, haya tantos personajes perversos a los que “atrae la política como a las moscas la miel”. 

Pero estas escenas no tienen solo una explicación basada en perfiles. También están las cuestiones estructurales. El mismo 24 de setiembre Jaime de Althaus y Gonzalo Zegarra, por cosas del azar, nos ofrecieron dos respuestas distintas a la misma pregunta, aunque quizá sin saber que acaba de ser formulada. Digamos, a pocos días de las elecciones regionales y municipales, Carlos, Jaime y Gonzalo parecen estar preocupados por lo mismo, por simple convergencia, y pensando desde enfoques distintos. 

Jaime reeditó una lectura de las cosas que presentó originalmente en 2011: nuestra última regionalización, sostenida como está a partir del reparto del canon y de fondos del gobierno central y no de la gestión sobre fondos originados en impuestos recaudados en cada zona, no tiene como generar una ciudadanía organizada para fiscalizar a sus autoridades. Lo que genera son clientelas que sostienen candidatos a los que hacen visibles intentando captar votos y esperando que el ganador retribuya el apoyo recibido incluyéndoles en las redes de reparto de contratos y fondos que se firman en base a alianzas corruptas. Gonzalo nos ofrece en complemento: quienes juegan este juego no creen que la economía genere riqueza; creen que la economía se agota en la apropiación o el reparto de lo que ya ha sido puesto sobre la mesa, de modo que el objetivo del torneo es acaparar lo más que se pueda, no crear nada nuevo. Desde ambos lados, desde la conformación de una sociedad que no tributa y desde la “mentalidad de suma cero”, que solo piensa en repartir lo que ya existe, la política se convierte en un escaparate en el que determinados colocadores de candidatos conformarán la oferta electoral eligiendo personajes manejables, alienados, dependientes de quienes retienen en sus manos las llaves de todas las puertas a través del dinero que se sigue gastando en campañas que no hace más que levantar escaparates de exhibición a los que se suben demasiadas personas que solo buscan exhibición. El poder que se forma de la conjunción de estas tres entradas es el mismo: un poder que no agrega valor y que expone a la ciudadanía al copamiento de cargos públicos por personajes sin ideas o sin escrúpulos o acaso francamente y abiertamente pervertidos.  

El poder, en la versión que nos impregna, se forma con demasiada frecuencia desde las sombras de la clandestinidad. 

Si la Fiscalía quisiera continuar

Sobre la denuncia Constitucional contra Castillo

[Publicado en La Mula, 27/09/2022]

Quizá uno de los puntos más agotadores de esta crisis provenga del enorme muro que nos coloca el artículo 117 de la Constitución, el que limita las posibilidades de acusar al presidente durante su mandato a solo casos por traición, interferencias electorales y parlamentarias. Claro, está la cuestión de la vacancia, que frustra a quienes después de NOV20 no querríamos que vuelva a usarse y a quienes quieren usarla y deben constatar día a día que los congresistas que la reclaman no son capaces de montarla.

Entre tanto ya se estableció que es posible que la fiscalía investigue al presidente durante su mandato, así sea en este formato inicial que llamamos “investigación preliminar”. Y hace varias semanas, cuando se destituyó al ministro Gonzales, entró en debate la posibilidad de suspender judicialmente a Castillo si se extralimita en las interferencias que cada tanto ensaya.

De hecho, desde que la posibilidad de suspender judicialmente a Pedro Castillo entró en la escena su hija se escapó y se entregó, su abogado renunció y retornó y Colchado fue removido y repuesto en solo horas. La sola idea de un pedido de suspensión judicial parece haber surtido sobre Castillo el efecto que los ajos y las cruces de plata producían sobre los vampiros. Sin embargo subsisten al menos en las formas los dos casos que Castillo hizo o mandó a hacer intentando destituir a Colchado. Y la fiscalía decidió no ensayar la búsqueda de una primera orden judicial que las desactive estos casos como lo que son, casos de interferencia, quizá porque ella no se siente suficientemente cómoda con hacerlo desde la plataforma que le ofrece una investigación preliminar. Entonces la fiscalía necesita un upgrade para continuar.

Mientras pasan los días los hechos bajo investigación se multiplican y las evidencias se acumulan. El proceso, en franco crecimiento dentro de una habitación de techos bajos, porque el 117 impide llevar a Castillo ante los tribunales, eleva la tensión sin que nuestro sistema legal, el que nosotros mismos establecimos, ofrezca una válvula final de salida. Francia esperó 12 años para llevar a Jacques Chirac a juicio por cargos sobre corrupción, pero durante esos 12 años Francia siguió siendo gobernada. Aquí el Consejo de Ministros ha sido subordinado a la defensa de Castillo y eso hace de la crisis algo bastante menos soportable. Salvo por esfuerzos aislados, pequeñas islas construidas dentro del gabinete, el Perú no está siendo gobernado y eso cambia el sentido de la espera de manera definitiva.

En el intermedio que nos separa del muro que cierra un callejón sin salida hay aún opciones que nos permiten avanzar e intentar construir plataformas de equilibrio que si bien no serán definitivas al menos deberían servirnos de algo. En estos días por ejemplo ha comenzado a anunciarse que en solo semanas la fiscalía podría presentar un primer caso penal contra Castillo ante el Congreso. La pregunta que salta inmediato es la siguiente: ¿para qué, si la acusación es imposible? La respuesta contiene una alternativa.

Quien más claramente ha demostrado que una acusación es imposible es Víctor García Toma. La idea que provocó su comentario fue sugerida por Rosa María Palacios hace varias semanas: Si la convención de la ONU sobre corrupción obliga a recortar el ámbito de aplicación de las inmunidades en atención al deber de investigación que ella contiene, entonces también el artículo 117 debería ser recortado en su alcance. El argumento es seductor, pero la respuesta de Víctor, por lo simple, es concluyente: Contra la prohibición que contiene el 117, dice Víctor, no hay excepción ni tratado que valga: Un tratado como el anti corrupción puede alterar el alcance nominal de una ley, pero no puede hacerlo con una cláusula de la Constitución, salvo que se haya aprobado con un procedimiento especial que jamás ha sido empleado entre nosotros. Entonces el caso parece cerrado: Mientras la Constitución no cambie, y nadie en el Congreso parece tener interés en cambiarla, el presidente no podrá ser acusado salvo por muy pocos casos.

Si esto es así presentar un caso contra el presidente ante el Congreso no puede implicar acusarle. Pero podemos elegir una ruta distinta. En el derecho contemporáneo la voz “acusación” tiene un peso distinto al que tenía en el siglo XIX, cuando se escribieron las fórmulas que aún hoy se emplean para definir las protecciones constitucionales. Entonces se empleaba incluso para describir las denuncias de particulares por asuntos privados. No es difícil reconocer que el desarrollo de las fiscalías, que entonces no eran ni por asomo lo que son ahora, permite afirmar que cuando de delitos se trata, ahora, quien acusa no es el Congreso sino ellas. Las competencias del Congreso son exclusivas y excluyentes cuando se trata de infracciones a la constitución, asuntos que por cierto son políticos. Pero no cuando se trata de delitos. De varias maneras cuando se trata de delitos, llamando a las cosas por su nombre, lo que la fiscalía pide al Congreso no es una acusación sino una autorización para llevar un caso a una segunda estación de investigación, la llamada entre nosotros “investigación preparatoria”, que resuelve todas las dudas que ahora parece tener la fiscalía sobre el alcance de sus atribuciones.

Entonces ¿para qué presentar el caso ante el Congreso? Para obtener una autorización formal que permita a la fiscalía hacer un upgrade: llevar el caso a la siguiente estación, la llamada “investigación preparatoria”, en la que sin duda puede hacer las cosas que ahora parece haberse sentido corta a hacer, por ejemplo pedir una orden judicial que anule cosas como los dos casos que han lanzado contra el Coronel Colchado.

¿Acaso puede el Congreso autorizar a la fiscalía a llevar al presidente a una segunda etapa de investigación, que entre nosotros se llama “investigación preparatoria”? Desde el modo en que entendemos ahora la Constitución sí, porque lo que está prohibido es acusarle y pasar a la siguiente etapa de investigación no equivale aún a acusarle ¿Necesita esta autorización la fiscalía? Sí, porque para proceder a hacer ese salto la ley requiere autorización parlamentaria y la fiscalía no parece haber quedado convencido de su competencia para pedir restricciones judiciales en el procedimiento preliminar ¿Puede el Congreso concederla? Sí, aunque necesita hacer un cambio en su reglamento, y debemos hacernos cargo de las dificultades, por llamarles de alguna forma, que tiene este Congreso para producir modificaciones eficientes a sus propias reglas.

El cambio al que nos referimos supone declarar que el procedimiento para atender una solicitud de la fiscalía para iniciar una investigación preparatoria es el mismo que se emplea ahora en la sub comisión de acusaciones constitucionales para acusarle, pero con una diferencia: En este caso la Comisión Permanente no tendrá porqué ensamblar una acusación sino tan sólo evaluar la solvencia del pedido y la necesidad de proceder. La Comisión Permanente no tiene aquí por qué acusar al presidente ante el pleno. Le basta con solicitar al pleno que apruebe la solicitud de la fiscalía, entendiendo que, en respeto al 117 ella no acusará al presidente, aunque podrá llevar el procedimiento hasta sus últimas consecuencias con el empleo de recursos judiciales que quedarán a su disposición ya sin duda alguna.

En estos casos, los que comienzan a pedido de la fiscalía, debe quedar claro que el Congreso no debe “probar un caso” sino apenas evaluar un pedido para proceder qué hacer otro organismo constitucional en base a competencias que también están en la Constitución. El Congreso, de hecho, no perdería nada si aceptara dejar de llamar “acusación” a lo que en los hechos no es una acusación en forma, y restringiera el uso de esa voz en el lenguaje de su reglamento a aquellos casos que, por tratarse de infracciones a la Constitución y no a delitos sí le corresponden entera y exclusivamente.

La reforma al reglamento que permitirá hacer este upgrade a las investigaciones contra Castillo, entonces, no contiene ninguna violencia contra el significado de las cosas, al contrario, actualiza nuestro lenguaje constitucional de una manera que, en lo intuitivo es bastante clara ¿O acaso no tiene sentido reconocer que en el derecho contemporáneo quien acusa cuando se trata de delitos es la fiscalía, ni el Congreso?

No es esta sin duda una solución definitiva. Pero es mejor solución que simplemente seguir esperando sin que nada más ocurra.

En busca de una patria andina y citadina

Sobre la última entrega de Carmen Mc Evoy y Gustavo Montoya

[Publicado el 21/09/2022 en La Mula]

Una primera enorme razón para disfrutar esta entrega se encuentra en todo lo que representa que dos personas portadoras de historias distintas converjan a escribir juntas en un lugar donde vamos perdiendo el intercambio, el encuentro, el café, el reconocimiento de quien está frente a nosotros y es en realidad una persona que porta una memoria que contar. Carmen y Gustavo, siendo ambos historiadores, responden a miradas distintas, que sin embargo armonizan en esta entrega hasta el extremo de haber logrado eliminar toda diferencia en el impulso del texto, que se lee entonces como si viniera de una sola mano escritora.

Importante símbolo para hablar de identidades, de historias de personas que quedaron olvidadas por la historia oficial en un ciclo, el que transita entre 1821 y 1829, que puede parecernos lejano, pero los autores usan como contexto para buscar claves en la composición de ese ADN de nuestro hacer político que, salvando las distancias que impone el tiempo, nos tiene atrapados en esta suerte de eterno retorno hacia la incertidumbre y la frustración.

Una de las escenas más fuertes que presenta el libro, una de las primeras, nos instala en el destierro de La Mar, apresado y destituido en 1829, en el camino hacia la instalación del primer gobierno del caudillismo que siguió al periodo de los ejércitos libertarios, solo una año después que se aprobara la Constitución de 1828, “la madre de todas”, como le llamó alguna vez Pareja Paz Soldán, y muy pocos antes del corto experimento que representó la Confederación peruano boliviana.

El libro se instala en la biografía de La Mar, un hombre que no aceptó las tierras que se le ofrecieron después del triunfo de Ayacucho y devolvió el costo de alguna celebración hecha en su honor porque las arcas de un Estado sin recursos no estaban para lujos; un hombre que murió un año después de un destierro al que fue condenado sin portar maletas ni artículos personales; un hombre que porta una vida desde la que los autores saltan a otras vidas de otros guerreros de la independencia que después de las juntas emancipadoras fueron asesinados o desterrados como La Mar, porque acaso nuestras guerras de la independencia no dejaron repúblicas establecidas, sino arcas vacías, espacios vacíos y un volumen importante de tropas que permanecieron deambulando, en nuestro caso, literalmente deambulando en busca de la siguiente conspiración que les permita colocar en el gobierno a alguien que resolviera el problema de fondo: el Perú se emancipó sin contar con un soporte financiero que permita sostener el ciclo que se iniciaba con equilibrio. El Perú se emancipó e intentó constituirse en un “permanente Estado de falencia fiscal” (282). La paga de los soldados, entonces, quedó convertida en cuestión política, en cuestión de sostenibilidad del gobierno. Y en medio de esa precariedad los modelos institucionales que por ejemplo portaba la Constitución de 1828 no tenían como hacerse viables.

La política de la época, nos dicen Carmen y Gustavo, se construye en una realidad virtual poblada por noticias no siempre ciertas y por ende rumores, que circulan en medio de las conspiraciones de facciones. Pero no sólo la política es virtual. También lo son las instituciones de la república naciente, porque más allá de las elecciones definidas en los textos firmados de las constituciones de 1823, 1826 o 1828, el gobierno en este ciclo, y aún en el que de inmediato le sigue, incluso después de Castilla y sus dos constituciones, se toma por golpes de Estado; a los presidentes se les destituye por golpes de Estado, no por los procesos constitucionales que se definen a partir de 1828 en complejas fórmulas que combinan cargos por infracciones a la constitución y debates sobre delitos políticos.

Es el “cambiamiento”. Una pesada construcción que los autores encuentran en una apología al destierro de La Mar, publicada en agosto de 1829 en Piura. Una construcción empleada entonces para presentar el destierro como resultado de una acción de salvaje a una patria que los autores de la nota presentan convertida en simple subordinación al vencedor. El “cambiamiento” como construcción es usado por los autores para representar, en los hechos y en el discurso de justificación del evento, la forma en que se concibió en la época el reemplazo de un presidente por la fuerza, no por una razón madurada reflexivamente, sino por la capacidad que dan las armas. La fealdad fonética de la construcción acaso represente además la manera precaria en que los autores de estos procesos de reemplazo político revisten sus acciones de un discurso aparatoso ensamblado sin pretensión alguna de representar compromisos morales de corte institucional.

Nadie intentó acusar a La Mar ante el Congreso antes de su expulsión en Piura, a pesar de la limpieza con que solo un año antes se había definido el andamiaje teórico para llevar a un presidente a proceso ante el Congreso durante su mandato, por razones políticas y por cualquier delito grave. El proceso político práctico no está encausado al inicio de la república ni lo está después, y quizá no termina de estarlo ahora.

Leyendo el libro imagino a los restos de las tropas extranjeras que tomaron parte en la emancipación deambulando en Lima en busca de paga y subsistencia. Y me pregunto si aún ahora tenemos cuerpos no articulados deambulando alrededor de un Estado insuficientemente asentado en busca de sus propias pagas: universidades no licenciadas, mineros ilegales, traficantes de terrenos, y un largo etcétera que persiste en mantener nuestros procesos políticos como resultado de simples vías de hecho organizadas en atención a simples intereses privados.

Pero el libro contiene además otras historias que muestran otros ADN. Carmen y Gustavo nos muestran aquí las historias de hombres y mujeres que intentaron impregnar nuestro ADN de componentes distintos: ilusión por la emancipación, por la construcción de una patria basada en la búsqueda de una identidad convocante sentida desde los pueblos, desde los lugares en que vivían. Historias de vida de personas honestas, algunas de las cuales terminaron ejecutadas por las masacres que Canterac perpetró a nombre del virreinato intentando responder a la proclamación de la independencia. Historias de heroicidad de ciudades del interior que convergieron en un espacio discursivo, nuestra ilustración, que no fue bastante para contener el pragmatismo faccionista de los generales de la guerra. Pero que estuvo presente, aunque no lograra impregnar la política práctica de su racionalidad humanista y humanizante.

El libro mira el XIX desde la barcaza que se llevó a un La Mar destituido al destierro para dejar el país que había cerrado el ciclo de los libertadores más desgarrado que establecido, más impregnado por el lenguaje de la guerra interior y el golpe de Estado que por el de las instituciones.

Pero los autores no sólo buscan el ADN que nos mantiene fuera de los espacios de búsqueda de equilibrios sostenibles. Buscan una ruta hacia la esperanza. Y nos proponen esa ruta en un cierre que, a través de Jorge Basadre, regresa a Ernest Bloch para buscar alguna forma de retorno a la esperanza como base del aliento.

La historia del libro transcurre entre 1821 y 1828; el texto busca esos elementos del ADN que nos impregnan desde el origen. Pero la trama transita por los colectivos que desde las ciudades del interior y desde la propia Lima intentaron hacer del ciclo el origen de una nación. Y nos alienta desde historias de vida de quienes alentaron ese intento.

Las historias de vida. Tal vez es ahí por donde, de nuevo, hay que empezar a buscar.

El ministro Burneo

[Publicado en La República el 18 de setiembre de 2022]

¿Puede el MEF convertirse en una autarquía de hecho? Mientras duró el ciclo 2000-2019 confiamos en que incluso un gobernante inepto podía sostenerse mientras la presidencia del Consejo de Ministros funcionara de manera consistente. Una lista mental de quienes ocuparon ese cargo y los principales ministerios en el periodo nos permitiría confirmar que incluso en el medio de las historias sobre corrupción que ya están documentadas (Odebrecht es solo una de ellas) tuvimos en el ciclo que cerró un régimen basado en un profesionalismo más que razonable instalado en el Consejo de Ministros.

Catástrofes las hubo. Bagua, la caída de Jorge del Castillo y la censura a Jaime Saavedra son tres ejemplos. Pero aún así el eje de este esquema se mantuvo. Siempre o casi siempre tuvimos al frente un primer ministro enfocado en articular políticas públicas propiamente tales.

Ahora no lo tenemos. El gabinete actual está liderado por uno de los voceros legales de Pedro Castillo, el señor Torres, que parece más interesado en sostener al presidente en el puesto que en gobernar el país. En sus manos el Ejecutivo ha renunciado a todo debate serio sobre políticas públicas propiamente tales y ha optado por reforzar sus relaciones con sus propias clientelas electorales. El ejercicio ha elevado su aprobación cuantitativa. Pero estamos huérfanos de espacios donde discutir la forma de sostener los colegios, la manera de reducir nuestro déficit de infraestructura o de elevar la calidad de los servicios legales que recibe o deberían recibir las personas. Esto para citar tres ejemplos entre muchos.

Nadie nos está gobernando. Alguien tiene que hacerse cargo de la sostenibilidad del país en el entre tanto. Eso es lo que me lleva a plantear la pregunta con que se abre esta columna ¿puede el ministro Burneo convertir al MEF en una autarquía de hecho y echarse el país al hombro para que Castillo no pueda destrozarlo tanto?

Tenemos islas de institucionalidad. No sin bemoles, por cierto. El judicial y las fiscalías (aunque tengan aún problemas internos por resolver) son dos de esas islas. El Tribunal Constitucional aún nos debe mostrar quien quiere ser en esta historia. Y contamos con un importante etcétera que incluye al BCR y la SBS.

Se puede sostener “islas desde fuera” del gobierno. La cuestión estriba en confirmar si es o no posible crearlas en su interior. El señor Cevallos logró hacerlo en Salud. Diana Miloslavich trató y no tuvo demasiado éxito en Mujer. César Landa, por segunda vez en el gabinete, parece dispuesto a intentarlo de nuevo. Pero ¿puede intentarlo también el señor Burneo?

Durante el ciclo que cerró en setiembre del 2019 el MEF fue siempre la cabeza de un mini gabinete. Por razones conceptuales el MEF determina el espacio que ocupan el MEM, Minagri, Produce y el MCE, especialmente. Si el señor Burneo pudiera consolidar su peso gravitacional sobre esta área podríamos tener un espacio para contener el daño que a Castillo no le importa hacer mientras subsiste en el cargo. Pero si además el señor Burneo lograra expandir su área de incidencia hacia Transportes y Vivienda, podríamos contener la corrupción que hace ahora metástasis sobre el gobierno entero.

La pelea contra mercados clandestinos —la corrupción es uno de ellos— se aborda solo de dos maneras: Se ataca la demanda o se ataca el espacio en que se estructura la oferta. En nuestro caso la oferta se estructura dentro de las paredes de Transportes y Vivienda. La intervención en ambos es urgente. Y la llave política para lograrla parece estar en el MEF.

Podría ser este MEF el que nos ofrezca una alternativa para sostenernos mientras tanto. Porque aunque Castillo siga cayendo, sigue cayendo demasiado despacio.

La tercera estampa

[Publicado en LR 04/09/2022; una manera de explicar la presencia de Castillo en la escena]

Imposible pensarnos sin reparar en lo que representa que el 76% de nosotros viva en ambientes económicamente informales. La informalidad conforma entornos defensivos y de sobrevivencia, en los que el futuro puede limitarse a imaginar el final del día y el ahorro se percibe como una fantasía o un artículo de lujo. Contra lo que puede haberse pensado a mediados de los ochenta, la informalidad no representa una situación transitoria hacia la formalización de la propiedad o el acceso al sistema financiero. En todos los años que han pasado desde que la reconocimos como parte de nuestro ambiente la informalidad ha conformado un todo no diferenciado narrativamente que incluye emprendedores y organizaciones populares, sin duda, pero también un grueso contingente de personas que viven alrededor de la minería y la tala ilegal, el cultivo de coca y la venta de estupefacientes, el tráfico de personas, el transporte no registrado y otras tantas actividades no reguladas. Si en algo convergen todas estas informalidades es en reclamar que el Estado, al que se percibe ajeno, no intervenga ni pretenda regular sus procesos de acumulación y generación de ingresos. Ahí están las campañas por la eliminación de multas en transportes, por dejar pasar las prácticas de extracción ilegal de madera y oro, por no evaluar a los maestros, por no licenciar universidades y un largo etcétera que desemboca en el uso intensivo de la representación política como vehículo de defensa de intereses privados. La cuestión política en este país, marcado por estas informalidades se ha reducido a las campañas contra la expansión de procesos regulatorios y la desviación de fondos del Estado para, con el pretexto de obras y proyectos, alimentar clientelas que utilizan la corrupción para generarse ingresos.

Entonces Castillo no es una sorpresa. Castillo representa el último peldaño en una espiral que se mostró en todo su potencia expansiva a mediados del gobierno de Ollanta Humala, cuando estallaron los casos sobre corrupción en gobiernos regionales. Es la misma espiral que exhibió su despliegue sobre el Congreso con las grabaciones de Mamani, que mostraban un PPK dispuesto “desde arriba” a canjear votos contra acceso a los espacios de decisión sobre presupuestos, transferencias y proyectos públicos. En esta historia Castillo presenta la tercera estampa, una estampa que coloca el modelo del político-gestor de intereses privados en palacio de gobierno, desde donde entrega puestos y proyectos a “los compatriotas de Sarratea” mientras un colectivo de abogados personales vestidos con fajín de ministros ensaya una y otra vez coartadas y estratagemas diseñadas para mantenerle en el puesto por todo el tiempo que sea posible.

La tensión que produce esta manera de hacer las cosas resulta de su confrontación con los pocos espacios en los que, al modo de islas no perfectamente constituidas, se ha venido refugiando nuestra institucionalidad en estos años. El ciclo de intervenciones contra la corrupción en gobiernos regionales en tiempos de Humala fue liderado por fiscalías que consolidaron su auto imagen en los casos Orellana y Álvarez, para mencionar los más visibles. Aunque registre bemoles, esta auto imagen es la misma que sostuvo las intervenciones de las fiscalías en los casos Odebrecht. Y es la que ahora sostiene los casos contra Castillo, aunque también ahora haya desequilibrios por resolver.

Enorme paradoja: En el país de las informalidades galopantes la moralidad pública se estructura a partir de la ética del juicio y del castigo.

Pero escribo sobre una historia inacabada. Como toda historia, esta necesita un desenlace. Un final que sea, al mismo tiempo, un comienzo.

Queda en nuestras manos escribirlo.

El presidente, el antejuicio y los ministros

El domingo 21 de agosto la Fiscal de la Nación anunció que conforme concluya las investigaciones que ahora tiene abiertas contra el presidente Castillo presentará, en lo que corresponda, denuncias constitucionales que podrían referirse a él ante el Congreso de la República. 

En principio no encuentro que exista norma alguna en nuestro derecho que le impida hacerlo. Y si bien bajo las doctrinas que ya hemos abandonado el presidente no podía ser investigado durante su mandado, bajo las actuales, que permiten hacerlo, nada impide a la Subcomisión encargada de estos asuntos en el Congreso recibir esas denuncias e incluso proceder a calificarlas. Los procedimientos preliminares que ella tiene a su cargo no tienen porque depender de una eventual suspensión futura. 

Las reglas que permiten que la Subcomisión proceda son, desde mi punto de vista, exactamente las mismas que permiten a la fiscalía investigar al presidente durante su mandato. Lo que la Constitución prohíbe expresamente, lo único que ahora hemos pasado a reconocer que prohibe, es acusarle. Entonces, incluso en el marco del artículo 117 de la Constitución, en los términos en que está siendo leído entre nosotros ahora, la Subcomisión podría instalar el procedimiento preliminar que regula el reglamento del Congreso a pedido de la Fiscalia de la Nación contra el presidente Castillo. La discusión sobre los límites de este procedimiento solo debería plantearse una vez que la Subcomisión proponga a la Comisión Permanente acusarle, porque teóricamente podría también desestimar el caso, como puede hacerlo la propia Fiscal de la Nación. 

Bajo esta lectura de las cosas, solo cuando la Subcomisión termine su trabajo comenzará el debate sobre lo que corresponde hacer a la Comisión Permanente. Y esto si encuentra que los casos que le entregue la Fiscalía de la Nación contienen suficientes elementos para que por lo menos se declare que, en teoría, merecerían una acusación ante el Pleno.

Si bajo el artículo 117 de la Constitución corresponde suspender un procedimiento como este porque está prohibido acusar al presidente mientras dure su mandato, entonces esa decisión deberá ser tomada por la Comisión Permanente después que la Subcomisión se pronuncie, no antes.

En una columna publicada el domingo 21 en La República, Rosa María Palacios ha sostenido que, terminado el procedimiento preliminar de la Subcomisión, la Comisión Permanente podría incluso acusar a Castillo ante el Pleno del Congreso y este aprobar, de ser el caso, esa acusación para decidir si se le destituye o se le suspende y autorizar su procesamiento penal en forma. Sostiene que el Congreso, para acusarle, podría darle prevalecía a los deberes que dimanan de la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas por encima de la prohibición literal contenida en el artículo 117 de la Constitución. En una conversación que publicaré el sábado 27 de agosto, en el espacio que tengo en la revista La Ley (“En Coyuntura”), Rosa María reconoce, haciéndose cargo del peso de su conclusión, que una decisión de este tipo podría ser más sólida si viniera reforzada por una decisión del Tribunal Constitucional que habilitará exceptuar este caso de la prohibición que contiene el artículo 117. El Tribunal Constitucional, de hecho, podría intervenir en este asunto ya sea a pedido del Congreso, en el formato de un conflicto sobre competencias -esta es la vía que sugiere Rosa María- o con ocasión a cualquier pedido de la defensa de Castillo. Pero claro el Tribunal Constitucional también podría terminar concluyendo que aunque el procedimiento preliminar ante la Subcomisión pueda considerarse habilitado, la acusación no puede presentarse ante el Pleno por prohibición expresa del artículo 117. 

Victor García Toma, uno de los constitucionalistas que con más énfasis promueve la vacancia como ruta adecuada para esta crisis, opina que esta última debería ser la interpretación correcta de las cosas. En varias entrevistas, pero cito una que concedió a Omar Mariluz el martes 23, sostiene que en un caso como el que se desprendería de las denuncias que la Fiscal de la Nación podría presentar contra Castillo, la Comisión Permanente no podría acusarle precisamente porque el artículo 117 lo prohibe. Para Víctor el artículo 117 es una norma sobre la que no se puede pasar alegando la prevalencia del Convenio de Naciones Unidas sobre corrupción. Víctor recuerda que las controversias entre los tratados y la Constitución tienen un procedimiento de solución: En caso de incompatibilidades el tratado debe ser aprobado por el procedimiento de reforma a la Constitución, y eso no ha ocurrido en este caso. 

Pero notemos que la posición de Víctor no impide que la subcomisión instale el procedimiento. También si seguimos la pista de Víctor, sería la Comisión Permanente quien tendría que suspender el procedimiento, solo si encuentra que tiene un caso que merece ser presentado al Pleno del Congreso y concuerda con que el límite literalmente puesto por el 117 (“prohibido acusar”) debe mantenerse intacto, sin excepciones. De modo que por esta ruta llegamos al mismo punto: El debate sobre el destino final de estos casos -suspensión o no suspensión, es el dilema- debería plantearse una vez que la subcomisión del Congreso decida si ellos merecen una acusación constitucional o no.

La subcomisión, desde ambas lecturas de las cosas - la que defiende Rosa María y la que defiende Víctor- podrá proceder a iniciar su propio procedimiento preliminar si lo estima procedente.

Sin duda parece más sencillo optar por la prevalencia del convenio anticorrupción de la ONU sobre leyes de la república, como la que en principio prohibe la suspensión de las autoridades elegidas, que sobre la Constitución. A final de cuentas los tratados tienen entre nosotros rango legal y pueden por eso disputar de igual a igual su prevalencia ante una ley.  Pero prevalecer sobre la Constitución puede ser una cosa enteramente distinta. 

En cualquier caso, la cuestión que parece importante revisar en una escena entrampada como la que tenemos es el destino y el rendimiento de cada procedimiento que se impulse. Más allá de mis propias preferencias, la oposición, aunque insista en ello, no tiene como reunir los votos para declarar vacante la presidencia de la República. No tiene ningún interés en adelantar las elecciones generales y no tiene suficiente legitimidad para que su negativa en estos temas sea tomada colectivamente como se toman los casos cerrados1. Si predomina, como probablemente predomine, la teoría que he citado en boca de Víctor García Toma, conforme a la cual el techo de los casos que la Fiscalía de la Nación está preparando es una suspensión acordada por la Comisión Permanente, entonces el espacio que ocuparía el procedimiento ante la Subcomisión, que encuentro abierto, podría tener muy poco contenido. 

Salvo que se le llene de contenido por otra vía. 

Aunque jamás lo hayamos usado en este sentido, el artículo 128 de la Constitución, sobre la responsabilidad de los ministros de Estado,  puede cumplir aquí algún papel de importancia. Este artículo ha sido empleado para todos los casos en los que la responsabilidad de los ministros de Estado debe discutirse con ocasión a actos de gobierno que pasan por el Consejo; decisiones formales que se votan o refrendan. Pero dentro de este mismo artículo hay una fórmula adicional, la que aún no se ha empleado, que hace a los ministros política y, dice literalmente, “solidariamente” responsables por los delitos que cometa el presidente de la República durante su mandato, salvo que renuncien a consecuencia de esos delitos.

Encuentro enteramente posible que el Congreso inicie un caso bajo el 128 con ocasión a las denuncias constitucionales que, de proceder, plantee en adelante la Fiscal de la Nación por asuntos que involucren a Pedro Castillo. Después de todo el artículo 128 se refiere a responsabilidades políticas, no penales. Las responsabilidades políticas que adquieren los ministerio por delitos cometidos por el Presidente no forman casos de complicidad o coautora, porque para esos casos el 128 no es necesario, bastan por sí mismas las reglas del derecho penal. El artículo 128, en tanto norma vigente, solo puede funcionar como una norma de extensión de responsabilidades políticas que alcanza a quienes no son responsables penalmente por eventos propios o, como partícipes, por eventos atribuibles al presidente. Siendo así no habría para qué esperar en estos casos al desenlace final de los casos penales. La responsabilidad política es autónoma a la penal, no requiere, a decir de Francisco Eguiguren por ejemplo, un catálogo semejante al que se requiere para perseguir delitos, ni sentencias penales previas para proceder. Su confirmación tampoco tiene asignado el mismo estándar de prueba que se exige en casos penales.   

La discusión sobre los alcances del artículo 128 de la Constitución puede iniciarse entonces cuando la Fiscalía de la Nación presente sus casos.

En un intercambio breve, que sostuvimos el martes 23, Samuel Abad me decía que el artículo 128 es una norma antigua en su concepción; que no concuerda apropiadamente con el principio de culpabilidad, al que ahora se asigna rango constitucional y que regula toda forma de atribución de responsabilidad no patrimonial como basada en actos u omisiones reprochables al imputado. La norma, entonces -sigo citando a Samuel- debe reinterpretarse en su contenido y alcances en atención a los principios que organizan actualmente la forma democrática del Estado. De hecho Samuel considera que su subsistencia, en la redacción que ahora tiene, constituye uno de los indicadores más claros que justifican pensar en la necesidad de reformar de manera integral las normas constitucionales sobre el régimen político.

Pero aún con esos límites la norma existe. Y en consecuencia debe tener alguna utilidad práctica, aunque sea acotada. 

Regresamos con esto a la conversación que se publicará este sábado 27 de agosto, En Coyuntura, mi programa en La Ley, con Rosa María Palacios. En el intercambio que tuvimos notamos que frente al artículo 128 de la Constitución, en casos como los que están siendo investigados, y atendiendo al principio de culpabilidad que invocaba Samuel, hay tres grupos de ministros: (i) Los que ya están siendo investigados por eventos que les son propios, respecto a los que el 128 no agrega nada; (ii) Los que estuvieron al principio del gobierno, cuando los cargos contra Pedro Castillo aún no tenían una forma definida o estuvieron en el cargo muy poco tiempo para poder percibir lo que estaba ocurriendo, y (iii) al medio, los ministros que, sin ser autores de delitos propios y sin ser cómplices de los delitos de Castillo, eligieron, conociendo los testimonios y la evidencia reunida en su contra, respaldarle, defenderlo y acaso definir, usando sus cargos, estratagemas para protegerle o para bloquear de manera no delictiva las investigaciones en su contra.  

Una interpretación del artículo 128 basada en el principio de culpabilidad que reclama Samuel debería quedarse solo con el tercer grupo de ministros. Pero la delimitación que ensaya este esquema supone además que la línea que separa el momento en que los crímenes comenzaron a ser reconocibles, al punto de fundar un reproche político por mantenerse en el gabinete del aquel otro en que reconoceremos que no podían serlo. El principio de culpabilidad al que se refiere Samuel exige que la separación se haga caso por caso, en atención al momento en que cada quien estuvo en el cargo, al tipo de asuntos que tuvo entre manos y su proximidad y distancia con los incidentes que se han relacionado con la defensa personal de Castillo. En principio, encuentro que hay un antes y un después en esta historia que puede ser marcado en noviembre de 2021, cuando se halló en una diligencia de la fiscalía los US$ 20 mil que provocaron el despliegue del caso contra Bruno Pacheco, para entonces secretario de Castillo. Pero también hay distancias por áreas lejanas al impacto de ese hecho que merecen ser tomadas en cuenta: Ministerios como el de Relaciones Exteriores o el de Economía, para citar dos, parecen lejos del control o de la incidencia de estos eventos. La revisión minuciosa de las líneas de declaración de cada ministro en cada periodo y el modo en que pueden o no haber empleado su posición para respaldar la defensa personal de un Castillo cada vez más involucrado desde entonces en los crímenes que se le atribuyen debería convertirse en un factor decisivo para asignar responsabilidades posibles desde esta norma2.

Hay sin duda otras opciones para ensayar cortes objetivos de responsabilidad que permitan dar sentido a esta forma dentro del marco del principio de culpabilidad al que se refiere Samuel. De hecho hay criterios complementarios que pueden hacer más o menos intensa la responsabilidad a exigir. No tiene porqué ser lo mismo emplear un cargo ministerial para defender la posición personal de Castillo el día mismo del hallazgo de los US$ 20 mil que hacerlo cuando comenzó a declarar Karelim López, o después de la entrega de Samir Villaverde, o después que describieron las actividades de Jennifer Paredes y su entorno. Tampoco puede ser lo mismo haberse mantenido impasible en el gabinete que haberse mantenido en él intentando, con éxito o no, mantener estable un sector específico de la actividad pública a pesar del peso de la coyuntura. Y nada puede ser igualmente grave que haber contribuido a la separación del ministro Gonzales, o haber tenido alguna relación no delictiva con las fugas, dos de la cuales aún no están resueltas o haber contribuido a definir o a impulsar estratagemas de difamación o boicot a la acción de los órganos de investigación. 

El artículo 128 debería ser predefinido para funcionar como una norma de exigencia de responsabilidades políticas a quienes, no siendo responsables penalmente por los actos de Castillo, han usado sus cargos públicos para respaldar su defensa personal a pesar de la información pública que debió recomendar su neutralidad. 

De hecho esta crisis habría sido más simple de sobrellevar si los ministros de Estado, todos ellos, se hubieran dedicado a gobernar mientras Castillo atendía sus asuntos personales, en lugar de subordinarse a estos últimos. 

¿O me equivoco?

Las matemáticas de las cárceles

Publicado en la República el 21 de agosto de 2022 

De las cárceles nos preocupamos poco. Usualmente lo hacemos cuando hay un motín o cuando alguien que encontramos peligroso está por salir. Esta usual indiferencia ha generado un terreno complejo, sobrecargado de normas, reformas y sentencias difíciles de articular; tapones como los que se coloca en un artefacto que sabemos malogrado, pero que no tenemos interés en reemplazar. En el tiempo intermedio, el que transcurre entre motines y liberaciones difíciles de aceptar, abandonamos todos los debates que, aparecida otra crisis, retomamos con apuro.

Entonces no es sencillo discutir el caso Humala. Para comenzar, en abril de este año, en el Tribunal Constitucional, los señores Ferrero, Blume y Sardón, imposibles de relacionar a alguna maniobra proantaurista, se impusieron a la señora Ledesma y a los señores Espinoza y Canales para establecer que en estos asuntos, los que ese refieren al cálculo de condenas, es preciso emplear los criterios que dejen en la mejor posición posible a quien solicita salir de prisión, sea quien sea. Y esta es solo una de las muchas decisiones que hay que revisar antes de precipitarse a reclamar una medida de urgencia u otra.

Marisol Pérez Tello, una de las más importantes especialistas en cárceles, ha confirmado el viernes por la noche que, en su primera mirada, el cálculo hecho por el INPE en el caso Humala es correcto. Wilfredo Pedraza, otro indiscutible experto en estas materias, ha concluido lo mismo. José Luis Pérez Guadalupe, también una autoridad en cárceles, ha recordado que el cálculo de condenas no es lo mismo que la concesión de beneficios judiciales, que ofrecen otros márgenes de evaluación. Jorge del Castillo reclamó también el viernes que se confirme si los días de trabajo y estudio registrados por el INPE se cumplieron en realidad o no. Excelente pista para organizar la revisión final de las cosas, incluso con Humala en libertad. Pero si, confirmados los cálculos, la extraña matemática de descuentos que se usa en estos casos indica que la condena se ha cumplido, entonces se ha cumplido. Aunque no nos guste el resultado.

Detesto imaginar a Antauro Humala multiplicando las confusiones que ahora nos tienen atrapados. Me molesta que el anuncio de su liberación haya tenido que hacerse en el preciso momento en que Castillo y Torres muestran su absoluto interés en multiplicar de cualquier manera, prefectos y ronderos de por medio, la bajísima capacidad de movilización social que ambos exhiben. Si existe, como se dice, un pacto entre Virgilio Acuña, socio de Humala, y Castillo, salvo que medie una sorpresa (Humala anunciando que abandona la violencia), no dudo que la libertad de Antauro Humala será aprovechada para construir un radicalismo mercenario; uno que podría expandirse con la aquiescencia de Castillo. Tampoco dudo que ese radicalismo reclamaría su propia cuota de participación en las ganancias por obras que, según la Fiscalía, distribuyen Castillo y su entorno. Como no dudo que, a la larga, ese radicalismo se desprendería de Castillo, si no se vuelve pronto contra él.

En cualquier caso, quedan abiertas las cuestiones sobre cárceles y aquellas otras vinculadas al tablero en que Castillo confronta a quienes queremos que se vaya (por mi parte, junto al Congreso). Pero también queda abierta una cuestión que compete a las fiscalías: hay personas indiscutiblemente peligrosas que salen de las cárceles para recuperar la posición criminal que perdieron. Frente a ellas las fiscalías deberían poder desplegar procedimientos de vigilancia bajo control judicial que actualmente no tenemos y nos hacen falta.

El reto sigue siendo buscar cierto equilibrio en medio de tanto desorden innecesariamente multiplicado.

Castillo y el clientelismo

Aunque el proceso haya sido progresivo y a ratos invisible, el sistema político actual premia a quien consigue a cualquier costo fondos para obras públicas que funcionan como canales de distribución de ganancias. De ahí resulta una alta cuota de tolerancia a prácticas corruptas. Más allá del discurso formal de las élites, hay un sector de la sociedad al que no le asombra ni molesta que Castillo entrometa a su familia y a sus amigos en asuntos públicos, si ello significa que al hacerlo abre canales para que actores no tradicionales se beneficien con las ganancias que esas obras generan. En un fuero no tan interno, estos sectores esperarían que sus representantes hagan lo mismo a su favor en algún momento. Son por cierto sectores que no solo eligen y votan, sino que además sostienen candidaturas basadas en esa aspiración.

Temo que en una sociedad cuyo nivel de informalidad supera el 75%, midiéndola desde el empleo, la indiferencia hacia la forma de hacer las cosas de Castillo puede no ser indiferencia; puede ser aquiescencia o incluso puede representar una aspiración. Para confirmarlo nos va a bastar esperar al resultado de las elecciones regionales y municipales que vienen. Porque aunque no abunda información sobre el proceso, es posible que la matriz de la oferta electoral presente sea muy semejante a la que determinó los resultados del 21.

Contra lo que esperaba De Soto en los ´80, la informalidad no ha originado solamente un sector de pujantes emprendedores que cual pioneros en el desierto originen, bajo las invisibles manos del mercado, una masiva demanda por títulos de propiedad y acceso al sistema financiero. Los emprendedores pioneros existen, claro, pero han crecido al costado de varios colectivos de empresarios que se han movido en ambientes marcados por la violencia o la corrupción. Ahí están el tráfico de tierras invadidas, la extracción no autorizada de oro o madera, el transporte informal y un largo etcétera. Estos sectores, en los que la acumulación de capital parece innegable, no aspiran al sueño de la formalización. Parecen aspirar más bien a establecer esquemas políticos defensivos que sostengan su expansión en las condiciones presentes, libres de cambios institucionales y de cualquier forma de supervisión pública. Y para construir esos esquemas tienen la enorme y curiosa ventaja de haber crecido todos estos años bajo la sombra de una casi absoluta invisibilidad.  

Estos sectores  clientelistas, a los que Castillo representa bastante bien, parecen dispuestos a defender el estado de cosas que ha definido su posición de influencia a cualquier costo.

Ahí está el espacio en que Castillo articula su cuota de resistencia en lo que, sin embargo, sigue siendo una lenta y sostenida caída.

Notas a partir de los casos Castillo

Publicado en la web de IDEHPUCP, el 17 de agosto de 2022

https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/notas-a-partir-de-los-casos-castillo/

No deja de deslumbrarme una frase que Mauricio Zavaleta propuso en junio de 2021 en una columna que escribió para El Comercio: “el consenso del 2000 se agotó y ya no alumbra”, dijo. Ahí hay una primera pista para entender dónde estamos. Ha terminado el ciclo institucional que se instaló con la transición de Valentín Paniagua. Estamos en medio de una transición hacia no sabemos dónde. El vacío que se abre con eso tiene una serie de dimensiones. Pero entre ellas destaca aquella que ha hecho posible que Pedro Castillo llegue a la presidencia y haga a partir de ella lo que está haciendo.

El ciclo que ha terminado nació con un discurso oficial anticorrupción que las revelaciones de Odebrecht desmitificaron. Esa confianza parece ahora producto de una ingenuidad burlada. Después de Valentín Paniagua la presidencia de la república ha seguido siendo entre nosotros lo que parece haber sido a lo largo de toda la historia de la república: un espacio en el que los asuntos públicos se entremezclan con negocios e intereses privados. Lo nuevo ha sido que, en paralelo, en relativo silencio y sin que se note, el periodo abrió espacio para el progresivo crecimiento de una serie de colectivos locales y regionales que encontraron que la política podía funcionar como un espacio para tomar el control de los fondos distribuidos desde el gobierno central a las regiones, provincias y distritos para obras públicas. 

Progresivamente esos sectores se encontraron con otros que, desde las economías informales, crecieron lo suficiente como para necesitar protección política. Por ejemplo, los mineros ilegales, los transportistas informales y los dueños de universidades que no pudieron licenciarse. La informalidad del entorno en que se mueven coloca a estos sectores por debajo del radar de las prohibiciones de financiamiento irregular de la política aprobadas en agosto de 2019. Juntos, y desde la semiclandestinidad, estos sectores han horadado el espacio que el consenso del 2000 creyó reservado para los partidos políticos en forma, hasta devorarlo. En este proceso, la representación ha sido progresivamente fagocitada por la gestión abierta de intereses privados, hasta ser sustituida casi por completo.

Parece claro ahora que la eclosión definitiva del sistema se produjo con la elección del Congreso corto del 2020. En el 2019, cuando Vizcarra cerró el Congreso elegido en el 2016, nadie predijo el extremo hasta el que se adelgazaría la representación a partir del siguiente ciclo. El sentido del proceso solo quedó en evidencia en noviembre de 2020, cuando la mayoría intentó imponer a Merino como presidente de la República. De varias maneras la elección de Castillo en 2021 proviene de la misma tendencia. Castillo era originalmente solo un pretexto de Perú Libre para colocar congresistas en un parlamento que se ha convertido en un canal de simple gestión de proyectos y transferencias presupuestarias para obras. Colocado en la presidencia, la desviación se convirtió en regla.

Castillo proviene de un grupo de interés en particular, el de los maestros que quieren arrancarle al SUTEP el control de la Derrama Magisterial. Con ocasión de la campaña su entorno se amplió para incorporar a los compatriotas que le donaron fondos, a los que en enero de 2022 reconoció haber recibido en Sarratea (H13); quizá son los mismos que aparecen en los fragmentos de las declaraciones de Pacheco y Villaverde que llegan a medios cada tanto. Contribuciones a la campaña contra puestos públicos y negocios. De ahí a la abundancia de casos que están apareciendo –seis al cerrar estas notas– en solo un año de gobierno. La lista está aún abierta, pero la rapacidad es ya evidente.

Los casos Castillo ponen en evidencia que el cáncer que enfrentamos ha hecho metástasis. La forma en que la corrupción nos impregna no a va cesar solo sacando a Castillo del gobierno, sea cual sea la vía por la que salga. Castillo representa una forma de aproximarse a la política. Y esa forma de aproximarse a la política se puede estar reproduciendo ahora mismo en la renovación de autoridades regionales y locales que se avecina. De hecho, la oferta electoral que tenemos delante parece formada sin solución de continuidad con el proceso que desembocó en las elecciones generales de 2021. El riesgo de estarnos transfundiendo sangre ya envenenada es, entonces, muy alto. Aunque resulte la salida más segura de la crisis, también existe el riesgo de anticipar las elecciones generales solamente para reproducir el mismo esquema o de reabrir el Senado únicamente para elevar de rango este tráfico generalizado de influencia.

Estamos atrapados en un ambiente impregnado por el clientelismo y la corrupción. En este entorno Castillo es solamente nuestro problema más urgente, no el único. Salir de Castillo sería solamente el evento con el que debemos fijar los fundamentos para empezar de nuevo sin caer en lo mismo.