Réquiem por Eva

Réquiem por Eva

César Azabache Caracciolo

Todas las personas tenemos derecho a que se nos explique con anticipación  suficiente porqué una fiscalía pretende que se nos declare responsables por un delito. Tenemos derecho a que se desestime sin necesidad de un juicio toda acusación presentada en nuestra contra sin fundamentos. Tenemos derecho a que cualquier juicio que prospere dure el tiempo estrictamente necesario para que se despejen las sospechas que puedan haber justificado la acusación. Y tenemos derecho a que se prohiba volver a acusarnos si un primer internto de llevarnos a juicio fracasa. Si estos es así ¿porqué nos cuesta tanto poner punto final a nuestros casos legales?

Siento el mayor respeto por los jueces de nuestra Corte Suprema. Pero nuestra Corte Suprema acaba de decidir que una persona, Eva Bracamonte, debe ir nuevamente a juicio para que se discuta por segunda vez una acusación que no cumple un requisito fundamental establecido en los fundamentos del sistema legal: La claridad. Para que una persona sea acusada como responsable de un delito se necesita más que una posibilidad teórica o una especulación: Se necesita una narración convincente apoyada en evidencias que puedan ser comprendidas y discutidas por los demás. Sabemos que Trujillo Ospina asesinó a Miriam Fefer. No sabemos quien le encargó hacerlo. Ese vacío muestra sin duda enormes debilidades de nuestro sistema legal, incapaz hasta ahora de organizar un solo caso importante sobre los consumidores de mercados clandestinos, como el sicariato. Pero Bracamonte Fefer no tiene porqué pagar las consecuencias de nuestras incapacidades colectivas. No tenemos una narración convincente, apoyada en evidencias, que justifique mantener en juicio a Eva Bracamonte. La acusación presentada en su contra no la ofrece. La condena que se ha anulado tampoco. En consecuencia deberíamos cerrar el procedimiento. Pero en cambio a Corte Suprema, en lugar de poner punto final a esta historia, acaba de reenviar el caso a un juicio en el que no hay nada, absolutamente nada, que merezca un debate público.

¿Alguien nos ha ofrecido un relato serio y mínimamente documentado de la forma en que una joven de menos de 25 años puede haber terminado reclutando un sicario para asesinar a su madre? ¿qué en concreto y claramente hizo esta joven para que na fiscalía adquiera el derecho de llevarla a un juicio por algo tan serio como la muerte de su madre? Creo que como sociedad no podemos seguir permitiendo  que se lleve a juicio a personas como a Eva Bracomente (o cualquier otra en circunstancias semejantes) sin que se haya cumplido el requisito mínimo de presentar en su contra un caso claro y convincente. Los juicios penales no son coartadas para ocultar nuestras deficiencias colectivas.

Si el Tribunal que debe recibir este caso decide mostrarnos a todos que la justicia es posible, deberá devolver los antecedentes a la Fiscalía para que aclare las razones por las que ha acusado a Eva Bracamonte por la muerte de su madre. Una fiscalía escrupulosa debería reconocer que las investigaciones que se han hecho hasta ahora no ofrecen una razón convincente para insistir en esa acusación. Una fiscalía responsable debería solicitar la conclusión del procedimiento sin un nuevo juicio.

Por ese camino no lograremos reparar el daño que se ha hecho a Bracamonte en este caso. Pero por lo menos, no la dañaremos más. Y ese es el mínimo moral que todos le debemos a una persona inocente. 

El silencio de Trujillo Ospina

El Silencio de Trujillo Ospina

Por: César Azabache Caracciolo

Hay un aspecto en la dramática historia que encierra el caso del asesinato de Myriam Fefer que lo convierte en un evento decisivo en términos de moral pública. El individuo que asesinó a la empresaria está identificado más allá de toda duda y ha sido condenado por el crimen que cometió. Pero la evidencia que confirma su responsabilidad es tan abrumadora y la información sobre sus móviles tan precaria que nadie se ha sentido satisfecho con que esté condenado. Y el caso ha girado hasta convertirse en en una indagación de la persona que le encargó el crimen.

La pregunta sobre el encargo de un homicidio es muy importante. De hecho, obedece a la misma incógnita que llevó a sus límites la investigación del Caso BTR. El sicariato, como la interceptación teléfónica y la pornografia infantil, supone la venta clandestina de servicios t productos aberrantes a consumidores que hacen esfuerzos notables por mantenerse en el anonimato. Una intervención ordenada en estos mercados implica sin duda atacar la oferta, pero también desestimular la demanda que la constituye. Si no queremos que el sicariato se convierta en un recurso habitual en nuestro medio, entonces tenemos que aprender a identificar a quienes encargan homicidios. En una sociedad parcialmente desarticulada los ofertantes de servicios clandestinos son fungibles. Los consumidores e intermediarios no.

Comparemos las declaraciones de los condenados por el Caso BTR y las de Trujillo Ospina. Un profesional del crimen no revela la identidad de su cliente ni de su intermediario. Al mantenerse en silencio confirma al mercado que las condiciones para efectuar transacciones clandestinas siguen siendo estables. Los mercados clandestinos no admiten delaciones. Clientes e intermediarios son más fáciles de identificar para cuando se detecta un crimen en preparación que cuando se enfrenta uno ya consumado. Cuando el crimen ya se ha cometido, el circuito de relación entre el cliente y el proveedor se interrumpe. Las evidencias de la escena del crimen conducen al perpetrador, pero difícilmente al circuito clandestino que se tejió a su alrededor.

En el Caso Fefer la identificación de Trujillo Ospina fue casi un producto de la suerte. No se le encontró por una investigación sigilosa y minuciosa, sino que su nombre prácticamente llegó del aire a las manos de las autoridades. Que las autoridades se hayan formado expectativas de identificar a sus clientes a partir de una captura de ese tipo era, desde el principio, demasiado. Y de hecho las investigaciones que se desarrollaron a aprtir de entonces no han arrojado ninguna evidencia concluyente sobre la identidad de un probable cliente ni sobre las condiciones e que se pactó el servicio. Intentar completar la evidencia imposible con conjeturas no resulta, en un caso como éste, aceptable. En estos casos, en lugar de crear un contraincentivo, decisiones judiciales inciertas como la condena a Bracamonte Fefer alientan el consumo. Para un hipotético consumidor de homicidios saber que el sistema se equivoca es tan importante como confirmar su indiferencia.

Trujillo Ospina está condenado. No tiene sentido pretender llevar el Caso Fefer, tal como está edificado, más allá de la condena del preptrador del crimen. Aunque sin duda queda aún mucho por hacer si de lo que se trata es de contener el avance de un mercado que parece decidido a instalarse en nuestro medio.