Comienza el ciclo de recambio político. Los periodos presidenciales duran cinco años y el actual corre desde que Pedro Castillo asumió la presidencia, no desde que cayó por mano propia en DIC-22. Habrá elecciones a más tardar en JUL-26 y Boluarte no puede cambiar eso. Su fecha máxima de expiración se acerca. Y en el camino la escena está expuesta a cambios.
Que el ciclo termine en JUL-26, que estemos en la segunda mitad del quinquenio, significa que las candidaturas a las elecciones siguientes comenzarán ya a perfilarse. Armar una candidatura no es cosa de un día. Por eso, la mitad del quinquenio marca el inicio del proceso de recambio político. Esto, de hecho, ya ha empezado y podría convertir a la coalición que ahora respalda a Boluarte en diáspora.
Si en algún momento la política, incluso la nuestra, se ve obligada a mirar hacia el futuro, aunque sea el futuro inmediato, el del corto plazo, ese momento es este.
Carlos Melendez me decía hace unos días que la proximidad de las elecciones puede acelerar cualquier proceso político (LR; 25/10/23). El nuestro es uno disruptivo, que se mueve por identidades negativas, por el predominio de los ‘anti’ a los que Carlos se ha referido tantas veces. En este último tramo, los ‘anti’ más influyentes han sido los ‘antirreformas’, los que asumen que cualquier refuerzo a los aparatos de regulación del Estado es ‘caviar’ y por ende debe ser demolido o anatemizado.
La coalición que empieza a resquebrajarse es una antirreformas. Y esta condición va a poner a sus integrantes, en las elecciones que vienen, ante un enorme dilema: ofrecer al electorado soluciones consistentes en asuntos de interés público que inevitablemente requieren reformas, siendo ellos, por definición, antirreformistas.
El primer movimiento en dirección a poner de nuevo sobre la mesa la necesidad de discutir reformas consistentes se ha instalado entre nosotros hace poco, a partir de la demanda de seguridad frente al crimen violento. La coalición en el Gobierno no ha podido ofrecer soluciones convincentes en esta área. Los estados de emergencia en algunas ciudades, la elevación teórica de las penas inaplicables a delitos violentos o la militarización de las calles, lanzados al debate sin planes que puedan ser medidos con base en resultados, representan solo reacciones retóricas impulsivas.
Imposible abordar los problemas de la delincuencia violenta sin introducir reformas en la Policía Nacional, en los cuerpos de serenos, en el sistema de protección a personas expuestas a la violencia y en el sistema penitenciario, para enumerar solo las áreas más urgentes.
Carlos sostiene que ahora, en la mitad del quinquenio, el eje de la política se está instalando en la recesión. Aquí el dilema se profundiza, porque enfrentar la recesión requiere, entre otras cosas, reforzar los aparatos de regulación del Estado: reformas y políticas públicas consistentes, medibles. Reformas en los sistemas de promoción a la inversión privada y al empleo y protección a sectores vulnerables, para empezar. La coalición ‘antirreformas’ nos pondrá en riesgo extremo si pretende abordar los efectos de la recesión con un discurso retórico como el que ha estrenado en seguridad ciudadana.
No veo cómo los empresarios, grandes, medianos o pequeños, en teoría el público objetivo de la coalición, estén dispuestos a admitir una retórica superficial como está en materia de recesión.
El Gobierno se ha convertido por esfuerzo propio en candidato perfecto para pagar la factura política que generan la falta de seguridad y la recesión. El fujimorismo y las franquicias políticas que integran la coalición necesitarán abandonar el barco en breve.
La coalición, entonces, se convertirá en diáspora.
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