La adenda de Chinchero

LA INVESTIGACIÓN AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

AEROPUERTO EN EL CUSCO

La adenda de Chinchero

En febrero de este año el procurador Eugenio Rivera, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pidió a la fiscalía establecer en qué circunstancias se firmó el contrato de julio del 2014 que regula la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco. La construcción debió comenzar a finales del 2015, pero quedó en suspenso. El gobierno actual anunció que destrabaría el proyecto y, en febrero, firmó un nuevo acuerdo –la adenda– para relanzarlo. Al justificar su decisión, primer error, el gobierno culpó al contrato original por el impasse. En un exceso por respaldar esta teoría, segundo error, el procurador Rivera pidió que intervenga la fiscalía. Pero en marzo el procurador anticorrupción Amado Enco solicitó que se investigue más bien si el delito se esconde detrás del último acuerdo. Tercer error, desde mi punto de vista.

Yo no veo en esta parte de la historia delito alguno que investigar. Encuentro, sí, una diferencia dramática entre el modo en que la administración anterior y la actual han abordado esta cuestión. Este proyecto se paralizó a finales del 2015 por un impasse creado por el constructor, que decidió arriesgar el acuerdo original a cambio de mejorar las condiciones financieras que había obtenido. La elección entre seguirle la pista o plantarse y resolver el acuerdo es precisamente eso, una elección.

Un gobierno responsable debe poner en blanco y negro la ecuación de prioridades e intereses con la que enfrenta este tipo de desafíos. Pero las diferencias que podamos tener en estos asuntos no justifican que, forzando las cosas, convirtamos estas elecciones en delitos.

Repasemos los hechos: En abril del 2014 Kuntur Wasi ganó el concurso convocado por Pro Inversión para este proyecto. Para ganar, anunció que solo necesitaría US$265 de los US$457 millones que el Estado ofreció, además de la concesión del aeropuerto, para construir la obra. Los demás concursantes pidieron más dinero, por cierto. El costo de la obra está estimado en US$508 millones. La idea del acuerdo era que Kuntur Wasi obtuviera esos fondos del mercado financiero para compensarse con el fondo de US$265 y la concesión una vez que entregara la obra. Pero al momento de definir las condiciones financieras del proyecto, el constructor optó por pedir que el Estado asuma, además, los intereses del proyecto: US$560 millones, más del doble de lo que anunciaron que necesitarían y más del máximo que el Estado había puesto como su límite de inversión al llamar a concurso.

La administración anterior “se plantó” en los límites fijados por las bases del concurso y el proyecto quedó trabado. La administración actual abordó el problema de otra forma. Para ella, la paralización o el aplazamiento de la obra representa un costo mayor al valor que se obtiene por mantener inamovibles las condiciones originales del acuerdo. Entonces la adenda, en realidad, es el resultado de una transacción: el constructor renuncia a seguir reclamando los intereses y comienza con la obra y a cambio el gobierno acepta adelantar el fondo que debía aportar en cinco años.

Pero encontrar justificada o no la adenda resulta de la manera en que abordemos la siguiente pregunta: ¿Traer los US$265 millones a valor presente –sin duda una pérdida– cuesta o no menos que mantener el entrampamiento o volver a licitar la obra? Es evidente que el gobierno actual estima que el costo del acuerdo es menor al que asigna al entrampamiento. Y lo estima menor al extremo que la adenda no ha modificado las condiciones de la concesión.

Opinable, sin duda. Pero las cosas opinables no son suficientes para buscar un delito. 

Por lo demás, sí encuentro sentido en investigar los negocios colaterales que se pueden estar organizando, o que ya podrían haberse hecho alrededor del proyecto. Aparentemente, antes del concurso el gobierno regional del Cusco compró las tierras sobre las que se construirá el aeropuerto por US$70 millones, más de US$200.000 por hectárea. El valor por hectárea agrícola en áreas de expansión urbana en Ica o Trujillo oscila entre los US$40.000 y los US$70.000. La diferencia es enorme. ¿Cómo se calculó y a manos de quién llegaron estos fondos? Además, el predio en que se aloja el actual aeropuerto Velasco Astete tiene 2,4 millones de metros cuadrados en una zona en que el metro cuadrado vale entre US$1.000 y US$1.400 ¿Quién es el propietario actual de esta área y quien maneja el proyecto urbano que aparentemente se prepara para el momento en que el aeropuerto se traslade a Chinchero?

A veces los fraudes no están debajo de la alfombra. A veces se esconden, como los ácaros, en los espacios vacíos del tejido que la sostiene. 

Publicado en El Comercio el lunes 24 de abril de 2017

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